A siete meses de gestión, el gobierno de Javier Milei tuvo que responder a los cuestionamientos de la Comisión Interamericana de DDHH por la represión policial, la criminalización de la protesta y las restricciones a la libertad de expresión. Lo hizo durante una audiencia solicitada por el CELS, tras la represión a las protestas contra la Ley Base frente al Congreso.
A los siete meses de asumir, la gestión de Javier Milei tuvo que enfrentarse a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos, por la represión policial, la criminalización de la protesta y las restricciones a la libertad de expresión a partir del protocolo antipiquetes. En especial por el accionar de las Fuerzas Federales en las protestas contra la ley bases y el paquete fiscal del 12 de junio.
“Desde que asumió Milei, las personas que salen a manifestarse corren el riesgo de ser reprimidas, detenidas al voleo, imputadas de delitos gravísimos. Hoy el gobierno deberá dar explicaciones”, así convocaba el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los representantes de la sociedad civil. Las justificaciones públicas fueron presentadas por Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Alberto Fohrig del Área de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad.
Damián Loreti, abogado y secretario del CELS, destacó en diálogo con ANCCOM la celeridad de la Comisión para hacer la audiencia: “toma nota de que hay una situación de alarma. Luego de los hechos del 12 de junio, sacó un comunicado de prensa de la semana pasada alertando y ya había habido alguna indicación de preocupación por parte de la Comisión por los hechos que venían pasando”.
Yamile Socolovsky del gremio docente CONADU esgrimió que con el protocolo se pasó de pensar la protesta como parte de los derechos humanos a un delito público y que la protección policial pasó a asumir un rol represivo con medidas agravadas para personas migrantes y quienes asisten con niñes y adolescentes. Lito Borello, representando a los movimientos populares, apuntó a la construcción de un relato estigmatizante y desprestigiador de quienes se organizan. Con la detección de rostros y la detención arbitraria de más de 80 personas se forja una cultura del miedo. Borello sostuvo: “Roto el contrato social, quebrado el estado de derecho, nos alejamos de la verdadera democracia”.
En la audiencia también hizo uso de la palabra Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) para aportar sobre “uso ilegal de balas de goma que causa daños irreparables en la salud”. Además, expuso que en la represión de la Ley Bases del 1 de febrero, mientras relevaba el operativo represivo de las fuerzas policiales para informar a los diputados del PTS que se encontraban en sesión, la policía le disparó al rostro y perdió la visión de un ojo. “Esa represión cruenta tuvo lugar tras el intento de desalojar a quienes nos encontrábamos en las veredas con un claro patrón de disparo al rostro de los manifestantes”, detalló.
Carla Gaudensi de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) denunció ataques específicos a periodistas y fotorreporteros. “El Presidente y su gobierno sostiene un ataque persistente a las y los periodistas con un fuerte sesgo de género. A los 7 meses de inicio del gobierno más de 50 periodistas han resultado afectados por golpes o uso abusivo de armas menos letales”.
Represión en un protesta de trabajadores del INTI.
Para defender el accionar, Alberto Fohrig, funcionario del Ministerio de Seguridad justificó: “El protocolo intenta remediar una serie de falencias que tiene el sistema y que se han agravado en las últimas dos décadas. Estas deficiencias tienen que ver con el intento de alterar el funcionamiento de poderes democráticamente electos. Ocurrió desde 1983 cuatro veces: 1989, 2001, 2017 y 2024. En los dos primeros, los presidentes constitucionales tuvieron que dejar antes su mandato y en los dos últimos casos se buscó mediante la violencia alterar el funcionamiento del Congreso de la Nación, que estaba bajo sesión”. Sin embargo, el protocolo antipiquetes se ha aplicado en momentos que no se estaba sesionando como la protesta en defensa del Cine Gaumont o el mes pasado a los trabajadores de ATE.
Fohrig consideró que el “modus operandi” de la protesta fue igual en todos los casos, ya que hubo “violencia inusitada en las calles, tratando de generar caos con incendios, piedras y violencia que hirieron a las fuerzas de seguridad”. Además, declaró: “gracias a ello, el Congreso pudo sancionar la Ley Bases”. Por la represión del 12 de junio, cuando se trató en el Senado, todavía hay cuatro detenidos.
En esa línea, Baños de la Secretaría de Derechos Humanos negó que haya restricciones a la libertad de expresión y aún luego de escuchar los relatos de la represión sostuvo que todas las fuerzas de seguridad “han actuado de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la ley”. Sobre esto Damián Loreti señaló que negar los problemas con la libertad de expresión no es un buen indicio, pero “es cierto que en una audiencia es difícil que los estados reconozcan responsabilidad o sus incumplimientos. De igual forma, es una mención que hace pensar que no hay percepción concreta de las consecuencias hacia la libertad de expresión y la libertad de reunión que generan las políticas del gobierno”.
Después de casi dos horas de presentación, todos los representantes de la Comisión le advirtieron al Estado Argentino. Jan Jarab, el representante regional del comisionado de la ONU fue contundente: “El derecho a la protesta debe reconocerse como una herramienta vital para la conquista de otros derechos, una característica que la libre circulación no tiene y puede ser compatibilizada por el uso de vías alternas. Las reuniones pacíficas pueden causar impedimentos a la circulación, que son elementos naturales del derecho a la protesta, pero no pone en entredicho su protección. El rol de las autoridades debe ser facilitar y no restringir este derecho”.
El comisionado Stuardo Ralón resaltó que la Comisión ya había expresado el 24 de julio su preocupación por las denuncias de uso desproporcionado de uso de fuerza pública contra personas que participaron en protestas pacíficas y periodistas. Ralón llamó a “garantizar y respetar libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y cumplir los estándares internacionales de uso de fuerza pública”. Respondiendo directamente a los funcionarios, añadió: “Es deber del Estado individualizar a los actores violentos de los que ejercen su derecho de protesta porque garantiza este derecho y protegen los derechos de todas las personas, participen o no” y alentó a la detección de infiltrados.
Familiares de los detenidos durante el tratamiento de la Ley Bases en un masivo acto en Plaza de Mayo.
José Luis Caballero, segundo vicepresidente de la Comisión, le ennegreció el panorama a los funcionarios libertarios: “La Comisión tiene información de que en Argentina está ocurriendo un deterioro grave en relación con la libertad de expresión y con el uso de la fuerzas con despliegues desmesurados y sobre el uso de armas no letales y el daño que pueden causar, y sobre la criminalización de la protesta”. Sobre la resolución 943, también llamado Protocolo antipiquetes, consideró que fija pautas “que van sumamente en contra de los estándares internacionales al desconocer y restringir excesivamente la libre expresión y la reunión pacífica”.
En línea con los denunciantes, argumentó que la protesta es un elemento esencial de la democracia y que la fortalece y añadió que “además de permitirla, deben establecer mecanismos de control de uso de fuerza y tienen la obligación de actualizar los protocolos de adecuación a los estándares”.
Los representantes del Estado tuvieron que aceptar la posibilidad de que la CIDH haga una visita a la Argentina para auditar el accionar de las fuerzas de seguridad y el protocolo de primera mano. Baños declaró que no tiene nada que esconder y siguió defendiendo su accionar y desmereció los aportes de los denunciantes. De hacerse la auditoría, se estaría más cerca de que la Comisión tome el caso para las sesiones ordinarias y que el Estado Nacional tenga que rendir cuentas a los organismos internacionales.