Más de 10 mil personas se movilizaron en Olivos y en varias ciudades del país para frenar el proyecto del gobierno de Javier Milei que busca desregular las prestaciones para personas con discapacidad. La medida, que afectaría a 200.000 pacientes y 100.000 trabajadores.
El gobierno de Javier Milei busca desregular las prestaciones y tratamientos destinados a personas con discapacidad, actualmente financiados por el Estado y las obras sociales. Ante esta posibilidad, cientos de familiares, educadores y acompañantes terapéuticos se movilizaron hasta la Residencia de Olivos para detener esta medida. La masiva protesta, que según los organizadores reunió a más de 10 mil personas, también se replicó en varias ciudades del país, como Rosario, San Miguel de Tucumán, Villa María, Alta Gracia, Río Cuarto, Mendoza, San Juan y Salta.
Según el comunicado del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad, el 10 de mayo se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. Si bien desde la Agencia Nacional de Discapacidad aseguraban que sólo se trataba de un borrador, el proyecto ya cuenta con dictamen firmado del 24 de mayo por la Secretaría de Legal y Técnica, aguardando a la firma del Jefe de Gabinete y del Presidente.
¿Qué implica?
“La ley 24901 fija un nomenclador único de prestaciones básicas para las personas con discapacidad y determina un valor único para los distintos financiadores que son tres (Incluir Salud, PAMI y la Superintendencia de Salud, que regula obras sociales y prepagas). Hoy, desde la resolución del año 1999, todos los valores están regulados de la misma manera, sin importar el financista. Con este decreto se quiere destruir el nomenclador y dejar al libre albedrío de cada financiador el valor de la prestación”, comenta en diálogo con ANCCOM Gabriela Rovere, directora de la Escuela de Educación Especial Pablo Picasso. De esta manera, el sistema argentino, modelo a nivel mundial y que permite el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas con discapacidad, se vería gravemente afectado. “Hasta ahora todos los chicos, más allá de la cobertura social que tuvieran, tenían el derecho a la misma prestación”, remarcó Rovere.
Según el petitorio presentado en la Residencia de Olivos, actualmente reciben atención 200.000 personas y hay alrededor de 100.000 que trabajan para que la misma sea posible. Independientemente de si el paciente tiene una pensión no contributiva o tiene una prepaga, todos tienen acceso a la misma institución y con la misma calidad de servicios. “La posible diversidad de aranceles en los distintos efectores puede llevar a que los prestadores, para cubrir sus reales costos, decidan trabajar solamente con los efectores que establezcan un arancel que les permitan brindar la prestación con sus exigencias”, remarca el petitorio presentado a Milei.
Florencia Poletto, directora de Khipu, centro de inclusión escolar para niños con discapacidad, denuncia: “Con esta desregulación vamos a tener pacientes de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Se perdería un derecho muy importante que ganamos hace 25 años: la universalidad para todas las personas con discapacidad”.
María Martínez, mamá de dos jóvenes con discapacidad, comenta: “Como madre, es una situación muy angustiante. Mis hijos progresan y están mejor gracias a todas estas personas que trabajan y que están acá. Sería muy triste perder sus servicios. Hoy se está hablando de prestaciones, pero sabemos que esto es la punta del iceberg, es el inicio de la quita de derechos”, agrega.
El diputado nacional Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, acompañado por Miguel Ángel Pichetto y Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal, presentó un proyecto en el Congreso para pedirle al Poder Ejecutivo que se abstenga de sancionar el decreto para desregular las prestaciones de personas con discapacidad.
En el texto advierten que “en el caso de que entre en vigencia este proyecto de decreto, será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional (…) Al no haber aranceles preestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las obras sociales y las demás prestadoras de salud, pueden fijar arbitrariamente dichos aranceles en desmedro del justo reconocimiento por el servicio brindado», indica el texto que fue firmado por más de treinta diputados.
