Por Karol Reyes
Fotografía: Azul Andrade, Rocío Prim

Al cierre de esta edición, la jueza Servini de Cubría ordenó la excarcelación de 17 de los detenidos en la manifestación contra la Ley de Bases. Aún quedan aparesados otros 16. Denuncian vejámenes en los calabozos.

 

Al cierre de esta nota, 17 de las 33 personas detenidas en la movilización contra la ley de Bases, fueron excarceladas por la jueza federal María Servini de Cubría, tras una evaluación de imágenes y videos de los hechos. Horas antes, diputados nacionales, legisladores bonaerenses y de la ciudad de Buenos Aires, integrantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, habían repudiado las falsas imputaciones realizadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y replicadas por el fiscal Carlos Stornelli en su acusación contra los manifestantes.

En una conferencia de prensa que se desarrolló en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en el centro porteño –donde también se hicieron presentes familiares de las personas detenidas–, la referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-Unidad) y presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Myriam Bregman, subrayó la gravedad de la situación: “Exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos, quienes no solo han sido encarcelados, sino que han sufrido enormes vejaciones y humillaciones durante su detención”.

Bregman detalló el trato que recibieron los detenidos, que fueron indagados en los tribunales de Comodoro Py. “Ayer visitamos la Comisaría 15, donde las mujeres detenidas estaban tiradas en el piso, esposadas en un pasillo”, reveló. El fiscal Stornelli, continuó Bregman, está buscando justificar graves delitos relacionados con un supuesto atentado al orden público. «Y Servini de Cubría –agregó– debería considerar si sigue las indicaciones de Stornelli y Bullrich, o escucha a las organizaciones que denuncian esta persecución. Es fundamental garantizar el derecho a la protesta, pero primero debemos asegurar la libertad de los detenidos».

Cabe puntualizar que las acusaciones se centran en las organizaciones, manifestantes y legisladores que participaron en la masiva movilización en la Plaza Congreso contra la Ley de Bases. La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Celeste Fierro (FIT-Unidad), también expresó su preocupación: «Este Gobierno nos lleva a un estado de excepción que no podemos permitir. El jueves denunciamos en la Legislatura que Jorge Macri pretende criminalizar la protesta social con la Ley de Reiterancia”. Fierro señaló que las declaraciones de Milei y Bullrich, acusándolos de intento de golpe de Estado, ponen en riesgo la libertad de los compañeros detenidos. “No podemos permitir que se les acuse de terroristas”, remarcó.

La legisladora Victoria Montenegro (Unión por la Patria), afirmó: «Nadie en este país debe estar preso por luchar en las calles. Celebramos 40 años de democracia, recuperada gracias a la lucha de los derechos humanos. No vamos a retroceder frente a la violencia institucional que intenta imponer el gobierno de Milei y su ministra Patricia Bullrich».

En tanto, la diputada nacional Romina Del Plá (FIT-Unidad) hizo un llamado a la acción: «No podemos permitir que se impida la movilización popular. Necesitamos la más amplia unidad para enfrentar las políticas de este Gobierno y asegurar la caída de estas infames acusaciones. Debemos desarrollar una campaña nacional e internacional para denunciar lo que está ocurriendo en Argentina». Su par en la Cámara Baja, Nicolás del Caño (FIT-Unidad), repudió las acusaciones de Bullrich: «Estuvimos en la Comisaría 4 en Parque Patricios con los familiares de los detenidos, muchos de los cuales fueron golpeados y degradados. Estas acusaciones de terrorismo y golpe de Estado son absurdas. Es crucial la unidad nacional e internacional para denunciar y enfrentar esta persecución».

Casi todas las personas detenidas lo fueron cuando ya se retiraban de la zona del Congreso. Las imputaciones de Stornelli incluyen la figura de sedición, con el objetivo claro de impedir su liberación. ANCCOM pudo dialogar con algunos familiares que participaron de la conferencia de prensa, una de ellas Silvia Oliva: «Mi hija Camila fue detenida junto a tres compañeros, todos estudiantes y vecinos de San Martín. Ayer la vi cinco minutos, esposada y en el piso. Fue una escena aterradora. Espero que salga en libertad lo antes posible», expresó. Por su parte, Yesica, esposa del vendedor ambulante Matías Ramírez, denunció: «Matías estaba trabajando cuando fue detenido. No pertenece a ninguna agrupación política y no tiene antecedentes. Lo tuvieron horas esposado sin agua ni comida”.

Lucía Adano, hermana de Santiago Adano, músico y miembro de una asamblea vecinal, otro de los detenidos al voleo, manifestó: «Mi hermano siempre ha sido solidario y justo. Lo último que supe de él fue por audio en el que se mostraba indignado por la aprobación de la Ley de Bases. Tengo la esperanza de que la presión que estamos ejerciendo, llevará a su liberación». Horas más tarde, Adano fue uno de los excarcelados. Quedan 16 personas detenidas. La lucha sigue.

Familiares y amigos de los detenidos se concentraron en Comodoro Py para luego trasladase a la sede del Serpaj a una conferencia de prensa masiva.