La asamblea de discapacidad del pasado fin de semana se declaró en estado de alerta ante el anuncio de despidos y el vaciamiento de la ANDIS. Además, denunció que su problematíca no es tomada en cuenta en la esfera pública.
Desde abril se realizan asambleas frente a la Agencia Nacional de Discapacidad.
Discapacidad desde adentro. Este sábado se llevó a cabo una nueva Asamblea de Discas en Lucha. Se reúnen cada quince días en la Plaza del Congreso, alternando la modalidad virtual y presencial. La Asamblea es horizontal, la prioridad de la palabra es de los discas, está organizada y llevada a cabo por ellos. Es su espacio de organización política.
“Estamos en estado de alerta permanente”, dicen en la reunión que se realizó por Zoom debido a las inclemencias climáticas. Los temas que discuten las casi 30 personas asistentes son varios. De manera ordenada levantan la mano y tomando la palabra. Una frase se repite: “No estamos en agenda”. Las preocupaciones rondan en que “no logramos que otros sectores nos acompañen”, “tenemos que pensar de manera integral porque la lucha de otres compañeres también es nuestra, las jubilaciones y pensiones, los despidos, el vaciamiento de la ANDIS, todo nos afecta” dicen algunos y otros asienten. “No puede ser que no se solidaricen como lo hacemos nosotres, sólo lo hacen las ramas sindicales más combativas” retrucan. Otro cuenta que quiere movilizarse pero no puede porque “ya me dijeron en el trabajo que si me ven en una marcha me ponen de patitas en la calle y yo no me puedo quedar sin trabajo, éstos te graban todo”. Y alguien remata, “la discapacidad es prioridad solo si te toca”.
Discuten sobre la embestida del Gobierno y organizan acciones de visibilización de sus problemáticas, entre ellas la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde caerán los contratos de los trabajadores el último día de septiembre. Al respecto, dicen: “Les que aún están trabajando, tienen que saber que nosotres estamos afuera, en pie de lucha”. Hace dos meses se organizó una radio abierta en las puertas del organismo, ahora piensan cuáles son los pasos a seguir para esta caída de contratos, que destacan que es un problema “en toda la administración pública”.
En cuanto a la posible eliminación del monotributo social, cuentan que al mes de noviembre del año pasado, el 84,7 por ciento de personas con discapacidad estaba desempleado y que ante el trabajo precario utilizan al monotributo para poder tener una cobertura y el aporte jubilatorio. Además, debatieron la desregulación del nomenclador de prestaciones básicas que habilitaría a cada prestador a fijar su propia tarifa para atender a las personas con discapacidad tanto en educación, transporte y salud.
También están en alerta por los cuestionamientos a las pensiones. Concretamente, el gobierno de Alberto Fernández y la anterior gestión de la ANDIS están denunciados por la supuesta irregularidad en la entrega de 300 mil pensiones y desde el Ejecutivo aluden que esa cifra es muy alta. Lo que no tienen en cuenta es que 170 mil son pensiones restituidas que el gobierno de Mauricio Macri había quitado. Laura Alcaide, activista por los derechos de las personas con discapacidad, integrante de Orgullo Disca y de la Asamblea Discas en Lucha, al ser consultada sobre la posible baja masiva de pensiones manifestó que “la operatoria de este gobierno no es verificar y después sacar si hay irregularidades, sino cortar a todes y luego verificar”. Señaló que es un modelo que reproducen en otras áreas, como con los supuestos “comedores fantasmas”, que aún continúan sin recibir los alimentos. La activista puntualizó que “la pensión es un derecho básico y si a la persona le sacás la pensión la condenás a muerte. Esto es genocidio en tanto te amenazan que te van a desregular el nomenclador, no están entregando la medicación para personas con enfermedades crónicas, están revisando la cantidad de voltios a las que pueden acceder les electrodependientes y quieren auditar las pensiones”. “Nosotres no inventamos discas”, manifestó Alcaide.
Para la Asamblea es muy importante pensar a la discapacidad de manera transversal, esto significa que hay cosas que los oprimen en tanto personas con discapacidad, pero a su vez, se les multiplican las angustias por sus contextos. Ilustran, por ejemplo, que una persona con discapacidad que vive en una villa y que tiene que ir a un merendero, posiblemente tenga un sistema de opresiones mayor que el de la persona que vive en un barrio con asfalto, con agua potable, con el baño adentro de su casa. Lo mismo si se trata de una persona que vive en ruralidad, o con las personas de la identidad marrón, o no heteronormativa, entre muchas otras. Las opresiones se interseccionan, por consiguiente con todas las políticas o las no políticas o las antipolíticas les embisten actualmente.
Maive Carone Fernández es una de los 340 trabajadores despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Comentó que a fines de septiembre se vencen nuevamente los contratos de los trabajadores de ANDIS como de otros sectores de la administración pública. En agosto, en la Agencia despidieron a tres trabajadores que se suman a la larga lista de personas que recibieron el telegrama. Según pudo saber ANCCOM, los despedidos no cuentan con el apoyo de quienes aún conservan sus puestos de trabajo. Les es muy difícil poder lograr movilización y solidaridad por el contexto que todos atraviesan y por el agravante con el que concuerdan todos los consultados, la discapacidad no está en agenda.