Comenzó el juicio contra cinco ex militares de la Fuerza Aérea acusados por 131 crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Mansión Seré, RIBA y otros centros clandestinos de detención de la zona oeste del Gran Buenos Aires.
“Estar ahí fue algo que necesitaba, muy importante poder estar mirándolos en estas condiciones”, declaró en diálogo con ANCCOM Guillermo Perez Roisimblit, nieto recuperado, parte de la querella de Abuelas en la Megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, que acaba de reiniciarse. En este sentido, reflexionó acerca de una foto que se publicó ayer donde se ve a los genocidas observando el momento en que él sonríe junto a Iris Avellaneda, madre de Plaza de Mayo: “Nuestra venganza es ser felices”, apuntó y a la vez reflexionó que si bien el término venganza o revancha no condicen con la militancia de Abuelas, funciona para este acontecimiento.
En el Juzgado Oral Federal N°5 de la localidad de San Martín se llevó a cabo este martes 27 la primera lectura del requerimiento de elevación a juicio de la Megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, que es el resultado de la combinación de dos causas de lesa humanidad diferentes: la primera de ellas, elevada en 2020, por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, por las que responden José Juan Zyska, cabo primero de la Brigada Aérea de El Palomar; Julio César Leston, cabo primero de la Regional de Inteligencia RIBA; Juan Carlos Herrera, teniente en la Brigada Aérea de El Palomar; y Ernesto Rafael Lynch, capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno. Mientras que en la segunda causa se involucra al genocida Juan Carlos Vázquez Sarmiento, cabo principal encargado de la sección de contrainteligencia de la RIBA, condenado por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro. Durante décadas, hasta 2021, Vázquez estuvo prófugo; actualmente responde en esta causa por los crímenes de secuestro y privación ilegítima de la libertad cometidos puntualmente contra José Manuel Pérez Rojo, su pareja Patricia Roisinblit, y Gabriel Pontnau. Además, fue identificado como uno de los represores que participó del secuestro de Guillermo Roisimblit, nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Las imputaciones detalladas en el documento son por delitos perpetrados por los cinco acusados contra 131 víctimas en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Subzona 16, integrado por los centros clandestinos de detención: Mansión Seré –hoy Casa de Memoria y Vida– el destacamento de Paso del Rey, la comisaría de Haedo, Moreno, Morón y Castelar, la VII Brigada Aérea de Morón, la Subcomisaría de Francisco Álvarez y la I Brigada Aérea de Palomar, todas piezas de un circuito macabro y tormentoso durante la última dictadura militar. En la lectura se destacó los dos niveles de tortura a las que fueron sometidas las víctimas: primero la detención ilegal y la privación ilegítima, segundo la tortura física y alevosa.
La sesión fue llevada a cabo en la sala que se utiliza para causas complejas, mismo lugar que tendrá el resto del juicio. El tribunal estará integrado por las juezas María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y el juez Walter Venditti.
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y la prensa estuvieron presentes. La sala estaba llena, tan repleta de personas, que tuvieron que agregar sillas adicionales. De un lado se encontraban las querellas y los fiscales, del otro los imputados y sus defensas. En la transmisión vía YouTube que realizó FM En Tránsito junto a La Retaguardia, que relató el locutor Fernando Tebele, se destacó el papel comprometido de los medios alternativos que se encomiendan a estás coberturas: le da sentido a la existencia de los medios comunitarios”, comentó Tebele y agregó que “contribuyen a qué estos hechos no se olviden”.
Los anticuerpos de nuestra joven democracia
En torno a este contexto negacionista y apologeta de la dictura que ha estado resurgiendo en el último tiempo por el advenimiento de un partido político –La libertad avanza– que lo legitima, han sucedido una serie de acontecimientos que resuenan por su alevosía: la visita de los diputados libertarios a los genocidas presos en Ezeiza, entre los que se encontraba Vázquez Sarmiento, imputado en esta causa. “La espuma no baja”, expresó Pérez Roisimblit sobre el reclamo popular que ha surgido a raíz de este intento de consagración negacionista. “Como la espuma no baja, van a tener que dar una respuesta institucional, crear una comisión investigadora”, agregó en referencia a la articulación entre la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Reglamento, que repondrá los hechos acontecidos no solamente el día de la visita, sino en el último tiempo. “Se les volvió un pelotazo en contra”, concordó Pablo Llonto, abogado de derechos humanos, en diálogo con ANCCOM, y agregó que “la visita fue la punta del ovillo que permitió desandar todo lo que había ocurrido antes”, en referencia a un intento sostenido de conseguir medidas de impunidad. El abogado también enfatizó que este hecho repudiable no pudo ser consagrado socialmente por sus ejecutores debido al consenso inclaudicable que existe en la sociedad argentina sobre la condena a los represores y la resolución de que “hasta el último de los responsables de esos crímenes gravísimos debe ser juzgado”.
“Hay todo un proceso judicial que ha permitido acreditar de manera indiscutible que estos hechos sucedieron, que las violaciones, los secuestros, homicidios y el robo de bebés como práctica sistemática, son un hecho”, enfatizó Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con ANCCOM. En cuanto al repudio popular que ha suscitado un escándalo político añadió: “Subestimaron al pueblo argentino creyendo que les daba lo mismo, que iba a poder ser capitalizado como un logro”, reflexionó Villella haciendo hincapié en que las consignas de Memoria, Verdad y Justicia son una bandera más que consolidada.
“Cada vez que arranca un gobierno de derecha, la fuerza o el envión que tenían los juicios merma”, reflexionó Pérez Roisimblit. A su vez, destacó que no es el primer intento desde la recuperación democrática en el que se busca consagrar la impunidad a los ejecutores del terrorismo. “Tuvimos momentos bravos de impunidad absoluta, en los 90 con los genocidas libres, intendentes o gobernadores electos, como el caso de Bussi en Tucumán”, sostuvo Llonto, que trazó diferentes paralelos entre las décadas pasadas y la construcción de la memoria. En el mismo sentido, Roisimblit destacó que este gobierno ha superado a los demás por un tema central: la disolución de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, organismo que se encarga de la búsqueda de los hijos de desaparecidos nacidos durante el cautiverio: “Este gobierno desarticula políticas para la búsqueda de niños que fuimos robados durante el terrorismo”, acusó Roisimblit. En este sentido, Llonto también se detuvo en la gravedad de este hecho: para el abogado seguirán sucediendo cuestiones similares “hasta que se le ponga freno desde la justicia o caiga este gobierno”.
Por otro lado, las juezas hicieron hincapié en la continua postergación del juicio y se lo atribuyeron a una cuestión de agenda. El juicio estuvo en inicio programado para diciembre 2023, mayo 2024 y finalmente se realizará a partir de agosto. En este sentido, sobre la dilatación en el tiempo para el enjuiciamiento a los represores, Llonto puntualizó en el miedo que se siente ante la posibilidad de que el juicio no ocurra por una pérdida en la capacidad cognitiva del imputado o su posible muerte: “Es cuando el esfuerzo hecho por las madres y familiares y sobrevivientes durante décadas para identificar a un represor, queda diluido”.
Villella, por su parte, consideró que un juicio de esta envergadura requiere un gran tiempo de preparación. Además, enfatizó su confianza en el compromiso de los jueces de la causa que llevan adelante un trabajo de forma decidida en torno a la cuestión de derechos humanos.
El martes 9 se lleva a cabo la próxima jornada donde se dará inicio a los alegatos en los que declararán Mariana Eva Pérez y Guillermo Pérez Roinsinblit. Los genocidas también tendrán la oportunidad de hablar y aunque no suela suceder, podrán utilizar el espacio para brindar información de los crímenes registrados en la causa. “Hay muchas familias que aún están esperando saber donde están los restos de sus familiares”, sostuvo Villella y enfatizó: “Seguimos buscando a más de 300 hijos de desaparecidos”.