Legisladores reunidos en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento fracasaron una vez más en el intento de crear una comisión que investigue la visita de los legisladores de La Libertad Avanza a los represores condenados en la cárcel de Ezeiza.

Los legisladores que conforman la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento volvieron a suspender la conformación de una comisión especial para investigar a los diputados del bloque La Libertad Avanza que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad, en el penal de Ezeiza.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato del PRO, fue presenciada por distintos representantes de organismos de derechos humanos como Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo, quien además fue la primera en tener el uso de la palabra: “Venimos a exigir que realmente este deplorable episodio que ocurrió con los diputados que fueron a visitar a los genocidas, o sea a sus amigos, que directamente se los expulse”, pidió Almeida ante la comisión.
Margarita Cruz de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, se sumó a la petición de Taty Almeida y denunció que no todos los represores fueron juzgados: “Se comprobó que hubo 800 centros clandestinos de detención y hay un promedio de dos represores por centro clandestino de detención, y no dan las cuentas porque para que funcione un centro clandestino de detención hay toda una articulación sistemática desde el que abre a la puerta hasta el que enchufa la picana”.
“Desde lo ético, desde lo moral, desde ahí es que nosotros cuestionamos que no tienen que seguir formando parte de esta Cámara, que el nombre completo es Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ellos ya perdieron todo tipo de honorabilidad”, declaró Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido, en diálogo con ANCCOM.

Mientras adentro del establecimiento los diputados debatían, a las afueras del Congreso, sobre Avenida Rivadavia, un grupo de jubilados, que se encontraban protestando en contra del veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria que anunció el presidente Javier Milei, fue reprimido con gas pimienta y golpeados por la Policía Federal. Si bien algunos diputados decidieron retirarse de sus sillas para observar qué sucedía, la comisión continuó con normalidad.
Después un largo debate, los legisladores aprobaron la propuesta de Juan Brugge, de Encuentro Federal, quien solicitó convocar una nueva reunión de las comisiones de Peticiones y de Asuntos Constitucionales para debatir si se conforma una comisión especial.
Sin embargo, antes de que esta petición sea aprobada, la diputada Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, rechazó que el libertario Nicolás Mayoraz presida la comisión de Asuntos Constitucionales porque tuvo participación en los chats donde se organizó la visita a los represores. Finalmente, Mayoraz Aceptó que la diputada Maria Eugenia Vidal, del PRO, sea quien ocupe su lugar. Además, rechazó que exista “un plan de impunidad”, tal como lo acusó Moreau.
“Indudablemente hubo un retroceso, pero creemos que tienen que reflotar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia con la lucha de los distintos organismos, de los distintos actores y del pueblo. Lamentablemente siempre ha sido así; nosotros no hubiéramos llegado a tener la democracia que tenemos si no hubiéramos estado todo el tiempo levantando estas banderas y reclamando por un poco más de justicia. Si el pueblo no sale a la calle, no salea pelear como las Madres y las Abuelas, no podemos llegar a ningún lado”, finalizó Guillermo Pérez Roisinblit.
