Con su primera ley aprobada en el Parlamento, el gobierno de Javier Milei quedó habilitado para vender varias empresas públicas. La necesidad de dar razones oficiales para volver a los 90.
Le llevó seis meses al Gobierno y ceder en algunas pretensiones pero finalmente la Cámara de Diputados le aprobó en la madrugada del 28 de junio la Ley Bases y el paquete fiscal que la gestión de Javier Milei venía empujando con prisa y sin pausa desde diciembre. El ambicioso paquete de reformas original contaba con más de 600 artículos que atravesaban todas las áreas, desde lo impositivo, privatizaciones, seguridad, reformas laborales, jubilaciones y más. En un semestre de intensas negociaciones -y un rechazo de diputados de por medio- el proyecto fue mermando a una versión más escueta y “suavizada” que la original, que tuvo su aprobación definitiva en el Congreso Nacional, luego que Diputados acompañara la norma con 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto fue el capítulo de las privatizaciones de empresas estatales. Originalmente, se pretendía poner a la venta 40 empresas del Estado, entre las cuales se encontraban YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación. Luego de un intenso tira y afloje -que caracterizó el debate de ley en su totalidad- se redujo a 11 (entre las que se quitó a YPF y al Banco Nación) y finalmente en el Senado se quitaron de la lista a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos.
Según el texto aprobado por el Congreso, las empresas sujetas a una privatización completa son cuatro; Intercargo SAU; Enarsa; Nucleoelétrica Argentina; Yacimientos Carboniferos de Río Turbio. A su vez Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A. quedarán disponibles para su privatización o concesión.
En conversación con ANCCOM, Karina Forcinito, experta en privatizaciones, docente investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Luján y en la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la UBA, afirmó que el plan de Milei está “vinculado con la necesidad de hacerse de reservas y dinero para financiar el programa del gobierno”. Según Forcinito, la decisión de poner algunas empresas estatales a la venta se enmarcaría en la “concepción anarco neoliberal de Milei, donde el Estado es el principal problema de la economía y es por eso que debe reducirse a su mínima expresión”. El mismo mandatario liberal se calificó a sí mismo como “el que destruye el Estado desde adentro” en una entrevista reciente en el medio internacional The FP Honestly.
Forcinito destacó que algunas de las empresas funcionan bien en las manos del Estado: “Intercargo da ganancia, de los corredores viales el 25% de las rutas del país son superhabitarias”. Igualmente, aclaró que todo dependerá de la forma en la que “se desarrollen las privatizaciones y la bajada de línea que determine el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)”, foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión.
La investigadora celebró la quita de Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas a privatizar. Para ella la aerolínea “tiene la carga del servicio universal y asume todas las rutas deficitarias que ningún privado quiere asumir. Si se hubiera privatizado quedarían desconectados muchos lugares”.
Por último, la experta en privatizaciones afirmó la necesidad de poner en discusión los términos de las ventas con “gente que entienda que el Estado, según la Constitución, tiene funciones indelegables que tiene que cumplir en materia de servicios públicos y entienda la diferencia entre un servicio público y uno privado. Lo que pasa es que este gobierno no ve la diferencia, entiende que todo es negocio y no le importa”.
José Castillo, economista, dirigente nacional de Izquierda Socialista y docente investigador de la Universidad de Buenos Aires, conversó con ANCCOM y afirmó que la estrategia de incluir el capítulo de privatizaciones tiene que ver con una necesidad de “mostrar esa imagen de desregulación, una línea ideológica de privatizaciones, que se integra al programa de ajuste estructural clásico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se conforma de tres patas: reforma laboral, reforma jubilatoria y reforma fiscal”.
En relación a esta ley, Castillo aseguró: “Hay una desesperación del gobierno de mostrarle a los organismos internacionales, sobre todo al FMI y a los inversores, que tienen la posibilidad de pasar alguna ley. Desde afuera aplauden el proyecto de Milei pero dudan de su viabilidad política. Milei no está logrando ningún acuerdo político”. El recorte del ambicioso proyecto original de la Ley Bases anuncia lo mismo: Milei tuvo que bajar del “trono” y empezar a hacer concesiones entre los partidos al estilo “casta” para poder lograr apoyo del Legislativo.
Siguiendo a Castillo, el gran desafío que tiene Milei para accionar su plan político es “la estabilización de la economía y no está logrando conseguir esos dólares. El FMI tampoco está dispuesto a prestarle de nuevo a Argentina. Este es el gran problema de corto plazo que tiene el gobierno: no tiene plata ni para pagar las exportaciones hoy, ni siquiera pudo abrir el cepo”. El historial de préstamos y cesación de pagos del país se suma al “miedo que tienen los inversores extranjeros a la gobernabilidad de Argentina. Están de acuerdo con el programa económico pero quieren resultados de estabilización y acuerdo político”, afirmó Castillo. En este sentido, la aprobación de la Ley Bases significa un triunfo; logró finalmente llegar a un primer acuerdo político en su gestión, que podría mandar señales de estabilidad a los inversores extranjeros.
En cuanto al plan a largo plazo del gobierno, el dirigente apuntó: “Está muy claro: que se derrumben los salarios y las jubilaciones, que desaparezca la legislación laboral argentina. Argentina pasaría a ser una economía de enclave, en condiciones de competir con otros países, como los del sudeste asiático. Es un esquema donde vienen empresas extranjeras en búsqueda de mejores precios de producción pero no para mejorar la economía local sino para exportar. Para hacer eso tenés que lograr la tremenda derrota para los derechos a los trabajadores” cerró Castillo.
Las privatizaciones en los ‘90
ANCCOM también conversó con Emiliano Libman, doctor en Economía e investigador asistente del CONICET, sobre el esquema de privatizaciones de los ‘90 y las resonancias con esta ley: “Durante el gobierno menemista efectivamente el esquema de privatización generó una mejora en las cuentas públicas: atrajo ingresos frescos y un atractivo para los inversores internacionales. Buena parte de los activos de las empresas públicas formaron parte de toda la estrategia de reestructuración de la deuda que Argentina y los demás países de América Latina tenían desde los ‘80”. Pero fue una estrategia que sólo funcionó “en el corto plazo para eliminar los problemas fiscales”. Tiempo después y a raíz de la convertibilidad el país volvió a endeudarse y terminó la década con una deuda muchísimo más grande que con la que la había empezado.
“Milei elogia al gobierno menemista, pero el contexto es muy diferente. Hoy Argentina no tiene el mismo acceso al crédito que tenía en los noventa. Queda por verse que si Milei puede sostener el ajuste en estos niveles, que es muy fuerte”, concluyó Libman.