Seis personas que se manifestaban contra la aplicación del RIGI en la provincia fueron judicializados. También periodistas de medios sociales de comunicación.
Seis ambientalistas fueron denunciados por el vicegobernador de Chubut Gustavo Menna y otros dos diputados de Juntos por el Cambio por amenazas e incitación a la violencia en el marco de las protestas en contra de la adhesión al Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI).
El pasado 15 de agosto se aprobó en la Legislatura chubutense la adhesión de la provincia al RIGI, un nuevo hecho que se suma a las razones de la histórica lucha de los grupos ambientalistas contra la megaminería y la explotación de los recursos naturales en la región.
En el transcurso de esa jornada, un pequeño grupo de manifestantes se acercó a las inmediaciones del lugar para expresar su descontento por esta decisión, y se encontró con un fuerte dispositivo policial que rodeaba la Legislatura. Fue durante el cuarto intermedio, alrededor de las 17, que se dio un acalorado intercambio entre los ambientalistas y los diputados Luis Juncos y María Andrea Aguilera, que en ese momento estaban comiendo en un bar en las cercanías.
Este hecho resultaría en la denuncia de ambos legisladores, más tarde ampliada por el vicegobernador Menna, hacia seis personas: Noelia Silva, Aníbal José Aguaisol, Vilma Beatriz Pérez, Iván Alejandro Marín, Bettina de Fátima Granillo y Luis Alejandro González. La mayoría de ellos son comunicadores sociales y activistas conocidos en la provincia.
Con un buen número de policías que lo rodeaba, y la grabación de una de las imputadas que se encontraba transmitiendo en vivo lo que sucedía, este grupo manifestante se acercó a la mesa de los diputados para comentar las implicancias del proyecto que acababa de ser votado. Y ante las respuestas negativas de los legisladores, y la creciente rispidez de la discusión, es que deciden dar por terminado el conflicto y retirarse tranquilamente del lugar por entre medio del cuerpo policial.
Entre los delitos que se les atribuyen se encuentra la incitación a la violencia, amenazas y la privación de la libertad y agresión a una menor de edad, hija de la diputada Aguilera. Esto fue repetido por muchos de los medios locales más importantes, que se empeñaron en señalarlos como culpables.
En diálogo con ANCCOM, Noelia Silva, una de las imputadas, comentó: “Obviamente lo que ellos denuncian no sucedió. Nosotros ingresamos estando la policía ya adentro del local y salimos completamente tranquilos, lo que demuestra a las claras que no hubo ningún delito en flagrancia, ni ninguna situación de violencia”.
Ante este hecho, se dictaminó una orden de prohibición de acercamiento a los acusados a 500 metros de la Legislatura, los diputados Aguilera y Juncos, y la menor involucrada. Esto, como mencionó Noelia, afecta directamente a la profesión de los imputados: “Entendemos que esto tiene que ver con acusar específicamente a los que somos comunicadores, como una especie de censura para que no podamos acceder a lugares estratégicos”.
Entre los ambientalistas acusados se encuentra el fotoperiodista y psicólogo Aníbal Aguaisol. “Soy licenciado en Psicología y trabajo en el Hospital de Rawson, que está a escasos 200 metros de la Legislatura. A mí me coartaba la posibilidad de poder ejercer mi trabajo”, dijo a esta agencia. De todas maneras, la orden fue posteriormente recurrida por los acusados, que consiguieron recortar el alejamiento a sólo 50 metros.
Modus operandi
Este tipo de situaciones no forman parte de un hecho aislado sino que a lo largo de los últimos años en la provincia de Chubut los sucesivos gobiernos han realizado numerosas denuncias a grupos ambientalistas, que en su mayoría evolucionaron hacia la inocencia de los implicados.
En diciembre de 2021 hubo en toda la provincia durante una semana una sucesión de paros, manifestaciones y represiones en el marco de la aprobación de la Ley de Zonificación Minera, que permitía el extractivismo y la megaminería en la región, a pesar de la existencia de normativas previas que lo prohibía. Este suceso se saldó con numerosos vecinos imputados con delitos de obstrucción o de provocar incendios, entre otros.
Hoy son ocho los que aún quedan procesados. El pasado 22 de agosto, la jueza penal de Comodoro Rivadavia María Laura Martini resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba de los acusados. Este hecho provocó un ardid mediático dentro de la provincia y alrededores con el fin de desacreditar la figura de la misma jueza y repudiar su accionar.
“El Chubutazo”, como es denominado popularmente fue, en palabras del diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Santiago Vasconcelos, “una de las máximas expresiones en materia de lucha en defensa del ambiente”, donde una enorme pueblada sin precedentes consiguió derrotar el intento de introducir ilegítimamente la megaminería en la provincia.
El diputado agregó que “hubo una represión salvaje, y ahora hay una persecución en términos judiciales a los vecinos que participaron en las revueltas”. De eso se trata la estrategia que tomó el gobierno de Mariano Arcioni, y que continúa el actual gobernador Ignacio Torres. “Es vergonzoso cómo se alineó el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y el cuarto poder que es la prensa en contra de un grupo de vecinos para criminalizar la protesta y correr el eje”, apuntó.
Vasconcelos describió que “se hizo toda una campaña con todos los medios ligados al oficialismo y con el peso del Estado para criminalizar la protesta, porque además ni a los vecinos ni a mí nos llamaron para contar nuestras distintas versiones”.
Lo que se cuenta en los principales medios de Chubut es sólo una parte de la historia, mientras que sistemáticamente han ido silenciando la otra. Los mismos vecinos entrevistados comentaron que todo este “circo mediático” ha provocado una tendiente ola de descreimiento hacia estos medios por parte de la población general.
De todos los casos judiciales ninguno ha prosperado lo suficiente como para dar la razón al discurso del oficialismo. Sobre el caso de las protestas en contra del RIGI, Aguaisol expresó: “Estoy convencido de que esta denuncia no va a prosperar porque no hay elementos que permitan que esto se sostenga. Lo que preocupa es la utilización de la justicia para proscribir a comunicadores como es mi caso”.
Las continuas luchas por la protección del medioambiente en Chubut están lejos de cesar, la nueva adhesión al RIGI es prueba de ello. “Esto es la devastación total por treinta años, que la decide un gobierno que lo debate por una hora y que tiene un mandato por cuatro años”, explicó Silva. “Se entregan todo tipo de bienes, por mar, tierra y por subsuelo; mata a todas las industrias”, añadió.
Esta decisión implica dejar el ecosistema de la provincia a merced de las intenciones de la megaminería, y atenta contra las vigentes leyes medioambientales, que fueron en su momento importantes conquistas para los vecinos chubutenses. “La ley a la que se está adhiriendo establece que cualquier ley provincial que impida algún proyecto es nula y que cualquier litigio se resuelve en tribunales”, agregó el diputado Vasconcelos.
Y son muchas las consecuencias que ya ha provocado la megaminería en Chubut. El Lago Colhué Huapi, por ejemplo, al sur de la provincia fue secado casi en su totalidad por factores extractivistas. Grandes crisis hídricas azotan los campos de la provincia hace muchos años, y comprometen también el normal desarrollo de la vida de muchos vecinos que durante el verano tienen que sobrellevar épocas de duras sequías que los obligan a buscar nuevas formas de abastecerse de un recurso tan indispensable como es el agua.
