Por Alma González
Fotografía: Pamela Pezo Malpica/Archivo Anccom, Somos Telam

FOPEA ya registró en 2024 por lo menos 70 ataques a la labor periodística. El mayor instigador es el gobierno nacional. La criminalización del trabajador de prensa como estrategia disciplinadora y la matriculación profesional como herramienta de exclusión.

“El efecto es disciplinador para el resto del periodismo” sentenció Miriam Lewin, periodista y escritora, especialista en periodismo de investigación y actualmente defensora del público. Lewin analiza que, ante una seguidilla de ataques perpetrados contra comunicadores con gran reputación, lo que están buscando es lograr el amedrentamiento y aleccionamiento para la profesión periodística en su conjunto: “En general cuando desde el poder -de boca de algún funcionario o incluso del presidente- se genera algún ataque, el ejercicio de la libertad estará destinado solamente para quienes aprueban las medidas del gobierno o bien utilizada para lograr el lucro indefinido en el área de la actividad económica, sin ningún tipo de limitación o de restricción”, agregó la periodista.  

El Foro de Periodismo Argentino FOPEA, encargado de registrar los ataques contra el periodismo, denuncia un total de 70 casos de ataques contra la prensa en lo que va de 2024. Entre ellos, priman los agravios en la Ciudad de Buenos Aires donde se listan 38 casos. Le siguen en la lista las provincias de Buenos Aires y Corrientes. El foro viene llamando la atención acerca de varios aspectos que resultan alarmantes en torno a la agresión desplegada en los discursos del presidente de la nación Javier Milei y de todo su aparato gubernamental que estigmatiza y descalifica a los periodistas cada vez que pueden, con insultos degradantes tales como “mercenarios”, “corruptos”, “ensobrados” o directamente los acusan de ser cómplices del socialismo en su diatriba contra el comunismo. En cuanto a la clasificación de las denuncias registradas por FOPEA, en su mayoría son por ataques hacia la integridad y por discursos estigmatizantes hacia la profesión. Sin embargo, también hay casos por censura, por intimidación y por restricciones en el acceso a la información pública.

Lewin analiza con detenimiento cuáles fueron los ataques que más hicieron eco en el último tiempo: la reapertura de la causa judicial a Norberto Navarro por incitación a la violencia, la verbalización por el deseo de que se produzca la quiebra del Grupo Perfil ante el retiro de la pauta oficial, los insultos estigmatizantes hacia la profesión tildándola de “mercenaria” y la denuncia de parte del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos por instigación al delito. Lewin considera que esta escalada de violencia contra la prensa, legitimada y accionada por el Gobierno, quiere provocar un efecto aleccionador sobre quienes recién se inician dentro del periodismo y no tienen la “espalda” para superarlo: “¿Qué pasa con un chico o una chica que recién ingresa en una redacción y que descubre una información que podría no ser del agrado del poder? Lo que se consigue es un efecto de autocensura -dijo la periodista  y agregó- cuando se los ataca a ellos, se está generando un efecto de autocensura en quienes recién empiezan o que no tienen capacidad de resistencia”.

En el mismo sentido, Darío Villarruel, periodista de Radio 10 y C5N, en diálogo con ANCCOM, declaró en torno a esta problemática y a su agravio particular: “Me imagino los pibes jóvenes, los productores, ante cualquier cosa que quieran decir estarán pensando: ‘Uy, ¿si digo esto y me hacen una denuncia?’”. El periodista enfatizó en la motivación que hay detrás de este ensañamiento contra la prensa: “El único fin es amedrentar, disciplinar, hacer que no hablen los que tenemos que hablar, con un gobierno que toma medidas, lamentablemente en su totalidad, siempre en contra de la gente”. En referencia a su caso, reflexionó que no le ha tocado vivir una situación semejante en sus 40 años de profesión: “La verdad que en ningún gobierno tuve ni una carta documento, ni una demanda por calumnias e injurias”, destacó.

Villarruel analizó la particularidad de este gobierno desde varias aristas: “Es un Poder Ejecutivo muy particular, con un presidente que dijo que es el topo del Estado, que viene a destruirlo; que es una organización criminal cuando él es el jefe del Estado”. A su vez, sostuvo que “todo lo que pasa con la persecución y lo que pasó en la marcha, de salir a detener personas que no habían hecho nada, tiene que ver con una forma de concebir la ‘no política’, porque la política en serio es deliberación, acuerdos y debates”.

En sintonía a lo anterior, Lewin puntualizó acerca de la intención que tiene este gobierno por silenciar a quien represente una voz por fuera del discurso que intentan instalar y señala la relación que hay entre el hostigamiento a periodistas y la represión a manifestantes: “Es grave que el amedrentamiento sea contra periodistas, hay quienes cubrían manifestaciones, protestas sociales, que fueron detenidos y heridos. Y esto tiene, además, un efecto disciplinador para el resto de los manifestantes, porque si se la agarran contra un periodista ‘¿qué no me harán a mí?’”. Y destacó especialmente la labor de los reporteros gráficos, constantemente expuestos en las coberturas de las manifestaciones y fuertemente agredidos en las últimas marchas.

“Lo que hay que tener en cuenta es que la intimidación y el amedrentamiento no son solamente hacia los periodistas sino hacia la movilización popular”, coincidió Fabián Waldman, periodista de FM La Patriada y columnista de Diputados TV. Consideró que esta serie de medidas ligadas al acallamiento son propias de un gobierno de corte antipopular que no tiene resultados económicos favorables que publicitar:  “Lo que están haciendo contra la prensa es tratar de silenciar a aquellos que ofrecen una alternativa a la visión que ellos muestran. Lo que tratan de hacer, a todas luces, es opacarla y oscurecerla”, expresó el periodista acreditado en Casa Rosada y víctima de un hostigamiento verbal permanente del vocero presidencial Manuel Adorni al que resiste con mucha entereza y altura profesional.

Al cierre de esta edición se conocía la publicación en el Boletín Oficial una nueva disposición que obliga a los periodistas a matricularse en el Ministerio de Trabajo. Los requisitos busca restringir la libertad de expresión a todo tipo de periodista que ejerza su tarea en un medio comunitario y social, entre otros peligrosos derivados.

 

Usinas del trolls furiosos

Lewin introdujo otro elemento en este análisis. Encuentra una ruptura, un antes y un después, a partir del intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Ve en ese acontecimiento un quiebre para la naturalización y la perpetuación de la violencia: “Fue la comprobación absolutamente indiscutible de que la violencia que circula por las redes sociales y por las plataformas puede trasladarse al mundo real”. Para la periodista, el entramado que posibilita este escenario de violencia semántica, verbal e institucional se originó de dos maneras: de forma vertical, por parte del presidente de la nación que deliberadamente la incentiva y llama a los periodistas “mentirosos y calumniadores seriales”, y por otra parte, con la aparición de una gesta de usinas de “trolls” que tienen como central las redes sociales y que constituyen una arista fundamental en la construcción del poder de La Libertad Avanza. “El presidente no se restringe: se sigue comportando como un twittero furioso”, analizó Lewin acerca del manejo de las redes sociales por parte de Javier Milei y agregó: “Es un usuario de los medios que puede decir cualquier cosa, sin tomar consciencia de que ahora tiene otra investidura y que es el presidente de todas y todos los argentinos”.

Por su parte, Waldman destacó que el despliegue de esta ofensiva vía redes sociales está articulado por parte del gobierno nacional como política comunicacional: “El gobierno tiene su propio equipo de trolls constituido en su equipo de comunicación digital”. El periodista subrayó el hecho de que quien ose decir algo que atente contra el discurso libertario recibe su dosis de odio y crueldad: “A través de estos nuevos medios de comunicación, generan las corrientes de ideas y las ‘verdades’ que después se comunican y se traslucen en lo que a diario dicen muchos de aquellos que le hacen el aguante al gobierno”. Graficó metafóricamente la forma particular en la que operan: “Trabajan en forma de cardumen; alguno de los referentes más importantes se dirige hacia algún posteo de alguien a quien quiere ‘aniquilar’ y detrás de él corren el resto de las pirañas para seguirlo”.

El silenciamiento de los medios públicos

En torno al intento de obstaculización del derecho a la información y a la libertad de prensa, Lewin se refirió a la de intervención de los medios públicos, como la TV Pública y Radio Nacional y, especialmente, a la Agencia Nacional de Noticias Télam, de la que con una justificación fuertemente ideologizada han dispensado a sus trabajadores. Para la periodista: “El cierre de Télam es absolutamente inaceptable y realmente genera un enorme perjuicio. Además, el cierre de las corresponsalías implica una mirada porteñocéntrica. Y decir ‘¡para qué queremos una agencia de noticias si está twitter!’ es directamente una burrada con perdón de los burros”, agregó la periodista haciendo referencia a los dichos de Ramiro Marra, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza.                            

En el mismo sentido, Waldman dijo:“El discurso de Milei es que las redes sociales están para reemplazar a las agencias de comunicación y a los medios, dejando de lado todo lo que significa la investigación y el análisis”. Waldman analiza que de esta manera se afianza una noción de la información y de la comunicación un tanto ridiculizada: “La imposibilidad de recorrer un camino para llegar a una conclusión que no esté afectada por una fake news, es efectivamente sobre lo que cabalgan”, agregó. Para el periodista, esta estructura de los medios de comunicación solo potencia el monopolio y la concentración en detrimento del verdadero acceso a la información plural y federal y además “produce la orfandad de muchísimos comunicadores y la imposibilidad de acceder a noticias e información de cada uno de los puntos del territorio, cosa que vimos con la nevada al sur del país en los últimos días”, puntualizó en torno al vaciamiento y eliminación de fuentes de información de vital importancia.

“Puede existir un negocio, el de privatizar o venderlos”, dijo Darío Villarruel, quien no ve solo un intento de silenciamiento en el accionar del gobierno sino la posibilidad de promover un negocio similar al construido en otros momentos de la reciente historia argentina: “Me hace acordar mucho a la época de los noventa cuando el presidente Carlos Menem les dio los medios públicos a algunos privados, que siguieron en manos privadas, que a veces juegan a favor de determinados gobiernos, los sostienen o los voltean”, sostuvo.

Lewin también enfatizó sobre el silenciamiento que significa la ”mentirosa” suspensión de pauta oficial: “Es una enorme restricción a la capacidad de supervivencia de los medios más pequeños. Hay empresas que siguen pautando, pero no en los medios pequeños que necesitan como el agua para sobrevivir de estos aportes públicos. Porque no existe la posibilidad de que las pymes barriales, los almacenes, las tiendas, pongan publicidad en esas emisoras, porque están pensando si pagan la boleta de la luz o cierran directamente por la retracción brutal que surge a partir del ajuste. Entonces es condenar a muerte a estos medios”.