El territorio mapuche desalojado por la Gendarmería hoy es tierra arrasada donde conviven el miedo de la población y la memoria de Santiago. Las novedades en la causa que abren una nueva esperanza.
A siete años de la desaparición de Santiago Maldonado, las comunidades (Pu Lof) en Resistencia de Cushamen, el territorio mapuche donde fue encontrado su cuerpo meses después, son el reflejo de un recuerdo viviente y de la interminable lucha de los indígenas por sus derechos indígenas.
Si bien los antecedentes conflictivos se remontan a varias décadas, esa zona mapuche contó con la atención de un país entero en 2017 cuando cuatro escuadrones de la Gendarmería Nacional a las órdenes de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich ingresaron al territorio que la comunidad liderada por el lonko (líder espiritual y político) Facundo Jones Huala había recuperado de manos del magnate Luciano Benetton dos años antes. El operativo de los gendarmes, del 1 de agosto, saqueó y quemó las casas y pertenencias de la Pu Lof, y durante esas horas se produjo la desaparición y posterior muerte de Maldonado, que tenía 28 años, era tatuador, anarquista y viajero que se comprometía con las luchas de los lugares por los que pasaba. De hecho, poco antes había participado del conflicto por las salmoneras en Chile.
Actualmente, poco y nada queda de aquella recuperación de tierras. La casilla de vigilancia donde Maldonado pasó la noche del 31 de julio era la última construcción que quedaba en pie y fue incendiada por la policía de Chubut junto a personal de la estancia Leleque, de Benetton, sin dar explicación alguna, a 9 meses de la desaparición de Santiago. El que fuera territorio en disputa, por donde los gendarmes avanzaron al grito “fuego al indio”, ahora predomina la estepa patagónica y casi nadie se atreve a decir en voz alta qué sucedió.
En parte esto es así porque varios de los habitantes de la Pu Lof siguen criminalizados, desfilando por fiscalías, juzgados e incluso cárceles. Los demás temen represalias. El año pasado, Jones Huala fue extraditado a Chile, acusado de haber participado en un ataque incendiario en la región de Los Ríos. Le restaba cumplir un año, cuatro meses y 17 días de pena en Chile, por lo cual debería haber recuperado su libertad el 26 de junio pasado. Pero no sucedió y el referente mapuche continúa sin ser liberado al día de la fecha, por lo que hace ya más de un mes decidió realizar una huelga de hambre en reclamo de su libertad. El 17 de julio fue internado por su grave estado de salud y en las últimas horas los partes médicos comienzan a mencionar el riesgo de fallas en sus órganos. El día 33 de su huelga de hambre, compañeros y familiares del líder se solidarizaron con la causa y convocaron a una ceremonia de limpieza para fortalecer la salud de Jones Huala frente al Hospital Intercultural Nueva Imperial, reclamando también por su libertad inmediata.
“Y eso no queda ahí, con Matías Santana también hay preocupación” declaraba una fuente cercana a la comunidad en diálogo con ANCCOM. El 17 de febrero este integrante de la Pu Lof de Cushamen había sido detenido en pleno centro de Bariloche acusado de dos causas: por participar en los incendios de viviendas en Villa Mascardi y por resistirse a las autoridades en una marcha en el departamento de Cushamen.
Actualmente, el joven de 27 años sigue detenido en Esquel, y sus allegados continúan reclamando su pronta liberación.
Santana estuvo en el ojo de la tormenta pública –incluso en una burlona entrevista televisiva con Jorge Lanata– cuando en 2017 declaró ante la justicia y los medios de comunicación que había visto cómo Gendarmería se llevaba a Maldonado el día 1 de agosto. Gracias a sus binoculares, explicó que lo reconoció porque llevaba puesta la campera celeste que él le había prestado, prenda con la cual Maldonado fue encontrado sin vida el 17 de octubre de ese mismo año.
Voceros de la comunidad en diálogo con ANCCOM manifestaron que las causas contra las mujeres y hombres mapuches que se iniciaron en ese contexto resultaron grandes montajes sin pruebas donde lo único que se vio es la violencia estatal represiva. Los hechos respaldan estas palabras: el 25 de noviembre de ese mismo año la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Y cuatro años después asesinaron a Elías Garay en la Cuesta del Ternero.
Lo último que se supo de Santiago
Santiago había llegado a El Bolsón en abril, y pronto se consustanció con las reivindicaciones del pueblo mapuche. Como recuerda su amigo Ariel Garzi, tenía tres grupos de amigos, los artesanos con quienes compartía su puesto en la Feria donde hacía tatuajes, a veces por trueque en lugar de dinero, los anarquistas que lo alojaban en la Biblioteca del Río, y los mapuche. El 31 se despidió de los dos primeros y se fue a apoyar el corte de la Ruta 40, que la comunidad había organizado en reclamo por la detención de su lonko, Jones Huala, en Bariloche, junto a la mitad de la comunidad, entre ellas Romina Jones Huala.
El Movimiento Autónomo de Puel Mapu ya casi había desalojado el corte de esta vía que recorre Argentina paralela a la Cordillera de Los Andes. Pero Bullrich quería la foto de un mapuche preso, al menos. Así, Gendarmería recibió la orden para despejar la zona, y al grito de “fuego libre” ingresó al territorio habitado por la Pu Lof de Cushamen. Poco rato duró la resistencia con piedras hasta que todos, incluso Santiago, corrieron hacia el río Chubut, luego de buscar su mochila en la casilla. Según varios testigos, Maldonado llega a meterse al río para cruzar pero desiste y vuelve a la orilla. Nicasio Luna, un payador chileno, estaba a pocos metros y fue apuntado por los gendarmes. Él sí logró cruzar. Una testigo personal civil de Gendarmería respaldó en la causa judicial los dichos de Santana: a Santiago se lo llevaron los uniformados de ese lugar, en el que el macrismo a coro sostiene que “se ahogó solo”.
Una lamien (hermana en mapuche) en diálogo con ANCCOM, expresó que ese día un gran desconcierto surgía entre gritos, corridas y el intenso sonido que producían los vehículos acelerando para entrar: “Un grupo perseguía con balas de goma a mapuches que corrían hacia el río. Entre ellos, estaba Santiago. Hoy, a 7 años de su desaparición nosotros no sabemos lo que pasó, cómo murió ni dónde tuvieron su cuerpo. No pedimos justicia, no existe. Pedimos memoria. Estar alertas ante este sistema que persigue e intenta disuadir ideas de comunidad, solidaridad y levantamiento ante el opresor”.
Luego de una desprolija y cuestionada búsqueda, el 17 de octubre de 2017, setenta y siete días después de su desaparición, Maldonado fue hallado muerto en el río Chubut. La autopsia especificaba un fallecimiento provocado por ahogamiento por sumersión en el agua “coadyuvado por hipotermia” y se determinó que su cuerpo siempre había permanecido “abajo del agua y no en otro medio”. Las interpretaciones posteriores no se basaron en la lectura del informe de autopsia sino en las pocas palabras que dijo el juez de la causa, en la puerta de la Morgue, dos días antes de las elecciones: que no hubo intervención de tercero y que no se trató de una muerte violenta.
A pesar de la insistencia de la familia por profundizar los puntos que esa pericia no determinó, y otras medidas que nunca quiso hacer, en noviembre de 2018 el juez federal Gustavo Lleral cerró la causa, determinando una muerte accidental sin responsables. Frente a ello, los reclamos de familiares y conocidos de la víctima, encabezados por su hermano Sergio, nunca cesaron: desde las primeras declaraciones, aseguraron que no se realizó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido, que se trató de una desaparición forzada en medio de una represión desatada en pleno gobierno de Mauricio Macri.
“La novedad es que el juez ha ordenado ampliar los informes de los peritos y peritas que actuaron en la autopsia atento a las contradicciones, las inconsistencias, la falta de explicaciones de las afirmaciones y fundamentación”, dijo la abogada Heredia
Un giro en la investigación
En el último tiempo, la solicitud de una nueva respuesta logró ser concedida para la familia de Maldonado. El pasado 10 de mayo de este año la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia apartó al juez Lleral de la causa y revocó el sobreseimiento de los gendarmes imputados pertenecientes a la Gendarmería. “Hemos perdido más de cinco años desde nuestro pedido en diciembre de 2018 para que apartaran al juez Lleral, un tiempo muy valioso para poder llegar a la verdad. Ahora deberán realizarse las pruebas pendientes ordenadas por la Cámara de Apelaciones así como todas las pruebas que hemos pedido en varias oportunidades y que el juez Lleral se negaba a realizar” expresó la familia en un comunicado.
En las últimas horas, se produjeron novedades en el expediente que ahora está en manos del juez Fernando Calvete. “La novedad es que el juez ha ordenado ampliar los informes de los peritos y peritas que actuaron en la autopsia atento a las contradicciones, las inconsistencias, la falta de explicaciones de las afirmaciones y fundamentación”, dijo la abogada de la familia, Verónica Heredia, a ANCCOM. “Este cuestionamiento lo hicimos desde el mismo 24 de noviembre de 2017 luego de que los peritos de la Corte Suprema nos dijeran que luego de hacer la autopsia no podían afirmar que Santiago murió ahogado el 1 de agosto de 2017 en el mismo lugar donde se encontró su cuerpo. Ésta es la razón por la cual ratificamos que la única hipótesis plausible seguía siendo la desaparición forzada seguida de muerte”, agregó la letrada. Esto se suma a la reciente orden de Calvete de reconstruir cada paso del operativo represivo en Cushamen, en base a una edición de video elaborada por la DATIP (Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración), para precisar la responsabilidad de cada uno y la autoría de casi cien disparos de aquella jornada. “La causa vuelve a empezar”, había dicho Heredia en ese momento
Actualmente Cushamen es el reflejo de un recuerdo y un homenaje perpetuo, donde quedan los murales, algunos vandalizados, con la mirada de Santiago que hicieron los vecinos y sus compañeros.