Mientras que el gobierno de Javier Milei goza todavía un gran apoyo popular, una encuesta realizada por el Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina, que aglutina a 15 universidades, muestra que la abrumadora mayoría del país se opone al retiro del Estado de la salud, la educación y de las regulaciones económicas.
Los resultados de una reciente investigación del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC-ESA) ponen en cuestión la importancia que le otorga la ciudadanía a la presencia estatal. ¿Es posible que los argentinos reconozcan el valor del Estado a pesar de votar un gobierno como el de Milei, que lo considera una “organización criminal”?
Concretamente, el estudio muestra que una mayoría de las personas que está a favor de la presencia estatal en ámbitos como la salud y la educación. El PIRC-ESA es un programa federal en el que participan 15 universidades nacionales, entre ellas la UBA, y la investigación aludida consistió en una encuesta probabilística presencial de 1500 casos (personas de distintos grupos de edad y géneros) de todo el país, relevada entre abril y mayo de este año.
El 81 por ciento de la población encuestada se pronunció a favor de la regulación y del subsidio de tarifas y servicios, el 76 por ciento cree que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario para ponerle tope a los alquileres, y el 72 por ciento que debe garantizar el derecho a la vivienda única familiar a través de distintos financiamientos.
En diálogo con ANCCOM, el sociólogo Julián Rebón, doctor en Ciencias Sociales e integrante del PIRC-ESA, afirma: “Estos datos muestran que es discutible el consenso en cuanto al repliegue de todas las áreas del Estado y que todo puede ser comprado y vendido sin ningún tipo de regulación. Según los resultados, lo público y la intervención estatal están muy bien vistos”.
Para entender la contradicción entre los resultados del estudio y lo que la ciudadanía eligió en noviembre pasado, Rebón sostiene: “Hay dos elementos. Por un lado, la gente vota por diversas razones, y algunas pesan más que otras, seguramente el tema inflacionario pesó más que otras aristas. Por otro lado, en este estudio no indagamos sobre qué tan importantes son los temas sobre los cuales preguntamos, o sea, cuál es el tono valorativo que les dan. Esto no quiere decir que la población va a apoyar todas las medidas del Gobierno, pero tampoco quiere decir que van a dar la vida por ello. El común de los ciudadanos no funciona como una orquesta sincronizada”.
Lejos del apoyo a la desregulación del mercado de trabajo y a la eliminación de la moratoria jubilatoria, el 83 por ciento de los encuestados está a favor de aumentar las multas a las empresas que tienen empleados en negro y el 72 por ciento considera que el Estado debe garantizarle una jubilación a quienes no hayan realizado aportes suficientes en su vida activa.
Además, según el estudio, la ciudadanía también se opone a la mercantilización de servicios sociales básicos como la salud y la educación: el 86 por ciento cree que el Estado debe garantizar la educación primaria y secundaria, el 83,5 por ciento está a favor de que las universidades sigan siendo gratuitas y el 78 por ciento está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos.
Al respecto, Rebón afirma que, si bien falta presupuesto en la mayoría de las universidades, el Gobierno tuvo que parar un poco y cambiar el rumbo de su política tras la masiva marcha del 23 de abril. “Hay una sociedad polarizada que, a pesar de haberlo votado, no necesariamente ‘compra’ toda la agenda del Gobierno. El sentido común es fluido y heterogéneo”, precisa.
En cuanto a las políticas referidas a poblaciones vulnerables como niños, niñas, adultos mayores y personas en situación de calle, la encuesta arrojó que el 75,3 por ciento está a favor de garantizar jardines maternales públicos y el 93 por ciento sostiene que hay que subsidiar los medicamentos para los jubilados. Asimismo, el 82 por ciento considera que el Estado debe proveer alimentos a los comedores populares.
El apoyo a la regulación y sostén estatal es sistemáticamente algo mayor entre las mujeres que entre los varones (entre dos y cinco puntos porcentuales) en todas las dimensiones descritas, debido a que son de las más afectadas por estas políticas y están muy implicadas en las tareas de cuidado.
Además, los segmentos de la población de bajos y medios niveles educativos tienen “una percepción más estatal”, ya que para ellos el Estado es un elemento de protección, y exhiben un acuerdo aún más intenso respecto a las políticas de formalización del empleo e intervención en el mercado laboral. Y el grueso de los encuestados con altos niveles educativos expresan un sesgo aún mayor hacia la defensa de la educación pública.