Mientras el presidente Javier Milei ajusta a la clase media y baja, un grupo de organizaciones está desarrollando un proyecto de ley para crear un Fondo Alimentario de Emergencia que sirva para contener la crisis social que vive el país.
“¿De dónde sacamos la plata?”, es el argumento que repiten casi al unísono legisladores, funcionarios y militantes ligados al presidente Javier Milei cada vez que reclaman recuperar el poder adquisitivo algunos de los sectores más golpeados por el ajuste de La Libertad Avanza, como los jubilados y los docentes y estudiantes universitarios.
Esa trampa matemática sirve para echar por tierra cualquier intento de evadir el ajuste impulsado desde la Casa Rosada por un mandatario que proclama sin tapujo alguno su anhelo por ser “el topo que destruye el Estado desde adentro”, y lo está cumpliendo. Tanto la recomposición para los adultos mayores como el incremento razonable al presupuesto universitario se encontraron con el veto presidencial y una frase que repite casi tanto como un mantra: “No hay plata”.
La misma suerte corrieron los comedores comunitarios que hay desperdigados por todo el país y que no sólo no recibieron ayuda de parte del Gobierno, sino que también tuvieron que recurrir a la Justicia para que el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello se digne a repartir alimentos que estaban guardados en galpones y a punto de expirar, en un contexto con casi un 53% de pobreza a nivel nacional.
¿Qué pasa si, en realidad, sí hay la plata suficiente para cumplir con la demanda de alimentos que existe actualmente en la Argentina? Esa es la premisa que impulsa a diferentes organizaciones sociales nucleadas en Territorios en Lucha para exigirle al gobierno de Javier Milei que cree un Fondo Alimentario de Emergencia. El pedido no quedó únicamente en palabras, ya que se está elaborando un proyecto de ley que especifica de dónde saldría el dinero para hacerle frente al hambre que hay en el país.
“Venimos planteando la necesidad de tener una propuesta común para debatir con la sociedad esta situación que estamos atravesando fundamentalmente respecto del empobrecimiento y la cantidad de personas en situación de indigencia, algo que nosotros vemos cotidianamente en nuestros comedores”, explica la dirigente de Libres del Sur e impulsora de la iniciativa, Silvia Saravia. El trabajo de Territorios en Lucha va por el mismo andarivel que la campaña que encabeza el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que se llama “La peor violencia es el hambre”, junto a iglesias católicas y evangélicas. En el mismo reclamo también se encuentra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyo principal referente es el dirigente social y exprecandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois.
“Creemos que además de protestar y denunciar lo que está saliendo del Gobierno, hay que llevar propuestas al Poder Legislativo. Así que por eso es que desde distintos sectores fuimos construyendo este proyecto de ley que todavía no está terminado, es una propuesta que puede seguir teniendo algunos aportes y esperamos lanzar una gran campaña para plantear que sí hay plata en Argentina”, sostiene la dirigente. “Si existiera la decisión política podrían desplegarse políticas públicas para al menos paliar la situación de hambre en Argentina o de malnutrición y la dificultad de acceso a los alimentos saludables”, agrega Saravia. Por eso, comenzará una ronda de reuniones con todas las bancadas para que la iniciativa reciba eventuales aportes y el impulso de alguno de los bloques para llevarla finalmente a las comisiones y al recinto.
¿De dónde la sacamos?
El borrador del proyecto de ley estipula la creación del Fondo Alimentario de Emergencia (FAE), dependiente del Ministerio de Capital Humano, para desarrollar políticas relacionadas al derecho a la alimentación y la desnutrición. A diferencia de la reforma jubilatoria y la Ley de Financiamiento Universitario, esta iniciativa contempla de dónde obtener el dinero para cubrir con los costos que se necesitan para cubrir un fondo de tal magnitud.
En líneas generales, comprende la instauración de un impuesto a las ganancias para jueces y funcionarios judiciales, intereses de depósitos en entidad financieras y las sociedades argentinas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos, conocidas como ADR; el cobro de bienes personales a los inmuebles rurales y depósitos en entidades financieras; la quita de la exención impositiva a la actividad minera y la economía del conocimiento y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los directores de sociedades.
Además, contempla la tributación presunta basada en el volumen de negocios de las 500 empresas más grandes del país, la alícuota del Impuesto de Bienes Personales para las 50 primeras fortunas, el tributo con alícuota de 15% a los salarios de legisladores nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo y el recupero de impuestos por mayor demanda de alimentos en el mercado interno, entre otros.
“El cálculo que nosotros hicimos fue de un fondo que necesitaría casi 18 mil millones de dólares. Y todas las fuentes de financiamiento que proponemos llegan a contabilizar casi 40 mil millones de dólares. O sea, se duplica la cantidad de fondos para llevar a cabo esta propuesta”, explica Saravia.
“Hemos visto que desde varios sectores se ha comenzado a cuestionar que no se avance sobre lo que sucede con los bienes personales, o con algunos incentivos a lo que es la economía del conocimiento y excepciones de IVA totalmente injustificadas porque se les hace a empresas que tienen muchísimas ganancias. Entendemos que también hay otros sectores que cuestionan el hecho de que se refuerce un sistema impositivo regresivo como el que tenemos hace muchos años, en lugar de que paguen más impuestos los sectores que no solamente tienen más ganancias, sino que tienen la mayor cantidad de dinero en propiedades”, detalla.
“Hay algunas cuestiones que realmente no tienen lógica en un contexto donde el Presidente dice que no hay plata para determinadas cuestiones. Entonces, nosotros decimos que sí, hay plata: hay sectores que hoy tienen grandes fortunas y grandes ganancias y reciben exención de impuestos, o subsidios que no deberían tener”, remarca. Esta iniciativa choca con el discurso de la Casa Rosada, que insiste en que el Gobierno nacional se está ocupando de las clases más bajas y critica a las gestiones que pasaron anteriormente por el palacio presidencial.
“Ellos creen que el tema está resuelto porque han aumentado los montos de la Tarjeta Alimentar y de la Asignación Universal, que son transferencias que evidentemente han aumentado mucho. Lo que pasa es que ellos no contemplan que aún con eso, hoy tenemos el doble de indigentes en Argentina”, analiza Saravia. “Evidentemente, la situación es muy dramática y muy crítica. Estas herramientas son todas propuestas que hemos hecho desde las organizaciones, pero no como la solución, sino como paliativos ante situaciones críticas, porque nosotros estamos muy lejos de pensar que la solución es un plan social o un comedor comunitario”, sostiene.
De raíz
“La solución es otro modelo productivo, o un sistema impositivo progresivo y no regresivo. O sea, hay otras cuestiones que para nosotros son de fondo que deberían modificarse. Creo que tienen una miopía respecto de no ir más allá. Ven cerquita, ven su entorno, pero no terminan de ver las consecuencias gravísimas a las que están llevando a la población”, insiste la referente de Barrios de Pie. Al hablar del modelo productivo, un dato que no puede pasarse por alto es que la Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de personas aproximadamente, pero más de la mitad de su población está bajo la línea de la pobreza. Para Saravia, la explicación es que el país tiene “un modelo productivo extractivista”.
“No importa si se produce y el costo de esa producción envenena el agua o envenena la gente que vive cerca de esos lugares donde se siembra, sino que lo único que importa es cuánto se vende el extranjero y cuántas divisas ingresan. Ese modelo lamentablemente hace rato que no se modifica. No es algo nuevo, es histórico, que solo en breves periodos tuvo algún cambio, pero que hoy se está profundizando”, argumenta.
En un contexto en el que 2 de cada 10 personas están bajo la línea de la indigencia, Saravia considera que ese es el primer problema para atacar: “Eso debería ser posible en un tiempo corto con las características que nosotros tenemos en nuestro país respecto de los recursos naturales y las posibilidades de producir alimentos, Estoy convencida que es algo que puede resolverse rápidamente si hay voluntad política”, analiza. A su criterio, “la pobreza tiene que ver ya con algunas otras cuestiones, cómo generar un modelo productivo diferente, pero eso más en general, con desarrollo soberano. No estar pensándonos como un eslabón primario cumpliendo el rol de producción primaria, sino como un eslabón en las economías regionales y mundiales de producción con tecnología y agregado de valor propio. En esas condiciones, yo creo que ahí podríamos hablar de pobreza cero”, agrega. Saravia concluye: “Uno piensa en la urgencia, seguramente, que es lo que ha pasado durante todo este tiempo y ese es un problema. Desde el primer momento hay que pensar en el mediano plazo, sabiendo que iniciaste el camino para revertir esa situación”.