El Gobierno de Javier Milei ahora cesanteó a más de 1.200 trabajadores del INCAA, INTI, del exministerio de Desarrollo Social y el exministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, entre otros organismos, que se suman a los 15.000 despidos que llevaba desde que esta gestión asumió. Fuertes críticas y denuncias desde los gremios y la oposición.
Apenas aprobada una versión reducida de la Ley Bases, el gobierno de Javier Milei sigue desmantelando el Estado. La tensión con los trabajadores estatales se remonta desde los primeros meses de gobierno con cierres de organismos y vencimientos de contratos. Este viernes se convocó a una reunión paritaria y a la tarde llegó una nueva ola de despidos.
El 30 de junio vencen 50 mil contratos que habían sido renovados por tres meses, luego de la primer tanda de despidos del Estado. Dos días antes del vencimiento despidieron a más de 1.200 trabajadores que estaban en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el exministerio de Desarollo Social y el exministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En este último, el 80% del plantel recibió la notificación de despido por mail. Carlos Zapata, diputado nacional de La Libertad Avanza Salta, justificó la medida en diálogo con ANCCOM: “Lamentablemente es una medida necesaria e imprescindible para poder redimensionar el Estado y dejarlo en un tamaño absolutamente manejable para que pueda trabajar con eficacia y eficiencia la relación entre recurso empleado y el resultado obtenido. Hace tiempo ya los políticos argentinos utilizaron el Estado como refugio o como medida de compensar a los militantes que los ayudaron a llegar al poder y así pasar integrar las filas del Estado personas con escasa preparación”.
Le respondió Clarisa Gambera, secretaria de Género de ATE, que explicó a ANCCOM: “Están atacando a las áreas que ellos consideran estratégicas para su batalla ideológica. Es de una crueldad impactante. Esto no tiene que ver con el ahorro, sino que tiene que ver con inscribirse en una agenda de derecha y mostrarle a un sector de la sociedad que arrasa con lo que él dijo que iba a arrasar: las políticas vinculadas a derechos, la promoción de derechos, al trabajo contra la desigualdad, a la protección de personas en situación de vulnerabilidad”.
Desde el Áea de Géneros de Nuevo Encuentro declararon: “No hay políticas públicas de género y diversidad sin trabajadorxs especializadxs. Este Gobierno hace de la destrucción una política de Estado”. Mónica Macha, diputada nacional y miembro de ese espacio, dijo que estos despidos implican un desguace de las políticas públicas de género del Estado nacional y la “destrucción absoluta” de los programas. Además, en diálogo con ANCCOM, agregó: “Tenemos un presidente misógino que viene a restaurar la violencia por motivos de género como política de Estado. La destrucción del Ministerio (de Mujeres, Géneros y Diversidad) es la única promesa que cumplió Milei. No hay un problema presupuestario, hay un modelo social que quieren instaurar”.
Para la diputada de Unión por la Patria, estas medidas dan un mensaje “claro y peligroso”: que la violencia hacia las mujeres y las diversidades no importa. “Pasamos de ser un país de vanguardia en materia de género, a sufrir un retroceso de más de treinta años. Vamos elevar una citación general, que no sea de un único bloque, a Mariano Cúneo Libarona, como responsable de lo que queda de políticas de género”, advirtió Macha.
Para ejemplificar los efectos de “un Estado en retirada del territorio”, Gambera toma el caso de la desaparición de Loan: “Desguazar el programa de trata hace que no se active un protocolo inmediato que hubiera bloqueado las fronteras, desmantelar las políticas públicas vinculadas a la protección de las niñeces contra el abuso hace que no haya respuestas ni preventivas ni de intervención con la familia o de respuesta inmediata cuando la situación se agravó. Retirar al Estado del territorio y desmantelar las políticas públicas de protección de derechos tienen consecuencias concretas en la vida cotidiana de las personas por más que haya triunfado una narrativa que habla de que el Estado no sirve para nada. La realidad es que vamos a estar todas las personas más desprotegidas a partir de hoy. Las mujeres, las niñeces y adolescencias en particular con el desmantelamiento de todas estas áreas”. Además, recalcó que entre los despedidos, hay gente con más de 16 años de trayectoria, que están trabajando en esta temática desde antes de la conformación del Ministerio.
En esa línea, Luci Cavallero del colectivo Ni Una Menos, declaró a ANCCOM que “los despidos masivos que está habiendo en varias dependencias estatales, pero principalmente la Secretaría contra la violencia, transforman al Estado en cómplice de la violencia por razones de género al incumplir compromisos internacionales. En este momento no contamos ya con políticas estatales de ningún tipo a nivel nacional. Esto va a sobrecargar las redes feministas y genera como primer efecto un desamparo generalizado”.
Esteban Paulón, diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, resaltó que los despidos en los programas remanentes de este ex-Ministerio se dan en el Día del Orgullo LGBT y en vísperas de fin de mes. “Son una demostración de la crueldad, la inhumanidad y la insensibilidad del gobierno de Javier Milei, que ha venido a destruir y a llevarse puestas todas las políticas públicas. Es insoportable esta situación en la cual hay un total desprecio por las políticas públicas y por la vida de las mujeres y las disidencias. Esperamos que la acción sindical y la acción en la calle permita que se revierta esta situación”, dijo para ANCCOM. Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos declararon en un comunicado que entienden los despidos “como el comienzo del desmantelamiento de la Secretaría y de las políticas de derechos humanos que este pueblo consensuó hace muchos años” y convocan a una asamblea para decidir las próximas acciones.
Zapata, el diputado libertario, indicó que si bien “varias familias quedarán sin ingresos, tiene que asumirse que trabajar en la política tiene como objetivo el bien común. El bien individual de los militantes no puede ser una pesada carga para el resto de las personas, para los argentinos de bien, que necesitan el funcionamiento de un Estado equilibrado”. Además, no acuerda con la opinión opositora que recortando estas políticas se desampara al pueblo. “No podemos exigir contribuciones para abonar sueldos elevados o tratar de justificar la existencia de empleos que no hacen absolutamente nada. El empleo público es una necesidad que tiene que estar encuadrada en los principios de eficiencia y efectividad. Básicamente está justificada su existencia en la vinculación con algún servicio real y presente. Siempre va a haber opiniones diversas, pero el Estado como refugio de militante o elemento para dar favores políticos o personales no debe ser concebido como una cuestión que puede perdurar en el tiempo. Es la destrucción misma y está en contra de la razón de la existencia del Estado”, consideró.
Una de las poblaciones más afectadas por estos despidos es la comunidad trans. Para Manu Mireles, activista LGBTI+ y cofundadora y secretaria del Mocha Celis, el cupo travesti-trans y las políticas de género “son políticas que garantizan la democracia para todas las personas y su profundización. El Estado y la sociedad argentina es mejor en cuanto puede garantizar que todas las personas podamos tener derechos y tener una vida digna. Es necesario que podamos habitar un mundo donde haya muchos mundos posibles”. Si bien la ley de cupo no se había logrado terminar de implementar, los despidos ilegales del cupo en la Era Milei ya acumulaban un 10%. “Recibimos denuncias de personas travestis trans y no binarias que, habiendo entrado por el cupo y teniendo la garantía de un trabajo registrado, vuelven a estar en una situación de profunda vulneración del derecho al empleo”, agregó Mireles.
“El gobierno de Javier Milei tiene una saña particular con las políticas de género, con las políticas de memoria y derechos humanos, con los sectores que están más movilizados y que han propuesto procesos de sensibilización a la sociedad que van en contra de este modelo individualista que ellos quieren implantar. Esta ultraderecha tiene un modelo de odio y de crueldad: no sólo de ajuste, sino también un disciplinamiento general de la sociedad”, concluyó Cavallero.