En la segunda audiencia que juzga a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, la defensa de los represores intentó en vano que el proceso no sea público.
Luego de su apertura el pasado miércoles 9 se reanudó la audiencia del debate en el juicio oral y público por la masacre en el Pabellón Séptimo, la mayor matanza carcelaria de la historia, ocurrida entre el 13 y el 14 de marzo de 1978. Los imputados se negaron a volver a prestar declaración indagatoria mientras que sus defensas buscaron impedir la transmisión del proceso. ANCCOM habló con una de las abogadas de la querella.
Al igual que el miércoles anterior, la audiencia tuvo lugar en la Sala SUM del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires. El juez Nicolás Toselli reanudó la audiencia consultando a las partes si tenían cuestiones preliminares para plantear. Gerardo Miño, defensor público del imputado Gregorio Zerda, solicitó que las audiencias no sean transmitidas en vivo –lo hacen el canal de la Corte Suprema y la plataforma online La Retaguardia– durante la declaración de los testigos. “No es lo mismo ver al testigo, escucharlo, ver a las partes cómo preguntan, ver al tribunal, al público como reaccionan. Todo eso puede afectar sustancialmente la declaración de los testigos posteriores” explicó el defensor.
Luego tomó la palabra el fiscal general Abel Córdoba para expresar el completo rechazo a la petición porque consideró que “implicaría una prohibición de contacto, un aislamiento de todos los testigos entre sí, de acá hasta que termine el debate, la parte recursiva y demás, es imposible su realización”. Además, Córdoba añadió que lo que se expresa como fundamento no es algo más que un temor eventual, siendo no más que “una situación imaginaria donde algún futuro testigo vaya a guiarse por algo que haya visto realizarse en el proceso y que a partir de eso altere o modifique su testimonio en un sentido que afecte su juramento de verdad”.
Finalizada su intervención, el juez Toselli le dio la palabra a la abogada de la querella, Claudia Cesaroni, quien adhirió a lo planteado por Córdoba y enfatizó en que se comprenda que se está investigando un hecho en el que se ha producido un proceso de construcción de memoria colectiva: “Estamos hablando de víctimas, de sobrevivientes, de familiares que han tardado años en lograr reconocerse como víctimas de un delito, de una masacre, de un crimen contra la humanidad, y que en ese encontrarse durante todos estos años se han visto un montón de veces libros, notas periodísticas que relatan este caso”. Por tanto, la abogada planteó que “sería un ritualismo absurdo, excesivo y carente de todo sentido suponer que no deberían comunicarse a partir de ahora, o que porque van a ver cómo uno de ellos cuenta lo que ya escucharon decenas de veces lo que sucedió y que otros han vivido podrían influir en su testimonio”.
Por la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado Máximo Castex también adhirió al rechazo de la petición y retomó lo explicado previamente por Córdoba, manifestando que aquel planteo sería adelantarse a algo que aún no ocurrió. Después de un cuarto intermedio, el juez Toselli, en nombre del resto del tribunal, expresó que se rechazará la cuestión preliminar introducida. “Al contrario de lo que establece el señor defensor, los artículos que tienen que ver con la publicidad y la transmisión de juicios están vigentes para todos los tribunales federales y nacionales desde el 24 de noviembre de 2020”. Así se continuó con la decisión original de la transmisión completa del proceso.
Derecho a no declarar
Toselli continuó con el devenir del debate, refiriéndose particularmente a los imputados, siendo la primera oportunidad que otorga la ley procesal para que cada uno declare.
Juan Carlos Ruiz, el exdirector del Instituto de Detención de Devoto, imputado por haber dispuesto una requisa disciplinadora que devino en la feroz represión y el incendio que mató a 65 presos e hirió de gravedad a otros 88, dijo que no declararía. Solo se dio lectura a la declaración indagatoria que había realizado en la etapa de instrucción de la causa ante el juez federal Daniel Rafecas.
Gregorio Bernardo Zerda, excelador de la División Seguridad Interna, imputado por haber omitido el salvataje de las víctimas y de haber agredido a los sobrevivientes, expresó que por consejo de su abogado, tampoco hablaría. Por último, Horacio Martín Galíndez, exjefe de la División de Seguridad Interna, imputado por ejecutar la orden de requisa y haber dejado avanzar el incendio tampoco se manifestó. En ambos casos, también se incorporaron, entonces, las declaraciones realizadas en la instrucción.
Finalmente, la Fiscalía reiteró su solicitud para que se realice una inspección en el lugar donde ocurrieron los hechos en la cárcel de Devoto. “La manera de tomar realmente dimensión y poder poner en contexto las palabras de las personas que van a declarar en lo sucesivo es a través de la presencia del tribunal y de las partes en el lugar en que ocurrieron los hechos”, planteó María Laura Grigera, auxiliar fiscal. Para esta actividad solicitó que se fije una fecha para realizar esta medida en el penal de Devoto con la presencia de las partes y de los testigos, incluyendo la inspección del pabellón, los pasillos y pasarelas vinculadas, así como también todos los espacios aledaños de los lugares a los que fueron llevados los detenidos una vez que retirados del pabellón, incluyendo la visualización de las entradas, las salidas, los muros exteriores e interiores donde se produjeron disparos y cualquier otro espacio que pudiera ser de utilidad para efectuar el reconocimiento teniendo en cuenta el objeto de la imputación.
Toselli respondió que se tendrá presente la petición y que de por sí el tribunal tiene intenciones de avanzar en esa inspección para tener conocimiento directo de la estructura edilicia. Sin embargo, señaló que también hay cuestiones de logística que implican ponerse en contacto con las autoridades pertinentes para gestionar la mejor forma posible de cumplir con las medidas y también contar con la seguridad de las personas que están cumpliendo su detención.
A su turno, la defensa agregó la necesidad de comunicar a las autoridades para que muestren o informen si hubo modificaciones en las aperturas de las puertas, en el cambio de colchones o cualquier otro cambio posible, solicitud posteriormente aprobada por el juez.
Casi una hora después de su inicio, Toselli estableció un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 23 de octubre.
Clase pública
Una vez finalizada la audiencia se produjo una clase pública en el subsuelo del tribunal para los estudiantes de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA) que habían asistido a la audiencia. Participaron las abogadas Cesaroni y Natalia Dalessandro, el sobreviviente Juan Olivero y Cristina Cresente, familiar de una de las víctimas.
A modo de síntesis de la jornada, Cesaroni expresó que “era muy factible que los imputados no volvieran a declarar en el debate oral, aunque recordamos siempre que lo pueden hacer en cualquier momento”, explicó la abogada. Respecto a la solicitud de prohibir la transmisión, Cesaroni comentó que en los juicios de lesa humanidad no se suelen admitir estas objeciones. “Nosotros profundizamos la cuestión de que justamente es un poco absurdo pensar que unos y otros no se han escuchado cuando desde hace 11 años estamos dando batalla por este juicio y cuando precisamente el proceso de construcción de memoria colectiva implica que los sobrevivientes se junten, hablen, se cuenten las cosas. Además los testigos luego juran decir verdad, si la defensa observa que hay alguna situación en la que se puede estar mintiendo tienen las herramientas para hacer sus planteos”, detalló.
Por último, Cesaroni comentó sobre las primeras declaraciones testimoniales que se llevarán a cabo durante la próxima audiencia. “El miércoles que viene van a declarar dos sobrevivientes, Hugo Ricardo Cardozo y Roberto Montiel. Vamos a tratar de que cuenten todo lo que pasó tal cual lo han venido contando pero por primera vez ante jueces que tienen la posibilidad de decidir si hay una condena por esos hechos de los que fueron víctimas”, anticipó.