Treinta y tres detenidos quedaron luego de la movilización al Congreso contra la Ley Bases. Muchos de ellos ya desconcentraban. Los acusan de delitos gravísimos, como sedición, para no liberarlos.
La aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el Senado tuvo lugar en una jornada signada por la violencia, los gases lacrimógenos y la represión policial afuera del Palacio Legislativo. Luego de 24 horas ninguna de las 33 personas detenidas recuperó su libertad a instancias del fiscal federal Carlos Stornelli, quien las acusó de una docena de delitos graves no excarcelables. Se trata del correlato judicial de las declaraciones del gobierno que calificó a los manifestantes de “terroristas” que intentaron realizar un “golpe de Estado”. Los abogados de los arrestados denunciaron que las condiciones de detención violaron sus derechos humanos.
Cerca de las 11 de la mañana, luego de que el senador Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical, decidiera bajar al recinto y dar quórum, las fuerzas policiales y de seguridad comenzaron su despliegue, delante de un Congreso totalmente vallado y militarizado. La presencia de manifestantes se esperaba desde temprano, ya que la convocatoria fue para estar allí desde la mañana y durante todo el tratamiento de la ley. «Tiene total sentido que la única manera de hacer pasar una ley como esta, con el nivel de gravedad y daño que ejecuta sobre el país y sobre el pueblo, sea reprimiendo con esas características porque en la calle estaba el pueblo intentando presionar pacíficamente para que eso no se apruebe”, declaró a ANCCOM Facundo Merlán Rey, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y miembro de la Red Federal en Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.
Cerca del mediodía la policía intentó evitar el paso de algunas columnas que estaban sobre la Avenida Callao. Con el correr de la tarde la tensión fue aumentando y los uniformados ya se mostraban exacerbados. Alrededor de las 14, a la altura de Callao, entre Rivadavia y Mitre, lanzaron gases a un grupo de diputados de Unión por la Patria. Comenzaron las corridas y fueron lanzados los primeros gases lacrimógenos. Ya había un detenido.
Cerca de las 16, aún en la plaza de Congreso, se desató el operativo represivo. Hubo más de 200 personas heridas por los gases y balas de goma. Entre ellos, trabajadores de prensa, identificados con sus pecheras, jubilados, totalmente indefensos, y los cinco diputados de Unión por la Patria que habían intentado ingresar al recinto: Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés. Algunos de ellos fueron atendidos en la enfermería del Congreso, otros debieron ser asistidos en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Los camiones hidrantes lograron hacer retroceder a los manifestantes, que se vieron obligados, por lo menos en su mayoría, a comenzar a desconcentrar, debido a la violencia ejercida por Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria actuando en conjunto.
Caza mayor
Tras el incendio del vehículo de Cadena 3, un medio de Córdoba, se desató la cacería indiscriminada de manifestantes. «Hubo una avanzada absolutamente desmedida, desproporcionada e injustificada dentro de lo que era la Plaza de Congreso hacia la zona de Avenida de Mayo. Allí se avanzó con gases lacrimógenos, que dicho sea de paso, algunos de ellos son gases nuevos, que no conocíamos, y que son bastante más agresivos que los que conocemos”, sostuvo el miembro de Correpi. Cerca de las 18 se produjeron la mayoría de las detenciones, a varias cuadras de distancia, entre las Avenidas de Mayo y 9 de Julio. Más de 20 personas fueron arrestadas por la Policía de la Ciudad y la Policía Federal. «Las detenciones se dieron en distintos lugares, fue una verdadera cacería. Pero podríamos marcar dos momentos clave: uno cerca de las 17:30 en la zona de Congreso y otro momento cerca de las 21 en la 9 de Julio”, agregó Merlán Rey.
Caída la noche, la represión continuó y las detenciones también. Rápidamente organizaciones sociales y de derechos humanos que habían estado monitoreando la situación en la calle comenzaron a circular por redes las listas con los nombres de las personas arrestadas. Con el correr de las horas la cifra fue aumentando. En total, y hasta el momento, son 35, 22 bajo la custodia de las fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires y 13 en la órbita de la justicia federal. Los varones quedaron alojados en la Alcaldía 4, en el barrio de Parque Patricios, mientras que las mujeres fueron trasladadas a la Alcaldía 15, en Chacarita. En cuanto a las detenciones llevadas a cabo por la Policía Federal, los detenidos se encuentran en la Superintendencia ubicada en Madariaga y General Paz, en Lugano.
Campaña sucia
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Desde su cuenta en X, la Oficina del Presidente felicitó a las fuerzas de seguridad por su accionar represivo y acusó a los manifestantes de intentar perpetrar un golpe de Estado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue aún más lejos, calificando el accionar de los manifestantes como un «golpe de estado moderno”. Además, exigió a la Justicia que los detenidos sean acusados por sedición. Según un comunicado de ese Ministerio, los detenidos podrían ser más en la medida en que sean identificados a través de grabaciones, y también afirmaron que exigirán que quienes se manifestaron paguen los costos del operativo. Por su parte, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, se refirió a los manifestantes que ayer llenaron la plaza de Congreso como «delincuentes» y adelantó que el Senado denunciará a todos aquellos “que atentaron contra las instituciones de la democracia”.
”El gobierno está señalando que hubo un intento de golpe de Estado y en ese contexto aparece la figura de sedición del Código Penal, pero esto no fue un golpe de Estado, hubo golpes de Estado modernos en Bolivia en 2019, la situación del Planalto en Brasil, del Capitolio en Estados Unidos”, dijo Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Esto fue el ejercicio del derecho a la manifestación social y pública, el uso de esta figura sin ningún elemento que caracterice la interrupción del funcionamiento de una instancia como el Congreso nos llama mucho a la preocupación porque recarga la imputación a las organizaciones sociales que se movilizaron, y en particular a las personas que hoy están detenidas, (el fiscal Carlos) Stornelli está pidiendo su prisión preventiva, el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional ahora está reflejado en una imputación fiscal”, agregó. Morales describió que el escrito de Stornelli apenas transcribe tres notas periodísticas que reiteran lo que dijo el Poder Ejecutivo, pero no explica la relación entre cada detención y esos hechos tan graves que se les pretende imputar. El fiscal acusó a los manifestantes de los delitos de lesiones, daños agravados, incendio y estrago, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan como objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza, atentado al orden constitucional y los poderes públicos, atentado y resistencia contra la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.
Cerca de las 20 de ayer, la justicia porteña delegó en la federal todo el caso y así todos los arrestados quedaron a disposición de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien ya había comenzado a indagar a algunos durante la tarde. Será ella quien deberá emitir avalar o no el pedido del fiscal. «Fueron detenciones totalmente irrisorias, comparándolas especialmente con las declaraciones posteriores del Gobierno en sus distintos comunicados en redes sociales donde hablaban de terrorismo y golpe de Estado”, afirmó Merán Rey. Y agregó: “Lo que sí significa es la configuración de un relato que se crea para este momento y de acá en adelante. Lo que está haciendo el Gobierno es presentar un discurso que ya lo traía desde la campaña, que le sirve a ellos para justificar las medidas que toman en términos económicos y sociales”.
Sin medicación
“Les dijeron ‘tirate al piso sino te agarramos de los pelos’, la detención fue ilegal, ellas estaban desconcentrando por 9 de Julio y Chile, la Policía de la Ciudad venía cazando gente, se llevaron a personas en situación de calle, tiraron gas vencido y tiros a mansalva”, dijo la abogada Candela Ramírez, del CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos) en representación de algunas de las mujeres arrestadas en la Comisaría vecinal 15 de Chacarita, quienes estuvieron horas en el camión policial estacionado en la Villa Zavaleta luego de haber sido paseadas por toda la Ciudad. “No nos dicen nada a los letrados, no dejaron pasar al Defensor del Pueblo, las siete chicas están en un pasillo, con las manos precintadas y se turnan para sentarse en una silla, están incomunicadas y no dejaron que les alcancemos a una su medicación”, agregó Ramírez, mientras un grupo del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) cantaba “libertad, libertad a las presas por luchar”. La detenida Sasha Lyardet es militante de la agrupación. Para Ramírez, “esto es un intento de aleccionar a la gente para que no salga a la calle, protestar no es delito, porque por ahora el estado de sitio no nos llegó”.
Al cierre de esta edición, todas las personas detenidas continuaban privadas de su libertad mientras organizaciones de derechos humanos, instituciones educativas y gremios, entre otros, exigían su inmediata liberación.
Dentro de los 35 arrestados se encuentra un docente, Juan Spinetto, delegado y afiliado a Ademys. Desde la gremial docente, denunciaron que los detenidos que fueron alojados en la Alcaldía 4 permanecieron incomunicados durante más de seis horas, sin saber el destino de su traslado, sin recibir alimentos y con la imposibilidad de ir al baño. Recién a las dos de la mañana los ingresaron a la comisaría. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue otro de los sindicatos que exigió la liberación de una de sus compañeras, María de la Paz Cerruti, trabajadora del Ministerio de Economía y afiliada de ATE. También forman parte de la lista estudiantes de distintas universidades nacionales; Ricardo Sharif Sleme de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Mateo Dettore de la Facultad de Derecho (UBA), y Camila Juárez y Nicolás Mayorga, estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín.
La situación de los varones, arrestados en la Alcaldía 4 de Parque Patricios, no dista mucho. Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda, denunció que fueron golpeados y hacinados. Absolutamente ajenos a estas palmarias violaciones a los derechos humanos de las personas arrestadas, los funcionarios del Gobierno festejaban ayer la represión ordenada durante la jornada del miércoles 12, envalentonados por su primera gran victoria política.