Patricia Bullrich creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) para patrullar redes sociales y sitios de Internet. Hasta postula “predecir delitos” utilizando algoritmos. La medida genera preocupación por la falta de claridad sobre el manejo de datos y los mecanismos de control.
A través de la Resolución 710/24 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo, que operará dentro de Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, tendrá entre sus funciones “patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet en orden a la investigación de delitos e identificación de sus autores, así como la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad”.
A fines de mayo, mediante la Resolución 428/24, la ministra comenzó a implementar un protocolo de ciberpatrullaje “en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas”, y habilitó a las fuerzas federales a realizar labores «preventivas» en el ciberespacio. Lo novedoso con esta flamante resolución es la utilización de Inteligencia Artificial; el ciberpatrullaje no es una práctica nueva para Bullrich, quien ya durante el gobierno de Cambiemos utilizaba estas técnicas, lo que resultó en varios casos de denuncias y detenciones por amenazas en redes sociales.
Funciones de la UIAAS
Este nuevo organismo estará liderado por el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, Santiago González Bellengeri, e incluirá a las áreas especializadas de las fuerzas policiales y de seguridad federales, cuyos representantes serán designados por la máxima autoridad de cada una de estas fuerzas.
Entre sus principales tareas se incluyen: patrullar redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real utilizando reconocimiento facial, utilizar algoritmos de aprendizaje automático para predecir futuros delitos basándose en datos históricos, identificar patrones inusuales en las redes informáticas para prevenir ciberataques, procesar grandes volúmenes de datos para crear perfiles de sospechosos e identificar vínculos entre casos, utilizar drones para vigilancia aérea y responder a emergencias, realizar tareas peligrosas como la desactivación de explosivos mediante robots, detectar transacciones financieras sospechosas, entre otras.
“La resolución no deja claro qué clase de IA se va a utilizar y estrictamente sobre qué información. Si es sobre acciones que se están desarrollando en el presente deberían estar en el marco de una causa judicial”, comenta en diálogo con ANCCOM Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación entre 2019 y 2021. Y agrega: “Usarlo para perseguir militantes políticos sería delito”.
“El riesgo mayor es el uso de Pegasus, que suele ser vendido para ser utilizado por gobiernos y es un sistema que permite introducirse en apps como Whatsapp, por ejemplo. Esta resolución merece varios pedidos de información pública para ver qué sistema se va a utilizar, sobre qué datos disponibles y demás”, advierte la exministra. El Pegasus es un programa de ciberespionaje que permite acceder a los teléfonos celulares para recabar información e incluso utilizarlos como cámaras o micrófonos, sin que el usuario se percate de la infiltración.
“Es crucial que el debate sobre su implementación incluya la participación activa de expertos en derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y el Poder Judicial, para asegurar que las innovaciones en seguridad no se conviertan en herramientas de represión y control social”, dijo Juan Manuel de Casas, abogado constitucionalista.
Antecedentes y preocupaciones
El ciberpatrullaje no es una práctica nueva en Argentina. Durante el gobierno de Cambiemos, la Policía Metropolitana ya utilizaba estas técnicas, lo que resultó en varios casos de denuncias y detenciones por amenazas en redes sociales. Un incidente notable fue la amenaza contra la hija de Mauricio Macri en 2016, que llevó a la detención de varios tuiteros descontentos con el entonces presidente.
En marzo pasado, desde el Ministerio de Seguridad se ordenó el allanamiento del domicilio de un joven en el barrio de Chacarita tras analizar una discusión que mantuvo en Instagram, en la que amenazaba «con un disparo en la cabeza» al presidente. Para argumentar la peligrosidad del detenido y solicitar a la Justicia Federal el allanamiento, Bullrich indicó que «mediante el relevamiento de sus redes sociales se determinó que demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la antigua Unión Soviética, contando con vínculos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público».
Poco después, en abril, un hombre de 42 años fue detenido en la provincia de Chubut, acusado de amenazar de muerte al presidente y escribir mensajes intimidatorios contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Reacciones y críticas
La creación de la UIAAS con la incorporación de inteligencia artificial ha intensificado las preocupaciones. Bullrich afirmó que existe un vacío legal que la nueva unidad viene a llenar, pero los críticos advierten sobre los riesgos de utilizar tecnologías de IA sin un marco regulatorio claro y específico.
La nueva iniciativa del Gobierno ha generado comentarios irónicos sobre la posibilidad de que la ciberpatrulla termine detectando a los militantes que insultan, hostigan y amenazan a opositores, algunos de ellos muy cercanos al gobierno y hasta con cargos. «Es probable que en las rondas de patrullaje se encuentre con los delincuentes que forman parte de la estructura política libertaria, alentada desde el poder», tuiteó el exdiputado nacional Alejandro «Topo» Rodríguez, quien la semana pasada denunció amenazas por parte de Santiago Caputo. «¿Qué hará la ministra de Seguridad si en medio de la ronda ciberpolicial se cruza con esos delincuentes mileístas?», preguntó.
Además, en el texto no se menciona quien será la empresa que proveerá la IA, donde se almacenarán los datos de las personas, o si habrá un órgano de control. El abogado constitucionalista De Casas criticó la resolución por permitir al Ministerio de Seguridad regular en materia de libertad de expresión, algo que, según él, corresponde al Congreso. “Esta medida abre la posibilidad de perfilar a todos los usuarios de redes sociales y restringir su libertad de expresión”, advirtió.