Por Lucila Rojas Moreyra
Fotografía: Prensa Senado

Con una novedosa mayoría de dos tercios, compuesta por legisladores de Unión por la Patria, una parte del radicalismo y fuerzas provinciales, el Senado de la Nación aprobó la reforma que busca actualizar, al menos una parte, de los haberes de los jubilados. Dura derrota del gobierno de Javier Milei que amenaza con vetar la norma.

La reforma a la fórmula previsional que aprobó hoy la Cámara de Senadores establece una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incluye una compensación por única vez del 8,1 por ciento e incrementos anuales equivalentes a la mitad del aumento de los salarios, que supere la inflación. La sanción de esta norma implica una dura derrota política para el gobierno de Javier Milei.

El objetivo de la norma, según el senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria –quien luego debió retirarse del recinto por el fallecimiento de su madre–, es recuperar y mantener el poder adquisitivo de los jubilados, quienes actualmente enfrentan serias dificultades para cubrir la canasta básica debido a un retraso en los ajustes desde diciembre de 2015. Recalde señaló que los recursos para solventar esta situación están disponibles, pero se destinan a otros fines, y consideró que aprobar esta ley es una cuestión de justicia social.

El debate duró casi cuatro horas y 22 senadores hicieron uso de la palabra. Hubo opiniones y posturas mixtas, pero en general favorables a la sanción. Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, expresó: “Este proyecto no debería tener más dilación, es una medida que únicamente busca ayudar a la población más vulnerable, los jubilados y jubiladas”. El oficialismo, minoritario en la Cámara, buscó modificar y eliminar artículos, entre ellos el número 3, que propone la compensación de 8,2% aplicado desde julio y no retroactivo a febrero.

Finalmente, el proyecto fue aprobado con 61 votos a favor y 8 en contra. Los dos tercios le condicionan la posibilidad del veto presidencial, anunciado en la previa por el propio Milei: “No entregaré el déficit cero. Una parte del Congreso muestra una vocación sistemática por destruir el equilibrio fiscal, lo cual conlleva a la pérdida de valor de los bonos y con ello suba el riesgo país y la tasa de interés. Si cedemos a los delirios políticos volverá la inflación y continuaremos por el camino de la decadencia que iniciamos hace un siglo, lo cual nos ha empobrecido brutalmente”, había posteado días atrás en la red X.

Los dichos del mandatario fueron ratificados a su turno por el vocero, Manuel Adorni: “Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va, por supuesto, a vetar”. Pero al haber sobrepasado los dos tercios en Diputados y en el Senado, ambas cámaras podrían impugnar el veto presidencial.

El bloque libertario, en tanto, se propuso eliminar varios artículos para mitigar el impacto fiscal. Bartolomé Abdala calificó la flamante ley como un reclamo netamente político y pidió por una normativa que no sea susceptible de veto. No obstante, pese a las advertencias del Gobierno, el proyecto avanzó y se aprobó.

¿Aumento o congelamiento?

Tras la sanción de la movilidad jubilatoria, el debate continuó con el “dietazo” de los senadores –cuyo ingreso mensual alcanzaría los 9 millones de pesos–, un anuncio que provocó el amplio rechazo social.

Convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, la sesión especial se centró en la discusión de dos propuestas, una de ellas del senador formoseño José Mayans, que plantea un tope equivalente a 20 salarios mínimos, lo que reduciría significativamente el monto a un aproximado de 5 millones. La otra propuesta, impulsada por el cordobés Luis Juez y respaldada por el PRO y La Libertad Avanza, propone revertir los aumentos anteriores y fijar las dietas en menos de dos millones.

La decisión del cuerpo fue congelar los haberes de los senadores hasta diciembre. La resolución, aprobada por mayoría, establece que toda actualización sea suspendida. Así, los legisladores seguirán percibiendo un ingreso mensual de unos siete millones de pesos. Veinticinco veces más que un salario mínimo.