El Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Atención a la Justicia, herramienta central para que la población más vulnerable acceda a sus derechos y resuelva sus conflictos.
“Se cierra otra caja de la política: el Ministerio de Justicia pone fin al CAJ”. Así anunció este lunes el Gobierno nacional, por medio de un comunicado, el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), pasando de tener 109 a tan solo 28. Estos se suman a otros cierres que ya se dieron durante el mes de abril. De los 120 despidos que se registraron hasta abril, se sumarían 400 más con el cierre de estas oficinas. “Asistimos estos días al desmantelamiento de áreas fundamentales para la atención de los derechos de los más vulnerables en los territorios. Esto tiene correlato con el desfinanciamiento de comedores y desarticulación de todo tipo de redes de contención en lugares más desfavorecidos”, señala en diálogo con ANCCOM Julián Axat, abogado y escritor y quien supo estar a cargo de la Dirección General de Acceso a la Justicia.
Silvina Silva, trabajadora de CAJ y delegada de ATE Acceso, señala que empezaron a enterarse de los despidos la semana pasada, cuando circuló un expediente que tenía como título el cierre definitivo de los CAJ. Así, varios trabajadores se dirigieron al Ministerio de Justicia, pero, desde allí, manifestaron que no era el cierre de los centros, sino un proceso de reordenamiento, mejoramiento de la función y tarea y geolocalización. Sin embargo, el lunes se enteraron por medio de las redes sociales que, en verdad, se trataba del cierre de oficinas de los CAJ.
“El acceso efectivo a la justicia se puede considerar como el requisito más básico –el derecho humano más fundamental– en un sistema legal igualitario moderno que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos”, destaca Axat. Esta es la tarea principal del CAJ: “Acercar la justicia y acercar los derechos a las poblaciones marginalizadas por el devenir económico y social del sistema, rompiendo esas barreras de acceso a la justicia”, dice Ariel Korzin, antropólogo y coordinador del Área de Capacitaciones de la Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.
Los CAJ son dispositivos territoriales con un amplio despliegue federal, que brindan atención legal primaria integral, mediante el asesoramiento, la asistencia y el acompañamiento. Y está dirigido especialmente a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que enfrentan barreras para el ejercicio de sus derechos, o conflictos interpersonales y/o legales. En el 2023 se atendieron a un total de 101.621 personas. “A estos lugares -señala Korzin- llegan todo tipo de problemáticas que tienen que ver con el acceso a la justicia, es decir con la violación de algún tipo de derecho, por ejemplo, una mujer a la que su marido le adeuda cuota alimentaria. También puede concurrir una persona por acceso a documentación, por acceso algún tipo de prestación sociolaboral, por algún conflicto laboral con su patrón y demás”.
En el 2023, los CAJ atendieron a un total de 101.621 personas.
Uno de los tantos casos que circulan por los pasillos de las oficinas de los distintos CAJ que se encuentran en el país, es el de una señora mayor cuyo nieto sufría todo tipo de maltrato por parte de sus progenitores. La mujer relata cómo el CAJ fue fundamental para salvar a su nieto: “Cuando planteé la situación fui golpeada, me rompieron las cámaras, puerta, vidrios de la ventana y recibí amenazas de muerte de parte de él (el papá) y de tirarme ácido en la cara de parte de ella, mi hija”. A partir de esto, y sin recibir ayuda de nadie, llegó a las oficinas del CAJ. Allí recibió contención por parte de distintos profesionales, como psicólogos, para hacer frente a lo que estaba viviendo. “Mi nieto le sigue apostando a la vida, con miras a un futuro, las crisis donde se escondía bajo la mesa al escuchar las amenazas del agresor cesaron, sé que el camino es largo. Sin embargo, con la ayuda del CAJ lo vamos logrando y digo CAJ porque es un equipo donde trabajan por el bien de los que menos pueden o los que menos tienen, donde nos sentimos tratados con respeto, guiados legalmente y cuidados psicológicamente”, señala la mujer que prefirió mantenerse en el anonimato.
Sobre catalogar a los CAJ como “cajas de la política”, la trabajadora Silvina Silva destaca que “No pueden gestionar sobre algo que desconocen. Estamos convencidos que si los funcionarios comprendieran y entendieran de qué se trata la política pública de los CAJ no estarían de manera cínica refiriéndose a la labor más preciada y más humana que tiene el Ministerio de Justicia. Los CAJ tienen un anclaje territorial y un poder de avanzada sobre los territorios que requiere no solamente de una labor profesional interdisciplinaria muy compleja de llevar adelante, sino que necesita un expertise que no se encuentra en cualquier trabajador y esto lo hace un organismo diferenciado a cualquier otro”. Y añade: “No solamente acercamos y efectivizamos la política pública del Estado nacional, sino que reducimos muchas veces los gastos que ese mismo Estado tiene”.
“No solamente es desolador, sino que es criminal tratar todo el tiempo de criminalizar el trabajo de los CAJ, sancionarlos, injuriarlos y calumniarlos”, dice Silva. “Ojalá toquemos el corazón (si lo tienen) para que no quiten el CAJ. Mucha gente lo necesita, personas maltratadas y violentadas que, como en mi caso, fue y es nuestro refugio. Un lugar donde se une el respeto, la solidaridad, la empatía y el amor hacia quienes llegamos desbastados”, concluye la mujer asistida por CAJ.