Los agentes policiales Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López están acusados de asesinar de ocho balazos, en Villa Crespo, al remisero Claudio Romano, de 39 años.
Ramón Romano, padre de Claudio, junto a su abogada María del Carmen Verdú, familiares y otros integrantes de la Correpi.
Tras el procesamiento de los agentes policiales Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López, en el 2019, por el asesinato del remisero Claudio Romano, este lunes 9 de noviembre se llevó a cabo la primera de las cuatro audiencias del juicio oral y público que determinaran el destino de los tres imputados. Un nuevo episodio de abuso de la autoridad en la historia de la Policía de la Ciudad -la más letal del país-, teñido con armas de fuego y con una víctima mortal.
A las 9 de la mañana se abrieron las puertas del Tribunal Oral Criminal nº 12, frente a Plaza Lavalle, para dar comienzo a la jornada inicial. El 1 de octubre de 2019, en el barrio de Villa Crespo, el remisero de 39 años Claudio Romano recibió ocho tiros por parte de tres oficiales del cuerpo policial de la Ciudad, lo que resultó en la muerte del conductor.
La causa cuenta con numerosos registros y pruebas de los hechos, entre ellos, videos de las cámaras de la vía pública –Malabia al 900– que muestran cómo Romano estacionó su auto en doble fila detrás del patrullero. El remisero se encontraba previamente herido en el abdomen y las muñecas, por motivos que aún se desconocen, y se dirigió al móvil policial ensangrentado con una navaja tipo “kerambit” en las manos. Por otro lado, se encuentran las pericias realizadas por la Asesoría Pericial de la Policía Federal que demuestran que, en el orden de los disparos, el último le atraviesa los dos pulmones y la vena aorta, con lo cual la hemorragia es instantánea y la muerte se produce en segundos.
Los agentes policiales acusados Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López junto a su Defensa.
La defensa, conformada por los abogados Manuel Ramallo y Rodolfo Barrios, del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, intenta sostener la “legítima defensa” y bajo el “legítimo ejercicio de su deber” contra un hombre violento que se acercó a ellos de manera amenazante, atentando contra sus vidas. Sin embargo, los videos dejan ver cómo a pesar de que Romano, estando ya herido, recostado sobre el suelo e incapacitado para levantarse, no presentaba una amenaza, aún así los oficiales le causaron ocho heridas de bala con sus armas reglamentarias hasta matarlo.
La querella y la fiscalía, conformados por Ramón Romano, el papá de Claudio, Lucía Cáceres, María Carmen Verdú, Sandra Berthe y María Ángeles Ramos, acusan a Manzanelli, Lopez y Perez de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y la utilización de armas de fuego. Además, piden prisión perpetua para los tres oficiales. “Tenemos por un lado tres imputados, por el otro lado la policía más letal del país, superando a la Bonaerense y a la de Santa Fe, si tomamos en cuenta la cantidad de efectivos que tiene cada una”, afirmó la abogada de la familia de Romano, María del Carmen Verdú. “Hay una chance real de una condena importante -adelanta-, porque los tres llegan a juicio imputados por homicidio calificado, no solo por nosotros, la querella, sino también por la Fiscalía, con lo cual la expectativa de que se pueda lograr una condena ejemplar es bastante grande”, agregó.
En esta primera instancia de debate, luego de las presentaciones de los jueces Luis Oscar Márquez, Darío Martín Medina y José Pérez Arias, los tres oficiales se dieron a conocer frente al Tribunal. La inspectora Beatriz Manzanelli fue la primera en brindar su versión de los hechos y, si bien aceptó declarar, se negó a responder preguntas que sus abogados no autorizaran, y preguntas de la querella. Luego de una ronda de preguntas personales de parte de los jueces, Manzanelli dijo que “nunca me tocó pasar por una situación así, inesperada y repentina”, y continuó su relato: “Ese día me levanté y fui a trabajar como todos los días. Estaba a cargo del móvil, hicimos una comisión con mi chofer en busca de un testigo con declaración pendiente. Apareció este hombre fuera de sí y atacó a mi compañero. Después vino con el cuchillo directo hacia mí, tuve que sacar mi arma para defenderme. Di la voz de alto pero él nunca se detuvo. Y tenía miedo de que me mate porque venía directo con el cuchillo levantado”, declaró con un leve quiebre en la voz pero sin lágrimas.
Ramón Romano, padre de la víctima.
A pedido de la doctora Verdú, Manzanelli debió aclarar su situación actual de revista. “En servicio efectivo, sin atención al público ni uso de armas, en trabajo administrativo”, respondió. A continuación, la fiscal Ramos puntualizó la divergencia entre su declaración actual y aquella que la inspectora dio a saber el 3 de octubre de 2019. “Hay contradicciones. El contenido es distinto, ya que en su momento se había negado a declarar”, expresó.
La totalidad de esta escena, desde las preguntas de los jueces y los quejidos en las declaraciones, la insistencia en la intención violenta de Ramos, el temor por su propia vida, la negación a responder preguntas no autorizadas por la defensa, la aclaración de la continuidad en su trabajo administrativo en la actualidad, y la inconsistencia debido a que los efectivos policiales se habían negado a declarar en su momento, se repitió cuando fueron los turnos de los compañeros de Manzanelli, Daniela Isabel Lopez y Ramón Darío Pérez.
En suma, la declaración de los tres acusados planteó el escenario de lo que a lo largo del juicio será la estrategia de la defensa: sostener una teoría del caso basada en la actitud violenta y aspecto amenazante del fallecido, como justificativo para su asesinato.
Sobre la posibilidad de los tres efectivos de continuar sus funciones laborales en libertad de manera administrativa, la doctora Verdú comentó a esta agencia: “Son policías. Si estuviéramos hablando de un robo en grado de tentativa o de cualquier otro tipo de delito, relativamente menor, no estaría teniendo la menor chance de que más aún en las actuales condiciones, la persona acusada estuviera en libertad. De no ser policías, hubieran estado presos desde el primer día”.
Durante la audiencia de cinco horas, diez testigos fueron convocados a declarar sus recuerdos del día de la muerte de Claudio. La mayoría presentó dificultades para recordar los eventos del fatídico octubre de 2019. Entre ellos, Lucía Sanchez Cáceres, testigo, pareja de Claudio y acompañante del padre de la víctima, Ramón Romano, fue la primera en brindar su versión de los hechos y, gracias a su vínculo emocional con el fallecido, logró reconstruir los hechos.
“La noche anterior hubo tormenta. A día de hoy sigo sin poder dormir cuando llueve” comienza Cáceres, combatiendo las lágrimas que le dificultaron hablar con claridad. La testigo dio detalles sobre su vínculo con Romano, y resaltó su carácter amigable y la comunicación constante que ambos mantenían. “Él era muy sociable, a donde iba se relacionaba con todo el mundo. Era simpático, nunca tuvo episodios violentos”, declaró Cáceres.
“Nosotros hablábamos todo el tiempo. Él me comentaba por donde andaba, yo miraba la tele y le avisaba si había algún corte o algún problema, porque a él no le gustaba atrasarse con sus viajes”, relata Cáceres. “Prendí la tele y vi en Canal 9 que en Malabia habían matado a un civil. Le mandé un mensaje [a Romano] para que no pase por ahí porque estaba cortado, y el fallecido resultó ser él”.
La viuda relató cómo, luego de intentar reconstruir el paradero de su marido, llegó al lugar de los hechos en la calle Malabia: “Fui corriendo. Fueron las dos calles más largas de mi vida hasta que llegué ahí. No estaba, ya se lo habían llevado. El auto estaba lleno de sangre, y un periodista de Canal 9 me dijo ‘investigá, acá está pasando algo, están tapando todo’”.
A su testimonio le siguieron el resto de los testigos, dos de los cuales se presentaron vía Zoom. Los relatos fueron mayormente consistentes: olvidos debido al paso del tiempo, una víctima ensangrentada y completamente reducida que aún así continuó recibiendo balazos, y entre siete y ocho tiros contiguos en escasos segundos.
Los allegados de Romano, además, coincidieron en el carácter afable de la víctima. Por ejemplo, Rogelio Sebastián Molina, amigo de Claudio y compañero de trabajo en la misma empresa de traslado, afirmó: “Siempre fue respetuoso, tenía muchas cosas buenas, demasiadas”. Cuando la defensa le preguntó si Romano se encontraba deprimido o consumía algún tipo de droga, Molina respondió: “Siempre lo conocí sano. Iba al gimnasio, se cuidaba, iba con su agua”. En consonancia con esto, Adolfo Javier Quiroga, jefe de Romano, dijo que “nunca hubo quejas de parte de la gente que transportaba. Se desempeñaba bien en el laburo. Nunca me llegó ningún reclamo, ni siquiera un comentario. Él hacía su trabajo, cumplía, se manejaba bien con los clientes”.
Durante las cinco horas que duró la jornada, Ramallo y Barrios repitieron las mismas preguntas a todo aquel que se sentara en el banco de testigos: “¿Romano era violento? ¿Estaba pasando por un periodo de depresión? ¿Qué tipo de ejercicios hacía en el gimnasio? ¿Era musculoso? Describí su contextura física ¿Consumía esteroides? ¿Tuvo alguna vez problemas de consumo?” El relato de Daniel Romano como alguien agresivo y factible de coaccionar a un policía estaba implantado en las preguntas y las nuevas declaraciones de los acusados. Sin embargo, no coincide con la actitud que se ve en las grabaciones ni en los recuerdos, aunque borrosos, de sus allegados.
Sobre la teoría de legítima defensa que sostienen los abogados de los oficiales, Lucía Cáceres afirmó: “Yo soy veterinaria: si hay un rottweiler que muerde, es responsabilidad mía. Como profesional tengo que saber controlarlo sin lastimarlo. Si sos policía, tenes que saber como reducir a alguien sin matarlo”.
A esta primera sesión de debates, le seguirán tres jornadas más, el 12 y el 13 de octubre con más testigos, y el 20 de octubre para dar a conocer los alegatos de cierre.