Vendedores ambulantes de Once exigen al gobierno de Jorge Macri que se respeten sus fuentes laborales y advierten que las protestas continuarán si no aparece ninguna solución. La policía allanó casi 200 depósitos donde guardaban mercadería.
En Once, el centro comercial a cielo abierto del barrio porteño de Balvanera, los vendedores ambulantes de la economía popular se instalan en las veredas para comercializar sus productos al público, que busca precios bajos a la hora de comprar. Sin embargo, el viernes 4 de octubre la Policía de la Ciudad allanó unos 200 depósitos en la zona y les secuestró casi toda la mercadería que tenían, despojándolos así de lo invertido y, con ello, de su forma de subsistir.
Entre cánticos como «No somos mafia, somos trabajadores», «Si no hay solución la marcha continúa» o «Manteros unidos, jamás serán vencidos», desde el lunes 7 de octubre se mantienen movilizados para visibilizar la situación y reclamar al jefe de Gobierno Jorge Macri contra el desalojo, o bien, que se les brinde una alternativa digna.
«Alegan que somos mafia, que por eso allanaron los lugares, incluso los que el mismo Gobierno de la Ciudad que nos habían entregado, diciendo que ahí se guardaba mercadería ilegal, cosa que no es verdad, porque los compañeros tienen las boletas de dónde van y compran su mercadería», expresó Luzmery Villanueva, referente de Vendedores Ambulantes de Once (VAIO), nucleados dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Durante el lunes, con el protocolo antipiquetes activado para evitar cortes de calle, los vendedores agrupados en VAIO y el MTE marcharon por las distintas veredas del barrio para exigir al Gobierno porteño que deje de atacarlos y se les permita trabajar como todos los días para cubrir sus necesidades básicas. «La movilización fue pacífica, respetamos todas las normas, se marchó por la vereda y no hubo incidentes», subrayó Javier, vendedor ambulante desde hace 30 años.
Otra vendedora, Matilde, destacó la necesidad de tener un espacio para trabajar y poder vivir tranquilos: «Tenemos que pagar alquiler, los servicios, la mayoría, somos monotributistas, entonces nosotros no estamos queriendo no pagar, porque también queremos un lugar que nos den o por lo menos que no nos habiliten uno para pagar un arancel».
El martes 8 de octubre continuaron las protestas. Ese día se vivieron momentos de tensión por el fuerte operativo policial que terminó con la represión a los manteros autoconvocados, que pedían la devolución de la mercadería secuestrada. Mientras tanto, los espacios de la calle que habitualmente usan, seguían vacíos, aunque transitados al ritmo habitual por el público que va a comprar a Once.
El reclamo de los trabajadores también incluye la legalización de la venta ambulante y un marco regulatorio, para brindar una solución a este sector de la economía popular. «Presentamos un proyecto de ley donde le hemos dado una estructura de cómo se vería la ciudad con cada vendedor en un local, que no tengamos que tirar una manta, podamos pagar un canon según el sector», contó Luzmery, quien resaltó también que el Gobierno de Macri no tiene interés en dar una solución: «Creo que realmente ellos son mafiosos porque les conviene más venir a reventar los galpones donde guardan la mercadería nuestros compañeros».
El viernes 4 de octubre, unos 500 efectivos de la policía porteña allanaron en simultáneo 197 depósitos, incluyendo dos predios que Horacio Rodriguez Larreta había arrendado, uno en calle La Rioja y otro sobre Perón, para reubicar a varios de esos vendedores tras el desalojo que se hizo en 2017. Allí secuestraron una importante cantidad de mercadería que guardaban los trabajadores, que según se calcula son unos tres mil en zona de Once.
Muchos se enteraron vía llamada telefónica, otros cuando llegaron al lugar, como Marina: «Venía de González Catán, fui a hacer un trámite y estaba volviendo. Bajo del micro y veo a un montón de policías. Me encuentro con mis compañeros ya en la calle tratando de armar y ya no se podía, estábamos todos desesperados», contó.
Jorge Macri calificó el operativo como «un golpe durísimo a la mafia que inundaba de suciedad y trabajo esclavo», en una alusión xenófoba a los vendedores senegaleses y de otras nacionalidades –paraguaya, boliviana y peruana–. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los extranjeros tienen la nacionalidad argentina y están al día con la AFIP.
«El sábado hubo un operativo de Migraciones pensando que todos los que estamos en la calle somos indocumentados y se toparon con que todos tenían el DNI en regla. La mayoría está nacionalizada y paga monotributo. Me cobrás un monotributo sabiendo que vendo en la calle y después me venís a sacar de ahí», comentó Marina.
Entre los manteros, hay algunos que han obtenido títulos universitarios o de educación superior, pero no logran conseguir un empleo, por lo que deben recurrir a comprar productos y “mantear” para poder subsistir. Ninguno trabaja para alguien, sino que son autónomos que compran la mercadería por su cuenta.
«El 90 por ciento de los productos se compran y venden aquí. Desde un chupetín o una gaseosa hasta una remera y un pantalón. Hacemos un acto de comercio: la compramos a un precio, vendemos a otro precio y obtenemos una ganancia, vivimos de eso», aseguró Javier.
Respecto al trato con los comerciantes comentó: «No hay rivalidad, sino que es todo buena onda. Nos conocen porque somos gente que trabaja todos los días en el mismo lugar. Incluso al sacar a los manteros, la mayoría de las ventas de los negocios bajan ».
El día posterior a los allanamientos, el barrio contaba con una mayor presencia policial de lo habitual, con personal del Departamento Operaciones Urbanas de Contención (DOUC) y grupos de fiscalizadores de Espacio Público en casi todas las cuadras, incluso por la tarde, fuera de los horarios habituales de trabajo.
Los vendedores afirman que, si no se abre un canal de diálogo, seguirán las protestas y, de ser necesario, se enfrentarán con las fuerzas de seguridad.