Por Laura Cortez Bernal
Fotografía: Vanina Alarcon

El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó su informe sobre la salud en mujeres campesinas, junto a integrantes de diversas localidades que reclaman políticas públicas e igualdad en el trato. La discriminación, la ignorancia de las distancias y de los saberes ancentrales, entre otros llamados de atención.

lEl Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) presentó el informe “Campesinas: Organización para la salud”, en donde se demuestra cómo es el difícil acceso a la sanidad por parte de las mujeres en pueblos rurales y el rol clave de sus propias organizaciones para garantizar derechos en un Estado ausente. En la presentación de la investigación participaron Marta Greco, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra; Carolina Rodríguez y Rosalía Pelergrini, de Asociación Mujeres de la Tierra y Pamela Moreno del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, entre otras.

“Si bien en la guía inicial, antes de empezar los viajes, plateábamos algo más vinculado a ‘se aprobó la ley del aborto, queremos ver si se está implementado’, después, al salir al territorio, esa inquietud se amplía y se modifica. Ahí es cuando entendimos que no podemos hablar de la salud sexual reproductiva o del aborto de manera aislada, hay que vincularlo con la salud integral porque hay un problema ineludible que es el acceso a la salud”, mencionó Daiana Aizenberg, miembro del CELS en diálogo con ANCCOM.

La investigación recupera testimonios de mujeres en zonas rurales de las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy. Dan cuenta desde la discriminación por parte de profesionales de la salud y de enfermedades causadas pore agrotóxicos hasta la negativa de poder decidir sobre sus propios cuerpos, entre otras realidades que viven las mujeres campesinas en pueblos alejados de las capitales de las provincias.

“Una compañera nos comentaba que tenía que ir al centro de salud a hacer el control de su hijo, iba con sus cuatro hijos caminando cinco kilómetros para llegar y ver si era posible tener un turno para poder hacer ese control, mientras pensaba en dónde se iban a quedar. Es fundamental poner esa dimensión del acceso a la salud en la ruralidad, con la distancia de los caminos”, relató Marta Greco durante la presentación del capítulo titulado “Distancia, salud y cuidados” del informe.

Carolina Rodríguez de Asociación Mujeres de la Tierra, denunció: “La violencia por parte de la persona que está del otro lado en un control médico” y la dificultad a la hora de conseguir turnos para la atención. También resaltó la discriminación que se recibe y la desigualdad en el sector.

Para la presentación del capítulo “Salud sexual y reproductiva en la vida rural”, Aizenberg fue la encargada de dar el inicio al debate sobre el tema. Se mencionó que las políticas públicas existen, pero no están puestas en ejecución. Un ejemplo de esta situación es la falta de comunicación por parte del Estado sobre las unidades sanitarias, en donde falta información sobre cuándo y dónde van a estar presentes para que las personas de las comunidades rurales puedan organizarse a la hora de realizarse un chequeo médico. Y, además, como si esta situación no fuera una odisea, varias personas han comentado que no reciben los resultados de sus estudios médicos luego de atenderse en dichas unidades sanitarias.

El informe señala que las personas gestantes expuestas a los agrotóxicos “tienen el 75% más de probabilidades de sufrir un aborto involuntario durante el primer trimestre de la gestación”.

Los efectos de los agrotóxicos en las poblaciones rurales fue un eje central que se agregó a la investigación, luego de que el tema sea relatado en diversos testimonios. En el informe presentado se menciona que, en el país, las personas gestantes expuestas a los agrotóxicos “tienen el 75% más de probabilidades de sufrir un aborto involuntario durante el primer trimestre de la gestación”.

En la presentación también se destacó que, en varias ocasiones, las mujeres rurales se sintieron desvalorizadas por el personal de salud respecto a sus conocimientos de medicina ancestral, subrayan que ese saber les fue despojado: “Te anulan, te hacen olvidar tu sabiduría. Después ellos se quedan sin remedios, y nosotras sin el pan y sin la torta”, cuenta en el informe Guadalupe, una de las integrantes de la Red Puna (en Jujuy), organización que es parte del MNCI Somos Tierra.

Si bien desde las organizaciones mencionaron que pueden “hacer mucho” también afirman que “sin un Estado presente no es suficiente”. Entre las conclusiones finales del informe se presentaron recomendaciones para políticas públicas, dentro de las cuales se encuentra “Diseñar políticas públicas en salud desde una perspectiva integral focaliza da en las particularidades de la población rural, que considere especialmente las distancias, el modo de vida y la cultura”; “Implementar un sistema integral de cuidados, donde se garantice que brindarlos y recibirlos pueda ejercerse independientemente de la condición social, económica, laboral, de género, de capacidad y de ubicación geográfica”; e “Implementar la normativa existente sobre uso de agrotóxicos y prohibición de fumigaciones en zonas pobladas, sancionando su incumplimiento”.