Mientras que el Gobierno de Milei anunció que le quita el estatus de refugiada a las integrantes de la familia que viven en Argentina, se agravaron las condiciones de detención de las detenidas en Paraguay.
“El gobierno paraguayo tiene secuestradas a las Villalba”, afirmó Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Esta agrupación denunció que se agravaron las condiciones de detención de las presas Carmen y Laura Villalba por su traslado a la cárcel de máxima seguridad Minga Guazú y que allí padecieron torturas. En tanto, la Campaña Internacional en Solidaridad con la familia Villalba acusó a Paraguay de haberlas llevado a una prisión similar a Guantánamo. Esto sucedió porque la Sala Penal de la Corte rechazó el habeas corpus presentado por su defensa. A eso se suma la intención del gobierno de Javier Milei de quitarles su estatus de refugiados políticos a la parte de la familia que vive en Argentina.
La persecución a la familia Villalba, cuyos miembros militaban en el desaparecido partido de la izquierda paraguaya “Patría Libre”, comenzó por su participación en la lucha campesina en Paraguay y por acusaciones de estar relacionadas con la resistencia armada. En el caso de Carmen, Liliana y Osvaldo, fueron militantes también del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), considerado como un grupo criminal por parte de ese país. En este contexto, la familia Villalba sufrió el asesinato y la desaparición forzada. Durante el operativo de las Fuerzas de Tareas Conjunta (FTC) del 30 de noviembre de 2020 fueron asesinadas Lilia y María, y fue secuestrada y desaparecida Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, una adolescente de 14 años conocida como “Lichita”. Además Laura, la madre y tía de las niñas y Carmen, se encuentran encarceladas por causas que su defensa denuncia como inventadas y violatorias de los derechos humanos.
Desde la detención de Carmen, el resto de la familia, compuesta por adultos y menores, comenzó a sufrir persecuciones, hostigamientos y ataques por parte de las fuerzas del Estado, como también de parapoliciales por lo que buscó refugio en Argentina para su protección. Después de intensas gestiones y gracias a los reclamos de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, lograron que la administración de Alberto Fernández les otorgara el asilo, siendo reconocidos como refugiados por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).
Derechos a los refugiados, ¡AFUERA!
El gobierno de Javier Milei, por su parte, decidió quitarles el refugio a las mujeres y niñas paraguayas acusando a las mujeres de “ocultar información al momento de pedir el refugio”, lo cual sus abogados dicen que es falso. Por este motivo, la CONARE revocó su estatus de refugio, lo que coloca a la familia Villalba en una situación de grave riesgo.
Desde la Gremial de Abogades expresaron a ANCCOM que “la decisión de la CONARE no está firme, es una decisión administrativa dado que nosotros presentamos el recurso ante la Cámara de Apelaciones. En este sentido, el juez federal Daniel Rafecas volvió a prohibir su salida del país y exigió que les devuelvan las pertenencias secuestradas durante los allanamientos”. Se refieren a los procedimientos de abril de este año, el primer intento del gobierno de Milei de expulsarlos. El abogado Gustavo Franquet recordó que en esos operativos “la policía entró violentamente a las casas durante la madrugada, apuntando a los niños con armas, teniéndolos retenidos durante horas hasta que les permitieron salir, siendo derivadas a una dependencia de la Policía Federal”.
Esto fue posible por un reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno que cambió la Ley de Refugiados, estableciendo una serie de medidas inconstitucionales y un proceso judicial que salta varías etapas, lo cual también es inconstitucional ya que no permite la doble revisión completa de la causa. «Más allá de su justificación plenamente falsa, está lo que el Gobierno dice en sus redes sociales, esa forma de comunicación donde no se privó de violar el principio de confidencialidad hablando de ellas, que la ministra de Seguridad de un país acuse a alguien de ser terrorista es algo que genera terror” concluyó Franquet.
“En enero hubo una resolución de Naciones Unidas sobre la investigación que el Comité de Derechos del Niño realizó sobre el asesinato de Lilian y María Villalba. Dicha resolución que está en estado de confidencialidad se va a hacer pública pronto, por lo que no nos es ajeno que toda esta persecución desatada fundamentalmente este año, tiene mucho que ver con esto”, afirmó Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados. Desde los organismos de derechos humanos y sociales que integran la Campaña Internacional de Solidaridad con la familia Villalba denuncian que en Paraguay persiste la persecución, con abusos y trato inhumano hacia las presas políticas Carmen y Laura. A pesar de haber cumplido en 2021 su condena de 18 años, Carmen Villalba continúa encarcelada con una nueva acusación armada, mientras que Laura Villalba enfrenta una condena de 25 años únicamente por ser la madre de una de las niñas asesinadas por el ejército paraguayo: la acusan de faltar a su deber de cuidado.