La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara a la educación como un servicio estratégico esencial. Sindicatos y funcionarios de la oposición advierten que la norma va en contra del derecho a huelga y la legislación internacional. También reclaman al oficialismo inversión en la educación. El impulsor del proyecto insiste.
El sistema educativo se encuentra en estado de alerta tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que reglamenta a la educación como un servicio estratégico esencial. La norma, entre otras cuestiones, tiene como objetivo garantizar la apertura de todos los establecimientos educativos todos los días que establecidos en el calendario lectivo y una asistencia del 30% de docentes los días de paro, proporción que se incrementa a medida que aumenten los días de medidas de fuerza.
“Nosotros entendemos que la educación no es un servicio, es un derecho y que en realidad a lo que apunta esta ley es a prohibir el derecho a huelga”, explicó Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). En esta misma línea se mostró, Alberto Sileoni, ex ministro de Educación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y actual director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que detalló: “El objetivo de esta norma es el disciplinamiento de las organizaciones gremiales, es regular un derecho constitucional. La educación es un derecho universal para ciudadanos y ciudadanas y no un servicio para clientes, para pocos”.
La medida fue impulsada por el exministro de Educación y actual diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, y obtuvo 131 votos positivos, mayoría constituida por la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, ante 95 negativos, correspondientes a Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Además, hubo dos abstenciones. El proyecto declara que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo y pone el foco en los días de clases perdidos por las distintas medidas de fuerza directas o indirectas del personal docente y no docente que afecten al calendario y desarrollo curricular establecido.
En diálogo con ANCCOM el legislador del PRO explicó el motivo de su proyecto: “Declarar a la educación como servicio estratégico esencial para garantizar el derecho a educarse fue el punto de equilibrio que encontramos ante el conflicto de derechos: el derecho a huelga y el derecho a la educación de los niños y adolescentes”. En contraparte, Sileoni crítico de la media sanción aprobada sostiene que “las medidas no pueden ser zócalos de TV o medidas efectistas, tienen que ser de verdad, tienen que tener profundidad, por tanto, tampoco creemos que la educación sea esencial para este gobierno. Si no, no la estarían desfinanciado”. Sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, profundizó: “Tenemos 1.000 obras paradas por Nación de las cuales 80 son escuelas, no hay distribución de libros, no hay distribución de tecnología, no hay una política de formación docente, entonces: ¿dónde se ve el aprecio que este gobierno tiene por la educación?”
Para la Organización Internacional del trabajo (OIT), de la que Argentina es miembro, un servicio esencial es aquel cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población, y por lo tanto prohíbe o regula el derecho a huelga. Alesso sostiene que en base a este reglamento hay dos fallos judiciales que dicen que la educación no se encuentra dentro de los servicios esenciales, además detalla: “Este proyecto tiene varios aspectos cuestionables: en primer lugar no puede ir contra la Constitución Nacional y la OIT. Además, en el trámite parlamentario el tratamiento de la ley no pasó por la Comisión del Trabajo o la de presupuesto y solo lo hizo por la Comisión de Educación y, por último, no se dio un debate a fondo, no se tuvo en cuenta la participación de los docentes pese a que pedimos que nos dejaran hablar y algunos legisladores estuvieron de acuerdo. Nos quitaron la palabra y eso que nos estaban declarando como servicio esencial”.
«a lo que apunta esta ley es a prohibir el derecho a huelga”, explicó Sonia Alesso. FOTO: ARCHIVO
En cambio, Finocchiaro explica que la ley no habla de servicio esencial en los términos de la OIT, ya que la norma se refiere a servicio estratégico-esencial y pone énfasis en la palabra estratégico para diferenciar los conceptos. Además, justificó la ausencia de docentes al debate debido al tiempo acotado y a las difíciles negociaciones en las cámaras legislativas para lograr aprobar leyes. “No hay sector más democrático que el Congreso, ahí estamos todos representados y las discusiones las tenemos que dar los representantes en las cámaras, porque para eso fuimos elegidos. Muchas veces las presentaciones lo único que hacen es dilatar las resoluciones”, sostuvo el presidente de la Comisión de Educación en Diputados, quien también se refirió a la necesidad de ampliar el debate ya que “tenemos una escuela del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, algo está fallando”.
Alesso, por su parte, descree de la preocupación del gobierno por la educación y sostiene que “pensar que los problemas de la educación se resuelven sin financiamiento educativo, sin resolver los problemas salariales, sin discutir los temas de fondo y prohibiendo el derecho a huelga, nos parece que es empezar al revés o poner el carro adelante del caballo”; y detalló la difícil situación que atraviesan los docentes: “Venimos desde diciembre sin paritarias que aumenten el piso nacional. Además, el gobierno eliminó de forma unilateral el fondo de incentivo docente, no se están enviando los fondos para infraestructura escolar, no se amplían los fondos para la copa de leche, ninguna de las políticas que tengan que ver con mejorar la educación este gobierno las ha tomado”.
Con todo este panorama, el conflicto entre el Gobierno y el sector educativo está lejos de apaciguarse, a este frente debe sumarse el que mantienen las universidades nacionales que siguen reclamando la emergencia presupuestaria y salarial. “Si el presupuesto sigue subejecutándose y si, además, no aumentan los salarios y la conflictividad lejos de bajar va a subir”, sostiene Alesso, que aunque suene como advertencia es lo que marca la experiencia. El proyecto deberá tratarse en el Senado y para ese momento desde CTERA buscarán informar, convocar y movilizar para evitar su aprobación.