Veinte familias fueron desalojadas violentamente en La Boca, en un operativo que pasó por encima de una medida cautelar y que se realizó sin que el decreto que lo ordenaba estuviera aún publicado en el Boletín Oficial. Según los vecinos, en el barrio se producen dos desalojos por semana y hay 200 casas en riesgo de desalojo.
Nancy, una de las vecinas desalojadas, junto a la puerta de la que era su casa.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a 15 familias de la casa donde vivían, en la calle Necochea y Pedro de Mendoza, en el barrio de La Boca. El hecho, ocurrido el lunes 26 de agosto pasado, fue una continuación del desalojo comenzado días antes, el 30 de julio, en cumplimiento de un decreto del jefe de Gobierno Jorge Macri.
El operativo avanzó sobre las propiedades situadas en los números 1476, 1480, 1488 y 1492 de Necochea. “Vinieron a las siete de la mañana con un operativo de vallas, también con mucha policía, no dejando pasar a la abogada de las familias. Tampoco permitieron que familiares o vecinos puedan acceder o ayudar a la gente a sacar sus pertenencias”, cuenta Tomás Lerner, militante barrial presente en el desalojo. “Fue muy violento por la cantidad de policías, por el maltrato, por cómo secuestraban las pertenencias de las personas sin orden judicial”.
“En 37 años que estoy en el barrio no vi algo igual”, comenta Alberto, quien residía en Necochea 1488 junto a su familia. “No trajeron una ambulancia ni personal médico, como es requerido en estos casos. Tampoco había personal femenino para tratar con las mujeres. Se llevaron detenidas a una mujer embarazada y a otra discapacitada”, afirma.
“Hubo gente que no llegó a sacar las cosas, porque estaban apurados”, agrega Marta Yane, integrante de la Junta de la Comuna 4 y responsable del área de Vivienda. “Los muebles que sacaba la policía los subían a los camiones. Suben las cosas y después te dan un papel, un remito de lo que subieron, para que cuando consigas lugar para vivir, vayas al depósito a buscarlas. La realidad es que mirábamos los papeles y faltaban cosas. No figuraba el microondas, el plasma. Eso pasa en muchos desalojos”, denuncia.
Vecinos de la cuadra muestran su apoyo a las familias desalojadas.
Para entender mejor lo sucedido, hay que retrotraerse al 30 de julio, fecha en la que tuvo lugar el primer desalojo, ordenado por decreto. “Al momento de concretarse todavía no estaba publicado en el Boletín Oficial. No había manera de saber que iba a suceder –explica Lerner–. El 30 de julio vinieron con un operativo de más de doscientos policías con camiones, pudieron avanzar sobre cinco domicilios en el día”.
Ante el decreto, los vecinos interpusieron una medida cautelar para que el Gobierno acredite la utilidad pública del inmueble. El juez Juan José Albornoz, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de CABA, ordenó a la administración de Jorge Macri la acreditación correspondiente, frenando, hasta entonces, el avance sobre el resto de los domicilios de Necochea.
Existen dos razones válidas para llevar adelante un desalojo por decreto: que exista un riesgo para las familias dentro del inmueble o que tenga utilidad pública. El Gobierno acreditó la utilidad pública a través de una orden de expropiación realizada por el intendente Osvaldo Cacciatore, durante la última dictadura cívico militar, para el ensanchamiento de la Avenida Pedro de Mendoza. Si bien el proyecto quedó caduco, la expropiación se concretó en 1997.
El 23 de agosto, Albornoz levantó la medida cautelar y habilitó el desalojo únicamente para los domicilios afectados por la utilidad pública, que comprendía a los que tienen frente en la avenida y a los localizados en Necochea 1488 y 1492. La razón esgrimida es que ambos formaban parte de una misma propiedad que ocupaba la esquina. La casa se fue vendiendo por partes con los años, pero es una única estructura. De hecho, para acceder a la planta superior de Pedro de Mendoza se puede ingresar únicamente por Necochea 1488.
El día 26 de agosto, y a pesar de las órdenes de Albornoz, la policía ingresó sobre Necochea 1480 y 1476 con intención de desalojar a los residentes. “El juez durante esa mañana expresó en dos oportunidades, con dos resoluciones, que no estaba bien lo que estaban haciendo, que estaban incumpliendo su resolución y que estaban entrando en desobediencia. El Gobierno de la ciudad decidió avanzar igual”, subraya Lerner.
“Lo novedoso es que hicieron un desalojo administrativo, que normalmente se usa cuando hay peligro de derrumbe”, señala Marta Yane. “En 40 años nunca vi un desalojo administrativo porque sí. En un desalojo administrativo no tenés juicio previo, no tenés oportunidad de defenderte, no tenés tiempo para buscarte otra cosa, que fue lo que pasó acá: llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”.
Sin embargo, sí tuvieron tiempo para planificar un desalojo con tiempo y de manera que los vecinos no queden en la calle de un día para otro. Cuenta Alberto que hace ocho meses fueron del Gobierno de la ciudad a hacer un censo al edificio. “Venían de mañana, por lo que la gente que trabajaba o salía no se encontraba. También dijeron que en el inmueble existía un peligro de derrumbe. Los vecinos pusimos plata para hacer arreglos y pintar el frente. Esa gente no vino nunca más, hasta el 30 de julio”.
Natalia Quinto, miembro de la organización barrial La Boca Resiste y Propone, que acompañó a las familias durante el desalojo, sostiene: “El Gobierno de la Ciudad, pudiendo planificar, ya que este desalojo podían hacerlo en el momento que quisieran, decidió en lugar de fijar un plazo para la relocalización, hacerlo de manera sorpresiva, volviendo los recursos ineficientes. Si el seguro de caución subsidiado y las cuotas acumuladas para ingresos a alquileres hubiesen estado antes, permitiendo un plazo para la búsqueda de lugar, estamos seguros que la mayoría hubiera resuelto de otra manera y se hubiese evitado esta dramática situación que no deja ganancia a nadie”.
Hoy la propiedad se encuentra completamente tapiada. Los ingresos al inmueble desde la avenida fueron bloqueados con paredes de ladrillo, en tanto que las puertas que dan a Necochea fueron selladas con cemento. Sobre esta calle permanece un volquete con restos de muebles que los vecinos no pudieron sacar a tiempo. En la terraza de la casa se colocó una cerca electrificada, aparentemente para evitar ingresos desde Sanchetti, el edificio contiguo.
En total fueron 20 las familias desalojadas, que resolvieron la situación como pudieron, de manera transitoria, alojándose en casas de amigos o familiares. Algunas se tuvieron que ir a provincias o a distintas localidades. “Hay toda una parte de las familias que tienen menores que están resguardados por un amparo de la asesoría tutelar y obliga al Gobierno a darles un subsidio habitacional mejorado –explica Tomás Lerner–. Pero para ello hay que conseguir un alquiler con determinadas características, para que el Gobierno de la Ciudad lo financie”.
Alberto y María residían con su familia en Necochea al 1488. Cuando fueron desalojados tuvieron que separarse. Ellos están parando en un hotel, mientras que su hija se está quedando de prestado con su nena a pocas cuadras.
Gladys vivía junto a su hija y su nieta en Pedro de Mendoza 1477, donde también atendía un kiosco. Luego de que fueron corridas de su casa, ella se presentó en la Dirección General de Atención Integral Inmediata, al igual que otros vecinos, para solicitar un subsidio habitacional. El pedido de Gladys fue rechazado por no contar con la documentación necesaria. Actualmente, ella y su familia se están alojando en una iglesia. “¿Y a mí quién me paga la plata que puse para arreglar el techo?”, reclama.
Para recibir el Subsidio 690, los solicitantes deben presentar un presupuesto de alquiler emitido por el dueño directo o por el hotel donde pretenden alojarse. “En caso de ser de dueño directo, debe figurar: la dirección del inmueble, fotocopia de factura de servicio (AYSA o ABL) y los datos del propietario (nombre y apellido, DNI y teléfono)”, según se informa en la página oficial del Gobierno de la Ciudad.
Los desalojos son moneda corriente en La Boca. Según Marta Yane, solamente en el barrio se están llevando a cabo dos por semana, y existen unos 200 domicilios que corren riesgo de atravesar esa situación. “Tiene que ver con la construcción de las 10 torres de 145 metros que quieren hacer en lo que era la vieja ciudad deportiva de La Boca. Se quiere convertir La Boca en San Telmo. El problema es que La Boca tiene muchos vecinos históricos, es un barrio con mucha identidad y con mucha vida cultural, entonces la resistencia es mayor. Pero recién se está empezando a armar esto”.
“Todo está relacionado con el proceso de extractivismo del suelo urbano que es el modelo de desarrollo que el PRO lleva adelante en la ciudad –expresa Natalia Quinto–. No hay posible proceso de especulación inmobiliaria que se lleve adelante sobre un suelo ocupado. Estos días escuchamos que el mercado se mueve, es por la generación de expectativas para los inversores de que nada los va a detener en el aumento del precio del suelo”.