Tras una jornada de más de 16 horas, la Cámara Alta aprobó el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el apoyo de senadores del radicalismo, el PRO, algunos provenientes del peronismo y el voto de desempate de Villarruel. Hasta último momento el Gobierno siguió haciendo concesiones para obtener su primer triunfo legislativo en seis meses de gestión.
La sesión inició a las 10.15 cuando el oficialismo consiguió el quórum con la presencia de 37 senadores. “Somos optimistas de que la ley va ser acompañada”, remarcó el primer orador y miembro informante de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, quien además anunció que el Gobierno quitó de la lista de empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, y que la norma tampoco suprimiría la moratoria previsional ni las pensiones por invalidez.
El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, segundo orador, adelantó su voto negativo al proyecto y cuestionó el artículo que le otorga facultades delegadas al Presidente de la Nación: “¿En serio le vamos a dar facultades delegadas? Yo no le daría poder a un director de escuela que diga que viene a destruir la educación pública”, afirmó, en referencia a los dichos del mandatario que se definió como “un topo” que pretende destruir el Estado desde adentro.
La noche anterior al debate, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano habían llamado a no dar quórum, lo que hizo temblar por un momento el tratamiento de la ley, dado que sus votos eran fundamentales para el oficialismo. El foco, entonces, se puso sobre Lousteau, que, finalmente, se convirtió en uno de los responsables de garantizar el quórum para abrir la discusión en el recinto.
En diálogo con ANCCOM, la referente de la izquierda Myriam Bregman señaló precisamente que Lousteau “tuvo una oportunidad histórica de jugar a favor de las mujeres, de los jubilados, de los trabajadores y las trabajadoras, pero eligió congraciarse con el poder”. Además, sostuvo que la sesión “ni tendría que haber empezado con la cantidad de hechos de corrupción que la rodean” y que la ley es “nefasta para el pueblo y que para votarla tuvieron que comprar voluntades y reprimir en la calle”.
Cerca de las 14.30, el senador de LLA, Francisco Paoltroni, expresó que el Gobierno ya contaba “con los votos en afirmativo” y que el beneficio de esta ley es “la recuperación de la economía, que va seguir cayendo la inflación, que un montón de trabajadores que están fuera del sistema van a poder encontrarse con un recibo de sueldo y que van a poder acceder a créditos sin interés”.
Pasadas las 16, los senadores de Unión por la Patria (UP) Anabel Fernández Sagasti y Eduardo “Wado” de Pedro pidieron una moción de orden para crear una comisión y hablar con los responsables de la represión que acontecía afuera del palacio legislativo. A esa altura, la multitud que se había congregado en la calle –que al mediodía se extendía desde el Congreso a la Avenida 9 de Julio- comenzó a dispersarse luego que la policía comenzara a reprimir con gases y balas de goma luego de que un grupito de personas que sospechosamente no pertenecían a ninguna columna comenzaran a tirar piedras e incendiar un auto.
El pedido de De Pedro y Fernández Sagasti generó una discusión entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y De Pedro. “Expresé la moción, discúlpeme. Yo sé que usted reivindica un régimen distinto, pero esto es un sistema republicano y democrático”, dijo De Pedro. “No me haga entrar en su historia personal”, le respondió Villarruel. Mientras tanto, al interior del recinto se podían escuchar los disparos de la represión a los manifestantes.
Acto seguido, senadores de UP y del PRO salieron para mirar lo que estaba sucediendo y apenas lo hicieron quedaron envueltos en una nube de gas pimienta: “No se puede tratar una ley en un marco donde la gente no se puede expresar. Necesitamos hablar con el jefe del operativo para que nos garantice que el pueblo argentino se va a poder manifestar en paz sin que se lo violente”, reclamó la senadora Juliana Di Tullio. Sin embargo, la sesión continuó y la represión también.
A las 18, algunos senadores se acercaron al sector de prensa para brindar sus valoraciones del debate en proceso. El cordobés Eduardo Vischi (UCR) manifestó su preocupación frente a la intención, según él, de frenar la sesión para golpear al Gobierno. “No voy a avalar ningún tipo de violencia, ni de las fuerzas de seguridad ni de los manifestantes, por esto mandamos gente a verificar qué era lo que estaba pasando”, señaló. “Es una ley posible, es lo que necesita el Gobierno para llevar adelante su gestión y función, y fundamentalmente lo que hemos hecho fue tratar de darle modificaciones. propuestas e ideas que permitan que salga. En lo personal, voy a votar a favor en general”, agregó Vischi antes de retornar a su banca.
El senador por La Rioja Fernando Rejal (UP), entrevistado por ANCCOM, aclaró que la ley ya está impactando fuertemente en las provincias porque varias normas incluidas en ella, también están en el DNU 70/2023 que aún tiene vigencia, pese a haber sido rechazado en el Senado, porque no lo ha sido en Diputados, y por lo tanto las facultades delegadas le han permitido a Milei liberar la economía, el precio de los combustibles y de los medicamentos y el arancel de las prepagas. “La situación se ha hecho prácticamente insostenible para cientos de miles de familias, el salario de cada uno de los de los trabajadores se ha depreciado, las medidas recesivas que se han tomado han causado el aumento de la importación, por lo que muchas fábricas que producen en la Argentina comienzan a irse”, precisó.
“Estamos debatiendo los distintos aspectos de la Ley Bases, nosotros en general vamos a votar en contra porque no beneficia al conjunto de los argentinos, por el contrario, los perjudica. Escuchamos todas las opiniones, no obstante, hemos hecho evaluaciones a partir de los aportes de las fuerzas y sectores que conforman la sociedad argentina, y que han manifestado en sus respectivas actividades y realidades que no es una ley que resuelve los problemas de los ciudadanos”, añadió.
Respecto a la cacería de manifestantes que se desató fuera del Congreso, Rejal opinó que “lamentablemente tuvieron como protagonistas a quienes deben cuidarnos y que realmente usan la represión como un método para acallar a la sociedad. Somos parte de la comisión que ha sido conformada para ir a verificar cuáles son los hechos, así que hemos pedido un informe a quienes están a cargo de la seguridad para que podamos acercar la cuestión al pleno o al recinto. Este no es el camino”.
La provincia de La Rioja, a la que Rejal representa, tiene entre sus principales actividades a la industria textil, donde se han perdido más de 600 puestos de trabajo, y la construcción, que atraviesa un parate por el desfinanciamiento de la obra pública. “Rechazamos esta ley porque no se le puede delegar facultades a una persona que piensa o que sostiene que el Estado es una organización criminal, y que hay que destruirlo. Todas las decisiones que va a tomar en su gestión tienen que ver con el objetivo que él propone: destruir al Estado y cada una de sus reparticiones”.
A minutos de la medianoche, tras la intervención del formoseño José Mayans (UP), fue el turno del último orador, Ezequiel Atauche, jefe de bloque de LLA. En una primera votación, la ley se aprobó con dos votos de diferencia. Pero el festejo duró poco, porque la santacruceña Natalia Gadano –quien había denunciado amenazas contra ella y su familia para que vote a favor– dijo que le habían registrado mal su voto negativo, por lo cual el tablero, en una segunda votación, quedó empatado en 36.
Así entró en escena, nuevamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien antes de volcar el resultado a favor del Gobierno, destacó que lo que se debatía no era una simple ley. “Hoy vimos dos Argentinas, una violenta, que incendia autos y arroja piedras poniendo en juego el ejercicio de la democracia, y una Argentina de los trabajadores que esperan que se respete la votación que en noviembre pasado eligió un cambio”.
A continuación comenzó la votación por capítulos de la ley, que fueron todos aprobados. En el caso de RIGI, el gobierno tuvo que presentar una nueva corrección en el mismo instante de la votación de manera que no sea rechazado. Esta vez, incorporó la obligación para las empresas inversoras de utilizar por lo menos un 20 por ciento de insumos a través de la compra a empresas nacionales.
Ahora bien, ¿cuál será el verdadero país que se viene para los casi 50 millones de argentinos y argentinas? ¿Qué libertades hemos ganado, cuáles hemos perdido? Ahora la ley deberá volver a Diputados para su sanción definitiva.
