Organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron en una audiencia de la CIDH el desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. El gobierno se justificó con la crisis económica y volvió a hablar de «memoria completa».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicó tres audiencias este jueves 14 de noviembre para analizar la situación en la que se encuentra el país a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei. Diferentes organismos de derechos humanos denunciaron que el gobierno está poniendo un freno a las políticas de memoria, verdad y justicia, a políticas sociales y de género.
A partir de las 13, expusieron referentes de distintas organizaciones vinculadas a la economía popular bajo el título “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”. Luego se llevó a cabo la segunda audiencia, “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”. La última fue sobre “Impacto en las políticas de memoria, verdad y justicia en los derechos humanos en Argentina”. Es un hecho inédito que la CIDH haya concedido tres audiencias para un mismo día a un mismo país. En el caso de la última, el encuentro ante la comisión fue híbrido, por lo que los organismos peticionantes Abuelas y Madre de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el CELS y Memoria Abierta, invitaron a la sociedad civil en la Ciudad de Buenos Aires a presenciar la audiencia de manera remota: “Es un gran honor estar nuevamente frente a esta Comisión pero también una gran tristeza”, inició Estela de Carlotto ante la Comisión.
Con una cámara apuntando hacia un auditorio lleno desde la Casa por la Identidad en la ex ESMA, Estela y Taty Almeida participaron de la tercera audiencia conectadas por videollamada a Washington. Del otro lado, estaban representando a la sociedad civil Claudia Poblete, nieta restituida y miembro de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo; Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico de la misma organización, Verónica Torras, miembro de Memoria Abierta, Paula Litvachky del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Martín Kohan, escritor y docente universitario. Desde Buenos Aires también acompañaron como expositores Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital, y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Los primeros veinte minutos de la audiencia fueron dedicados a la exposición de la sociedad civil. Estela continuó: “Fuimos por primera vez a pedir vuestra ayuda cuando en nuestro país nos cerraron todas las puertas y negaban las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras fue fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy con 94 años de edad a pedir una vez más vuestra ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos”.
“Fuimos por primera vez a pedir vuestra ayuda cuando en nuestro país nos cerraron todas las puertas y negaban las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras fue fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy con 94 años de edad a pedir una vez más vuestra ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos”, declaró Carlotto.
Claudia Poblete, desde Washington continuó: “Desde marzo, la Secretaría de Derechos Humanos ha puesto en riesgo la continuidad de diversos programas de memoria, verdad y justicia. Ha venido realizando despidos que afectaron principalmente a la dirección de sitios y espacios de memoria” Y denunció: “En agosto se despidió a abogados que sostenían las querellas institucionales en casos por crímenes de lesa humanidad en distintas provincias y en septiembre la gestión del Ministerio de Justicia anunció la discontinuidad de un régimen de contratación que abarca al 48% de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Las autoridades comunicaron que para fines de diciembre serían desvinculados”.
Luego de la exposición de los peticionarios por parte de la sociedad civil, le correspondió defenderse durante otros veinte minutos al Estado Argentino, encabezado por la embajadora ante la OEA Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía. Le siguió Juan Battaleme, Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación que comentó: “La catástrofe financiera en la que esta administración recibió al país, impulsó la urgente necesidad de un Estado más eficiente. Nuestro presidente, Javier Milei, lidera una política de reestructuración y modernización del Estado, no se trata de una decisión meramente administrativa”. También tomó la palabra Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación quien manifestó que los organismos de derechos humanos “se consideran dueños del relato, pero la memoria es para todas las víctimas sin excusas ni banderas. Con las señoras que hoy participaron de la audiencia por video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido, pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan sido víctimas pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Las causas por delitos de lesa humanidad continúan su curso habitual”.
Siete minutos fueron dados también al representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Jan Jarab, que expuso: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar”. Jarab trajo a colación el Artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece la obligación del Estado de investigar y castigar las violaciones de derechos humanos y de luchar contra la impunidad por estos delitos. Además, resaltó la preocupación por la reciente derogación del decreto 715/2004 que creó la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños. La misma fue creada para garantizar apoyo operativo a las tareas realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi).
Seguido a esto, Baños interrumpió al presidente de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, para manifestar su “sorpresa y estupor por la participación de este señor de las Naciones Unidas, no avisada ni informada y como si tuviera una verdad que le ha sido transmitida. ¿Con qué derecho viene a cuestionar las políticas públicas de la República Argentina?”. Se le comentó al secretario que en la carta de convocatoria enviada el 30 de septiembre se le solicitaba al Estado argentino que entrara al sitio web de la CIDH donde figuraba la información sobre posibles intervenciones de otros organismos internacionales. Así mismo, desde mediados de octubre, habían actualizado los datos que referían a la representación de la ONU en la exposición.
“La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar”, subrayó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
La audiencia continuó con tensión, por el tiempo de interrupción utilizado por el Secretario de Derechos Humanos argentino. Luego fue el turno de la propia CIDH donde en 20 minutos realizó una serie de preguntas tanto a la sociedad civil como al Estado argentino que fueron respondidas en los tiempos asignados para cada una de las partes. Durante el cierre de la sociedad civil, Taty Almeida declaró: “Hoy sentimos que nuestra labor está siendo agredida por un gobierno que no cree en los derechos humanos. Por eso les pedimos por favor que vengan a escucharnos a nuestro país para que puedan comprobar en persona todo lo que hemos dicho. Para que ustedes comprueben personalmente que todo lo que hemos denunciado es pura y exclusivamente la verdad”.
El Estado argentino cerró con las declaraciones de Juan Battaleme y Alberto Baños pidiendo por “memoria completa” y solicitando a la Comisión Interamericana que esté a la altura de sus precedentes.
Después de una hora y 45 minutos de audiencia, pasados 15 minutos debido a las interrupciones de Baños en la sesión, se otorgó a Estela de Carlotto la posibilidad de un cierre: “Por todo esto, le pedimos al Gobierno que abandone el camino de la destrucción y se sume a la senda de la construcción colectiva, de un país que durante más de 40 años de democracia ha sido ejemplo para el mundo”. Al final de la transmisión, los aplausos contenidos durante toda la audiencia estallaron en la Casa por la Identidad. Los referentes de las diferentes organizaciones sociales reunidas en la Casa por la Identidad se acercaron a Taty y Estela para saludarlas y abrazarlas. Luego salieron todos y todas a la puerta a hacer una foto final.
Entre las organizaciones presentes estaban los organismos peticionantes, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Nietes. También acompañaron los rectores de la Universidad Nacional de Lanús, Moreno y Quilmes junto con el Consejo Interuniversitario Nacional. Se contó con la participación de los centros de estudiantes de la facultades de Exactas, Sociales, Derecho y Filosofía y Letras de la UBA y de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y diversos centros secundarios. Además, acompañaron diferentes sindicatos, artistas vinculados con Abuelas y sectores vulnerados como trabajadores del Hospital Garrahan y Laura Bonaparte.
“Nos encontramos con una situación vergonzosa por parte del Ejecutivo haciendo mucho hincapié en una versión de contar una historia que vuelve a poner el foco en la Teoría de los Dos Demonios, dejando de lado el enorme trabajo que se ha hecho desde distintos organismos de derechos humanos y organizaciones populares”, manifestó en diálogo con ANCCOM Nazarena Sciola, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales.
También se acercaron a la Casa por la Identidad estudiantes secundarios, como es el caso de León Rodríguez Gueito de 17 años, presidente del Centro del Colegio Nacional Buenos Aires que comentó a ANCCOM: “Nosotros buscamos representar a los estudiantes y entendemos que uno de sus reclamos es la reparación histórica por el reclamo de la memoria, la verdad y la justicia, por todos los desaparecidos que tiene el colegio”.
En la misma línea, Candela Fernández, militante de Nietes opinó sobre lo ocurrido en la audiencia: “Una vergüenza, nunca vimos algo así pero me pone muy contenta el apoyo que recibimos para las Abuelas. Nosotros estamos para eso, para apoyarlas a ellas, para demostrarles que estamos acá y que vamos a seguir luchando siempre por lo mismo. Muy contenta por el resultado pero una vergüenza el Estado Nacional”.
Marcela Perelman, directora de investigación del Centro de Estudios Legales Y Sociales (CELS) cerró la noche: “Salimos de alguna manera fortalecidos porque, a pesar de que la audiencia tuvo momentos agresivos y muy intensos, creemos que nuestra perspectiva se escuchó muy sólida, muy documentada, fuimos muy acompañados y superó muchísimo lo que habíamos imaginado”.
