Un tribunal popular declaró «no culpables» a los acusados de incendiar el diario El Chubut en la manifestación de diciembre de 2021 contra la rezonificación minera.
El pasado 19 de septiembre un jurado popular absolvió a cuatro manifestantes implicados por las protestas de diciembre del 2021, una histórica jornada para la provincia de Chubut en la que una pueblada sin precedentes consiguió derogar el Proyecto de Zonificación Minera.
Marcos Antonio Wilipán, Víctor Emanuel Cotut, Jonathan Andrés Luna Almada y Walter Eduardo Medina fueron declarados “no culpables” en la causa llevada a juicio por la Fiscalía de Trelew, acusados de estrago doloso, por daños e incendio al edificio del diario El Chubut, ocurridos el 20 de diciembre de 2021.
Este hecho implica una nueva derrota para quienes se han dedicado a perseguir sistemáticamente a grupos ambientalistas en la provincia, criminalizando los actos de protesta: el Poder Judicial resolvió a favor de los manifestantes, librándolos de culpa.
En la provincia de Chubut han habido numerosos casos de protesta ciudadana en contra de la explotación minera que hace muchos años amenaza con azotar el ecosistema. De estos casos, en la provincia hay muchos antecedentes, y uno de los más importantes sucedió en 2021, el popularmente conocido “Chubutazo”.
Ha habido victorias y derrotas para ambos sectores. Desde la aprobación de la Ley 5001 en el 2003, que prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto y con uso de cianuro, gran hito para la lucha ambientalista, hasta la adhesión del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei y votado por mayoría en la Legislatura de Chubut, el pasado mes de agosto.
El 15 de diciembre de ese año, la Legislatura chubutense aprobó el “Proyecto de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, un proyecto de zonificación minera que dejaba el medioambiente local a merced de la megaminería.
Esto provocó una enorme respuesta popular que implicó seis días seguidos de manifestaciones en Rawson y Trelew, enmarcadas en tiempos de represión policial y persecución judicial de quienes salieron a las calles en defensa del agua. Durante esa jornada hubo 56 detenidos.
En el segundo artículo de la Ley 5001 había un permiso de zonificación para ejercer la explotación en una parte delimitada de la provincia. Dicho artículo tenía como fecha de caducidad 120 días después de aprobada esa ley, en 2003. A pesar de ello, el proyecto de zonificación fue presentado por el entonces gobernador Mariano Arcioni, tomando ese artículo sin vigencia, y haciendo una delimitación en el departamento de Telsen y la localidad de Gan Gan para poder realizar actividades de explotación minera.
En diálogo con ANCCOM, Noelia Silva, activista ambientalista y comunicadora social, dijo que “ese proyecto lo aprobaron en una sesión especial con el pueblo en la calle, los que estábamos ahí nos dispusimos a bloquear las salidas de la Legislatura, pidiendo a los diputados que reviertan esa aprobación, y automáticamente apareció la Infantería y empezó a disparar sin mediar palabra”. Aquella noche del 15 de diciembre la represión continuó hasta las cuatro de la mañana, “eso sucedió durante seis días ininterrumpidos, en Rawson y Trelew”, agregó Silva.
Finalmente, se derogó el Proyecto de Zonificación Minera, gracias a la Ley 5.001 y a las rebeliones populares que, luego de casi una semana de represiones y protestas, consiguieron una de las victorias más importantes en la lucha contra la explotación minera.
La disputa de los grupos ambientalistas en contra de la megaminería ha sido un conflicto constante y sin final, que ha consignado los últimos 20 años en la provincia. En esta pugna también se han visto recurrentemente involucrados los diputados y gobernadores oficialistas, que en muchas oportunidades se han articulado con el Poder Judicial para criminalizar estas manifestaciones.
Son muchos los casos ya en los que las protestas se han visto obstaculizadas por denuncias y causas armadas, la mayoría de ellas que no llegaban a ningún lado. A esto, además, se le ha sumado la operación de los principales medios de comunicación de la provincia que se han encargado de inculpar a los ambientalistas. Este conflicto en la provincia, aún hoy, sigue estando vigente, y lejos está de concluir.
Todavía quedan ocho ciudadanos con juicio pendiente por las protestas del 2021, uno de ellos por el supuesto incendio de la Fiscalía y Casa de Gobierno, y los otros siete inculpados por daño y hurto, que consiguieron seis de ellos la suspensión del juicio a prueba.
Incendio a las oficinas del diario El Chubut
El 20 de diciembre de 2021, en el marco de esta jornada de protestas, un grupo numeroso de manifestantes que habían participado de un corte de ruta, marcharon alrededor de las 18 horas hacia la ciudad de Trelew. Allí se acercaron a inmediaciones del edificio del diario El Chubut como forma de protesta de la relación cómplice que entienden los manifestantes tiene esa redacción con el Poder Ejecutivo. “Siempre hay un reclamo fuerte, pero ese día se desbandó”, comentó Silva.
En ese momento, se dan los hechos por los que son llevados a la justicia los cuatro imputados recientemente absueltos, acusados de daños al edificio por lanzar piedras y de incendios provocados por el uso de bombas molotov, hecho que no se pudo probar. Incluso uno de los acusados, Walter Medina, declaró que ni siquiera había estado en el lugar de los hechos porque estaba en reposo por una fractura.
Igualmente, Medina había tenido una orden de captura, y fue detenido junto a otras personas, y apresado preventivamente durante una semana hasta que fue liberado por el reclamo popular. “Estaban sufriendo una preventiva de 60 días sin ningún tipo de prueba en contra”, explicó Silva.
Mientras eran juzgados, todos ellos declararon no haber participado en los hechos de los que se les acusaba. Y fueron claves los testimonios de algunos testigos para poder evidenciar su no culpabilidad. Un reportero gráfico jubilado, que en ese momento trabajaba en el municipio local, señaló haber visto a quienes habrían iniciado el ataque, un grupo de personas encapuchadas y vestidas de negro que rápidamente habrían huído del lugar.
Debido a que muchos jueces tuvieron que correrse para tomar la presidencia del tribunal por la exposición mediática que esto implicaba, se decidió que ese proceso iba a ser llevado a cabo por un jurado popular. La jueza María Laura Martini, por ejemplo, luego de elevar el juicio a prueba por la quema de Casa de Gobierno recibió un fuerte amedrentamiento por muchos de los medios más importantes de Chubut, e incluso una diputada presentó un proyecto para rever el pedido de traslado a Rawson, por motivos laborales, que Martini había solicitado un mes antes de esa resolución y que, finalmente, fue rechazado por el Consejo de la Magistratura.
“Nosotros realmente no sabemos cómo pueden salir las cosas con el sistema judicial, porque está mediáticamente expuesto que hay un apriete y un control del Ejecutivo sobre el mismo”, comentó Silva, y explicó también la incertidumbre que tenían los acusados por ser juzgados por un jurado popular: “En la provincia se estigmatiza mucho a la protesta social, y a nosotros realmente nos daba miedo que los vecinos tuvieran que resolver”, apuntó. No obstante, el último día de juicio, el jurado determinó de forma unánime la inocencia de los imputados.