Con concentraciones en todo el país, organizaciones en defensa del uso del cannabis realizaron la Marcha Nacional de la Marihuana. La policía de la Ciudad reprimió en el acto frente al Congreso.
«Ya fue, yo me animo». Silvia lo recuerda como un salto al vacío. El cannabis era, para ella, “mala palabra”. Pero Milena, su hija de 10 años con epilepsia refractaria, tenía cien convulsiones al día. Resistía los antiepilépticos y su vida giraba en torno a 50 pastillas diarias. Nada funcionaba. Milena estaba ausente, atrapada en un cuerpo que parecía no darle tregua. Desesperada, Silvia comenzó a probar aceite de cannabis. El cambio fue radical: “Recuperó la sonrisa. Hoy lleva una vida bastante normal”. La medicación se redujo, su aprendizaje mejoró, y su calidad de vida se transformó.
En Mamás Cannabis Medicinal (MACAME), Silvia encontró comunidad y propósito. Allí, madres como Laura, que también vio mejoras en su hija con daño cerebral, luchan por un tratamiento digno: “Nuestros hijos viven hoy, no tienen todo el tiempo del mundo”.
Pero el camino está lleno de barreras. La ley 27.350 (de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados) no alcanza: hay un recrudecimiento de la criminalización de usuarios y cultivadores, se imponen nuevas restricciones al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) y el sistema de salud pública enfrenta un ajuste brutal que limita aún más el acceso a tratamientos esenciales.
Energía para reclamar y atropellos policiales
E viernes último, a partir de las 14, tuvo lugar la Marcha Nacional de la Marihuana, una de las principales jornadas anuales de lucha de las organizaciones y usuarios cannábicos, que se celebró en 18 localidades del país. La concentración principal se desarrolló frente al Congreso de la Nación, donde se presentó una carta dirigida a Javier Milei. El evento contó con música en vivo, bandas y exposiciones de emprendedores cannábicos. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la represión de la Policía de la Ciudad, bajo la gestión de Jorge Macri.
Según explicaron desde la organización, estaban a la espera de la confirmación del permiso por parte de la Ciudad. Indicaron que, ante la falta de respuesta, la ley establece el «silencio positivo», lo que les habilitaba a realizar la manifestación. Sin embargo, la policía sostuvo que esta normativa no era aplicable. Poco después, arribaron efectivos de la Policía Federal junto con personal de Espacios Públicos, quienes impidieron que se montara cualquier estructura y reprimieron a los asistentes.
Pamela Kaiser, integrante de la mesa organizadora de la marcha, relató: «Cómo el sol estaba muy fuerte y había chicos y personas con capacidades reducidas, decidimos armar un gazebo para resguardarnos. En ese momento, la policía comenzó a rodearnos y agredieron a una compañera, yo me metí a defenderla y me agarraron entre seis policías. Hay compañeras con golpes y moretones».
«Nos están atropellando otra vez, no nos dejan marchar. Es la primera vez en quince años que pasa algo así. Siempre hemos marchado pacíficamente, sin buscar alterar nada. Solo defendemos la salud y nuestros derechos”, expresó Rodrigo Ezek, vendedor de productos cannábicos, visiblemente indignado ante la situación.
Tras el impedimento de la policía para montar el escenario, la concentración se trasladó al centro de la plaza del Congreso. Allí, la energía no se apagó: la movilización la lideró una banda murguera al ritmo de trompetas, bombos y redoblantes. Con banderas, carteles y ganas de cantar, los manifestantes se hicieron escuchar en la plaza: “Yo no soy un delincuente, yo no soy un criminal, yo cultivo marihuana, no más presos por plantar”.
El Estado tiene que dar respuestas
“Estuve presa dos años por cultivo de cannabis”, relata Mariela Escopeta, de 61 años. Su nieto de siete años padece síndrome de Tourette, y su salud mejoró desde que consume el aceite de la planta. “Perdí dos años de mi vida y pasé un montón de cosas horribles. Igual que yo hay muchos compañeros y compañeras, no tiene que haber más presos por cultivar marihuana”, denuncia.
Este año, la marcha coincidió con el Día del Cannabis Medicinal y con un momento clave: el 35° aniversario de la sanción de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, que, según se denuncia en la carta entregada al Presidente, «lejos de proteger la salud pública, ha generado un aumento del narcotráfico y un alto costo económico, social y político para el país». La carta también señala que la ley «criminaliza el consumo y cultivo de marihuana, y ha perpetuado la discriminación y estigmatización de los usuarios, especialmente en sectores vulnerables como jóvenes de barrios populares, población trans, LGTBIQ+ y, particularmente, las mujeres cannábicas, quienes enfrentan una mayor persecución judicial».
El REPROCANN: ¿qué cambió?
El REPROCANN es una base de datos creada para registrar a las personas que cumplen con los requisitos para acceder a un cultivo controlado de cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor.
Sin embargo, un gran obstáculo que enfrentan quienes buscan utilizar cannabis medicinal es el retraso en la aprobación de las solicitudes. Según la revista especializada Mate, actualmente se reciben aproximadamente 1.000 solicitudes diarias, pero estas son revisadas por solo dos personas. Este colapso se debe al desmantelamiento de los organismos del Estado y a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. En total, hay más de 100.000 solicitudes esperando aprobación o renovación, ya que el permiso otorgado tiene una vigencia de tres años. Los plazos de espera son extremadamente largos, y la situación se ha agravado desde principios de año, cuando el gobierno anunció la «revisión» y «auditoría» del REPROCANN. Como resultado, se han judicializado cientos de solicitudes, muchas de las cuales han obtenido fallos favorables para los pacientes.
La resolución 3132/24
El 16 de agosto se publicó en el Boletín Oficial la resolución 3132/2024 del Ministerio de Salud, que introduce modificaciones a la resolución anterior del REPROCANN, con el objetivo de restringir el acceso al cannabis medicinal.
Las modificaciones principales afectan a los cultivadores solidarios y las ONG, actores clave en el acceso al cannabis medicinal, ya que proporcionan la planta o sus derivados a pacientes que no pueden o no quieren cultivar por sí mismos, o que no pueden acceder a productos importados. La resolución establece que los miembros de la comisión directiva de las ONG no podrán tener antecedentes penales relacionados con el uso de estupefacientes o el uso indebido del cannabis medicinal. Este es un atropello, ya que muchas de estas organizaciones están compuestas por militantes del movimiento cannábico, que históricamente han sido víctimas de la legislación punitiva sobre drogas. Otra de las modificaciones apunta a los médicos, quienes ahora deberán cumplir con dos requisitos excluyentes: estar inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps) y contar con un certificado de una “Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta de Cannabis”. Esta última exigencia resulta problemática, ya que en Argentina esos cursos son de pago, en un contexto de crisis presupuestaria en las universidades públicas, también afectadas por la política de ajuste del gobierno de Milei. Estas medidas buscan limitar la cantidad de profesionales habilitados para prescribir cannabis medicinal.