Un informe presentado en la Facultad de Ciencias Sociales registró más de 300 agresiones directas a personas sin techo por parte de policías o vecinos durante el último año. Historias de despojos a los que menos tienen.
El Registro Unificado de Violencias describe la violencia sistemática que reciben las personas en situación de calle.
“Ser pobre no es ser delincuente”, dice uno de los carteles que acompañan a una alguien que está recostada sobre un colchón dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y que tiene puesto un sobretodo gris, un gorro y guantes de lana. A la persona en cuestión le faltan unas zapatillas y un montón de otros derechos. En verdad, no es alguien de carne y hueso, pero bien podría serlo. Se trata de un muñeco que representa a quienes no tienen una casa donde vivir. “Son personas, no basura a ser limpiada”, dice otro de los carteles que lo rodean. Lo han puesto en el hall de entrada de la las organizaciones sociales englobadas dentro de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle como parte de las acciones por el Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, que se conmemora cada 19 de agosto desde hace veinte años.
“Este informe habla del valor de la vida, de lo que no se puede mercantilizar. Tenemos más fuerza cuando estamos unides. Gracias por elegirnos”, dice Soraya Giraldez, la directora de la carrera de Trabajo Social, a las organizaciones sociales que han venido a contar los resultados del tercer informe del Registro Unificado de Violencias hacia Personas en Situación de Calle (RUV). Al lado de Giraldez está sentada Florencia Montes Páez, militante del colectivo “No tan distintes” y autora del libro Acompañar es político. Ensayo transfeminista sobre la situación de calle, que es quien ahora toma la palabra. “Es una violencia sistemática”, dice para referirse a las injusticias que constantemente atraviesan los sin techo por vivir en la intemperie y no tener ayuda estatal.
Dentro de un rato Jorgelina Di Iorio, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que también está presente, contará que al tercer informe del RUV lo elaboraron las agrupaciones que forman parte de la Asamblea Popular junto con integrantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Dirá que el documento se hizo a partir de relatos contados por los sin techo entre el 16 de agosto de 2023 y el 15 de agosto de 2024, los cuales fueron escuchados por las organizaciones sociales, y también a partir de noticias referidas a la problemática que fueron publicadas en medios de comunicación nacionales dentro de ese lapso.
El ambiente de la Facultad se volverá espeso cuando Di Iorio describa los tres tipos de violencia más comunes que suelen recaer sobre quienes viven en la calle. Dirá que el hostigamiento, robo, maltrato o desplazamiento forzado del espacio público que realizan las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos constituyen la violencia institucional, que los ataques físicos perpetrados por ciudadanos de a pie, motivados por un simple rechazo a quienes viven en la calle, conforman la violencia social y que las lesiones físicas graves que se producen por vivir a la intemperie, como las enfermedades o la mismísima muerte, constituyen la violencia estructural. Pero más se tensará el aire invernal que circula por el hall de entrada de la facultad cuando Di Iorio diga, con ese tono de voz que tienen quienes ya llevan muchas calles recorridas, que del informe surgieron como resultados que entre agosto del año pasado y el de ahora hubo 121 situaciones de violencia estructural, 104 de violencia institucional y 95 de violencia social. Todo eso lo dirá con mucha contundencia dentro de un rato.
«Ponen quince policías para un pobre loco que está arriba de un colchón y te cagan a palos si no se los querés dar, pero para los transas ponen dos policías no más», dice El Punky, que vive en la calle.
Por su parte, El Punky, que vive en la calle, le dirá a esta agencia que “visibilizar violencias está muy bueno, pero no alcanza”. Explicará que ser un cartonero no registrado en una organización como el Movimiento de Trabajadores Excluidos tiene consecuencias. Contará que el Gobierno de la Ciudad determinó que “a los cartoneros que no están en una cooperativa se les tienen que retirar los tachos, porque privatizaron la basura. Mandan milicos con seis meses de registro nacional a laburar, que no saben lo que significa una orden de cateo —dirá El Punky—. Mandan gente ignorante a tener un fierro, que te bardea y te tortura en la calle. Ponen quince policías para un pobre loco que está arriba de un colchón y te cagan a palos si no se los querés dar, pero para los transas ponen dos policías no más, porque los transas son los que pagan las campañas políticas de este país”.
Ahora, mientras Montes Páez les recuerda a los presentes por qué se conmemora el Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, los integrantes de la agrupación Amigos en el Camino reparten alfajores y café a los sin techo que han venido a la facultad también a contar sus experiencias de primera mano. Mientras las personas llenan sus panzas con una merienda caliente repartida con cariño (¿quizá la única comida del día para muchas de ellas?), Montes Páez cuenta que el 19 de agosto de 2004 ocurrió en Brasil lo que se conoce como la “Masacre de Sé”. Ese día, a la noche, quince personas que dormían en la calle fueron atacadas por personal de seguridad hasta el punto de provocar la muerte de siete y ocasionar lesiones graves en las otras ocho. Ese momento quedó grabado para siempre en la memoria latinoamericana y se convirtió en un caso testigo de la violación a los derechos humanos de los sin techo. De ahí que todos los años se recuerda esa tragedia y muchas otras invisibilizadas a través de la efeméride.
Pero no hace falta ir a Brasil ni viajar al 2004 para saber que situaciones así ocurren todo el tiempo y en todos lados. De hecho, a la presentación del tercer informe del RUV vino a hablar también la jueza Natalia Ohman, que cuenta que hace un mes anuló, por considerarlas arbitrarias y violatorias de la intimidad, 125 detenciones y requisas a personas en situación de calle hechas sin orden judicial en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resulta que la policía local, para justificar su proceder, había argumentado que las personas portaban “armas no convencionales”, entre las que se encontraban un destornillador, una varilla, un cuchillo Tramontina, un cúter, una tijera y un gancho. Según las actas de contravención, los motivos de las detenciones y requisas habían sido “actitud sospechosa”, “merodeo” y “control poblacional”. Los detenidos habían sido intimados por la policía a despojarse de esos objetos o se les imputaría el delito de desobediencia, lo que también fue anulado después por Ohman.
“Muchos de esos objetos son para cortar comida y cartón”, aclara Cintia Bernardo, que sabe del tema porque vive en la calle desde hace tres años. En una charla con ANCCOM, Bernardo cuenta que se dedica “al cartoneo y algunas changas” y que suele recurrir a la ayuda de organizaciones sociales como “No tan distintes” y “Abrigar derechos” para subsistir. Dice que el mayor hecho de violencia institucional que experimentó en la calle ocurrió hace un mes. “Me secuestraron el carro”, dice refiriéndose al carrito que usaba para juntar cartón y después venderlo. Cuenta que un día estaba descansando en la Plaza Garay porque la noche anterior se la había pasado juntando desechos. Aclara que en la zona hay mucha competencia con las cooperativas de recicladores urbanos, por lo que a veces necesita duplicar sus esfuerzos para poder quedarse con suficiente cartón como para vender más tarde. “Según los de Espacio Público e Higiene Urbana no podemos estar a las doce del mediodía descansando en una plaza. Yo quería pedirles que no me secuestraran el carro porque había dos policías que lo tenían. Les saqué las manos de la forma más pacífica que pude y terminé en el piso con esposas”, relata Bernardo. Cuenta que, al vivir en la calle, hace pis en un balde para no ensuciar el espacio público ni provocar las quejas de vecinos y que, como defensa, se los revoleó. “Un oficial me dijo ‘Mirá lo que me hiciste’, por dos gotitas de pis que tenía en el uniforme. Mi respuesta fue angustiante porque el carro es mi sustento diario —dice Bernardo—, y en las cooperativas de recicladores no hay cupos. Me sacás mi herramienta de trabajo y no me das otra, me estás incitando a que yo tome otras medidas para mantenerme, como la prostitución, la venta de drogas o robos”. ¿Y hay manera de recuperar el carro? “Para que me lo devuelvan me piden que presente un ticket de compra, y eso no existe. Yo lo compré en una villa, a un pibe que no se quería dedicar más a cartonear. No tengo un ticket”, dice. Un rato antes, una mujer de entre el público había opinado sobre los despojos que se dan habitualmente en la calle. “En la Rosada hay un monstruo que defiende la propiedad privada, pero ¿por qué nadie respeta la propiedad privada de los sin techo?”, había preguntado al aire la señora, pero nadie supo qué decirle.