Organizaciones que nuclean a familiares y personas con discapacidad marcharon para visibilizar el daño que está causando el vaciamiento de las políticas públicas en ese sector. Además, preparan un proyecto de ley en línea con lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Han pasado casi diez meses desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la nación el 10 de diciembre pasado, con la promesa firme de que “el ajuste lo pagaría la casta”. Bajo el calor húmedo y agobiante de este lunes 30 de septiembre, un grupo de personas se congrega alrededor de la Pirámide de Mayo, a los pies de la Casa Rosada. A simple vista, ninguno de ellos parece pertenecer a esa supuesta casta: hay adolescentes, ancianos, trabajadores de la salud, personas ciegas y jóvenes en sillas de ruedas. Sin embargo, están aquí porque, desde aquel día, muchos han perdido sus trabajos o se han visto privados del acceso a derechos fundamentales, especialmente para quienes tienen alguna discapacidad.
La movilización, que comenzó pasadas las 15, contó con el testimonio de representantes de distintas organizaciones -Discas en Lucha, Prestadorxs Precarizadxs de Salud y Educación, Jubilados Insurgentes, Familias Unidas Por la Escuela Especial, Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales, Red Nacional de Terapia Ocupacional-, para luego movilizarse a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en Rivadavia 879, donde se realizó una conferencia de prensa difundiendo la problemática, iniciativa que se replicó en ciudades como Mar del Plata, Santa Fe y Entre Ríos.
En el último año, 350 trabajadores fueron despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad al terminar sus contratos, situación que podría agravarse debido al vencimiento inminente de otros cientos. Maive Carones Fernández, trabajadora despedida de ANDIS cuenta: “Yo era parte de la Dirección de Accesibilidad que a su vez pertenecía a la Dirección Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad, que hoy ya no existe, fue absorbida por la subdirección de la ANDIS. La Dirección de Accesibilidad se encargaba de eliminar barreras en los entornos físicos, comunicacionales y actitudinales, lo que quiere decir que las personas con discapacidad encuentran dificultades en su cotidianeidad para poder desarrollar su ciudadanía completa y ser sujetos plenos de derechos. Nosotros interveníamos en una diversidad de proyectos porque éramos un área transdisciplinar, donde había arquitectos, comunicadores, intérpretes de lengua de señas argentina-español, asesores sordos, programadores, entre otros. Hoy el área está totalmente diezmada”.
Para quienes tienen la suerte de aún conservar su fuente de trabajo, la situación no deja de ser alarmante: “Hoy la prestación de apoyo para terapeutas está en 10.000 pesos. Y la prestación de apoyo para el servicio de integración escolar está por debajo de los 300.000 pesos. O sea que un integrador escolar que trabaja cuatro horas de lunes a viernes en una escuela, gana 300.000 pesos. Pudiendo trabajar solo dos turnos, se llega a los 600.000 pesos. No llegamos ni cerca de la canasta básica que hoy está en un millón de pesos”, cuenta Rocío, integrante de la organización Prestadorxs Precarizadxs de Salud y Educación. Por otro lado, el traspaso de ANDIS desde Presidencia a la órbita del Ministerio de Salud generó inconvenientes para establecer un diálogo fluido: “Es completamente perjudicial, porque siempre hacíamos nuestros reclamos en Presidencia, teniendo una llegada directa, y ahora no. Quedamos en manos de Salud, como si ser discapacitado es ser enfermo. Esa es la ´igualdad´ que están pretendiendo implantar”.
Para poder dimensionar el daño que causan estas políticas y cómo se traducen estos números en la cotidianeidad, Guadalupe Bargiela, una militante ciega que lucha por los derechos de las personas con discapacidad, expresa su preocupación por el vaciamiento que está sufriendo el área: “Nos están matando de una forma simbólica y brutal. Las personas ciegas, en particular, no somos sujetos de derecho al querer sancionar la boleta única sin accesibilidad en las elecciones próximas. Estamos acá porque este gobierno nos está avasallando, nos está diciendo que no podemos, que no somos. Y hoy, más que nunca, creo necesario gritar que nuestra identidad es orgullo, que nuestra identidad es política. Somos ciudadanos”.
La manifestación reunió a múltiples organizaciones con puntos de vista y necesidades diferentes. Marcela, integrante del colectivo Familias Unidas por la Escuela Especial alerta: “Las personas mayores de 22 años en la Ciudad de Buenos Aires son dejadas fuera del sistema público educativo. Las escuelas de modalidad especial fueron creadas para brindar opciones pedagógicas a las necesidades y a las posibilidades en los tiempos que tienen las personas con discapacidad intelectual. El colectivo de discapacidad es muy amplio.
Generalmente el discapacitado no tiene un problema sino varios. Tenemos desde personas con un retraso leve madurativo, que tienen perfecta posibilidad de desempeñarse en el mundo laboral, hasta personas con una muy importante discapacidad intelectual que no podrían incorporarse. Pero todos tienen derecho a tener un plan de vida”. Por esta razón decidieron presentar un proyecto de ley que plantea que “como establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad tienen derecho a educación permanente y sin límite de edad. Según sus capacidades se organiza un plan de vida. Eso es lo que ofrece y eso es lo que queremos, volver a tener escuelas que, sin límite de edad temporal, les permita asistir, concurrir a sus talleres en los tiempos de una escuela y poder realizar estos aprendizajes que a veces son permanentes y perpetuos. Son aprendizajes que se tienen que reforzar permanentemente”.
