Veintitrés organizaciones defensoras latinoamericanas elaboraron “De pies a cabeza. El uso letal de las armas menos letales en las protestas sociales» que analiza la represión a la protesta en el continente.
El miércoles 28 de agosto, mientras la Policía Federal golpeaba a los jubilados y jubiladas en el Congreso, no muy lejos de ahí se presentaba el informe “De pies a cabeza. El uso letal de las armas menos letales en las protestas sociales en América Latina”, con un panel organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y Temblores ONG, de Colombia. Los oradores fueron Victoria Darraidou del CELS; Alejandro Rodríguez de Temblores ONG; Felipe González, oficial de derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y Gina Romero, relatora de libertad de reunión de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).
Este documento recupera el trabajo realizado por 23 organizaciones y fue presentado el 9 de noviembre del 2023 en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar y demandar controles y regulaciones sobre el uso de las “armas menos letales”. El escrito releva y sistematiza patrones de un ejercicio criminal al emplear estas armas en contexto de protestas sociales. El informe se refiere a las que tienen características que sin ser de fuego revisten letalidad en su uso: gas pimienta, balas de goma, camiones hidrantes.
Quienes las producen, comercializan y las usan se refieren a ellas como “armas no letales”. Bajo esta idea de menor letalidad es que se produce un uso extendido y desregulado, en contextos de protesta social, de estos armamentos. A su vez, se da en un marco en que los gobiernos de la región que ven a la protesta social y a la expresión de manifestarse en la calle como un delito y estigmatizan a que quienes protestan caracterizándolos como violentos y terroristas, a quienes es necesario reprimir y desorganizar.
El estudio nace de una preocupación compartida por distintos países de la región que observan cómo los Estados no están garantizando los derechos y garantías de huelga, reunión y protesta. El texto también hace hincapié en cómo los gobiernos adquieren estas armas, en cómo el uso de fuerza es más letal según la población a la que se reprime, que el uso masivo de estas armas genera un uso indebido en donde muchas veces no existen protocolos de uso y la capacitación es casi nula.
También, es notorio como desde los gobiernos no se producen cifras sobre las víctimas de estas armas, sean muertos o heridos. En síntesis, quienes elaboraron el informe reclaman la necesaria rendición de cuentas por parte de quienes monopolizan el uso de la fuerza.
Al finalizar la presentación se abrió el micrófono a dudas, consultas, preguntas y debate. Entre quienes tomaron la palabra estaba Amy Booth, periodista del Buenos Aires Herald especializada en política, derechos humanos y desarrollo global en América Latina, quien se preguntaba sobre qué rol tendría que asumir la prensa en este contexto. Mientras que Matias Molle, diputado del frente Unión por la Patria, consultaba sobre si existían ejemplos de buenas prácticas de estas armas. A su vez, otro participante del público abrió el debate en torno al concepto empleado por los expositores durante la charla, el de pacificidad de la protesta.
En cuanto al rol del periodismo los panelistas resaltaron el valor del fotoperiodismo para atestiguar los hechos ocurridos y las violencias ejercidas por parte de las fuerzas policiales hacia los ciudadanos que ejercen su derecho a huelga. También subrayaron la importancia de las narrativas públicas que se realizan en torno a la protesta, porque muchas veces se crea una especie de profecía autocumplida en donde estos estereotipos que se crean en primer instancia a nivel discursivo luego buscan ser convertidos en realidad.
Con respecto a ejemplos de buenas prácticas de las armas menos letales, los oradores nombraron a Ecuador como un buen ejemplo en cuanto a una regulación que tiene en cuenta muchos de los contenidos de los tratados a nivel global en cuanto a derechos humanos.
Sobre el concepto de pacificidad de la protesta se dio un intercambio entre los expositores y el público en donde se preguntaron: ¿cuándo una protesta deja de ser pacífica? Y si dejara de serlo, ¿qué pasaría? ¿Cuál debe ser el accionar de las fuerzas policiales frente a ello? Y, en relación al rol de la prensa titulando noticias con expresiones como “Grafitti violento», el interrogante fue: “¿Qué es violencia, un grafiti?”
La organizaciones que elaboraron el informe
Las 23 organizaciones que participaron de la elaboración del informe son: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina; Temblores, Colombia; Justiça Global, Brasil; Terra de Direitos, Brasil; Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Colombia; ILEX Acción Jurídica, Colombia; Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas, Colombia; Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Colombia; Observatorio Ciudadano, Chile; Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera, Chile; Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos, Chile; Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador; American Civil Liberties Union (ACLU), Estados Unidos; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Honduras; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México;Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú; Kilómetro 0, Puerto Rico; Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela; Omega Research Foundation; Amnistía Internacional; Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).