Por Karen Nicole Saucedo
Fotografía: Gentileza Somos Télam

Docentes, policías y tafereros tienen en jaque a la provincia con paros, marchas y cortes de ruta. Los salarios por debajo de la línea de indigencia encendieron la mecha. El personal de la salud tomó el Ministerio. El Gobierno nacional se limitó a enviar gendarmes y prefectos.

La tensión en Misiones continúa y son cada vez más los sectores que salen a reclamar por mejoras salariales. La provincia es, hace ya varios días, el epicentro de una lucha social que se materializa a través de paros, marchas, cortes de ruta, y cánticos contra el gobierno. Hugo Passalacqua, el gobernador, no ofreció aún muchas respuestas y el Gobierno nacional se limitó a enviar efectivos de Gendarmería y Prefectura, mientras se desligó del asunto.

El lunes por la tarde, Udpm (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones) y Sidepp (Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada) aceptaron el acuerdo ofrecido por el Gobierno que promedia entre el 23% y 50%, bastante por debajo del 100% exigido. Por ello, el resto de los gremios rechazaron la propuesta y continuaron con las protestas. El gobierno provincial se iba a reunir ayer por la tarde con quienes no la aceptaron pero, de manera unilateral, la administración suspendió la mesa de diálogo, empeorando la relación entre ambos. 

Un maestro misionero que recién comienza en la docencia percibe un sueldo aproximado de no más de 250.000 pesos, cifra que lo coloca por debajo de la línea de indigencia. Con el aumento prometido, esa situación no se modifica. 

La comunidad educativa viene con este reclamo hace ya varios meses, aunque estas últimas semanas escaló de manera exponencial. El pasado jueves cientos de ellos marcharon hacia la Legislatura e increparon a los diputados. Hubo forcejeos entre la policía y los maestros, quienes lograron frenar la sesión.

 El lunes por la tarde, luego de que trascendiera la noticia de que los sindicatos más allegados al poder habían pactado una cifra bastante por debajo de la reclamada, el resto de los gremios anunció un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo menos, por 48 horas. La medida, en algunos casos, se extendió hasta hoy y mañana. “Nosotros rechazamos la propuesta porque no soluciona nada. Hoy, la Policía se está levantando porque cobra 450.000 pesos y no les alcanza. Y esa misma cifra nos ofrecieron a nosotros. Es ridículo”, exclamó Rubén Ortíz, docente, historiador y Secretario General de MPL (Movimiento Pedagógico de Liberación).

Durante el día de ayer, desde bien iniciada la mañana y hasta pasadas las 18, dos columnas educativas marcharon hacia el acceso este del puente, del lado de la localidad de Candelaria. Allí se concentraron miles de personas. Luego, muchos de ellos se sumaron al reclamo de las fuerzas de seguridad en el centro de Posadas. Es decir, lejos de imaginar un acuerdo, los diferentes sectores sociales comienzan a unirse y apoyarse entre ellos, logrando así una lucha colectiva que se observa a lo largo y ancho de la provincia. “La situación ha empeorado. En virtud de que la protesta ha crecido enormemente y hoy se puede decir que todo el territorio de la provincia está paralizada”, afirmó el referente de MPL.

Esta tarde, los maestros realizarán una marcha de antorchas en la ciudad de Posadas, en las avenidas Mitre y Uruguay, a pocos metros del despliegue de las fuerzas de seguridad que ya lleva cinco días de acampe. Por otro lado, mañana se unirán al paro nacional docente convocado por los gremios de la CGT, en defensa de la educación pública. Al respecto, Ortíz agrega: “Tenemos una sola universidad pública acá en el norte, la vamos a defender a muerte. Sobre nuestros cadáveres van a cerrarla. Nosotros estamos dispuestos a todo, esto no es solo por nuestros salarios”, sentenció. 

También la policía

Si bien fueron los docentes quienes tomaron la posta de este reclamo salarial, la noticia tomó impacto nacional cuando se unió un sector impensado: las fuerzas de seguridad. 

El viernes por la madrugada, un grupo de policías autoconvocados, activos y retirados, tomaron el Comando Radioeléctrico, en el centro de Posadas, y al menos siete patrulleros cortaron la avenida Uruguay. Al igual que los docentes, reclaman un incremento del 100% en sus haberes. El sueldo más básico de un policía en la provincia de Misiones no supera los 450.000 pesos, por lo tanto entra en la línea de pobreza ya que no alcanza a cubrir ni siquiera la canasta básica.

Durante el fin de semana se especuló con un posible acuerdo entre las partes que, finalmente, no llegó a buen puerto. Según trascendió, la oferta fue del 15% contra el 100% reclamado.

La respuesta de Nación fue la creación de un Comité de Crisis, encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el gobernador Passalacqua, para “aliviar” el descontento social. Además, la ministra decidió enviar más de 200 gendarmes a Misiones para hacerle frente a los uniformados que acampan y resisten en Posadas. De todas formas, se desligó de la problemática y resolvió que es la provincia quien debe solucionar el asunto. 

El domingo por la tarde, los efectivos se reunieron con el ministro Coordinador del Gabinete, Ricardo Ller, pero la negociación pasó a un cuarto intermedio. Hoy, miércoles, la situación sigue trabada. El Gobierno afirma haber ofrecido lo máximo posible, pero las fuerzas de seguridad continúan exigiendo, mínimamente, el doble. Además, la tensión crece por los patrulleros en la avenida principal, los policías se niegan a retirarse. Al contrario, son cada vez más, no solo de las fuerzas, sino de otros sectores. 

Por otro lado, también solicitaron una “amnistía” a los sancionados por las manifestaciones para evitar problemas a futuro. Fue en 2012 la última vez que las fuerzas de seguridad protagonizaron una situación similar. En ese entonces, arreglaron un acuerdo en los salarios y a los cinco meses comenzaron a separar a los efectivos que estuvieron involucrados. Esta vez, quieren evitar esa situación.

El fin de semana, además, se sumaron al reclamo los trabajadores de la salud. Al igual que docentes y fuerzas de seguridad, reclaman un 100% de recomposición salarial, mientras tanto los principales hospitales de la provincia se encuentran de paro desde el 18 de abril y, de momento, solo atienden emergencias.

Un trabajador del sistema de salud, con la categoría más baja, como un chófer de ambulancia o un trabajador de ordenanza, está cobrando hoy por hoy 373.000 pesos, un enfermero sin antigüedad 388.000 pesos y un médico 455.000 pesos. Todos, por debajo de la línea de pobreza.

Hasta ahora, las propuestas habían estado muy lejos de lo exigido: 16%, 20% y 22%. Pero, al contrario de lo que reclama la mayoría, muchos de los trabajadores de la salud se llevaron la sorpresa de que ayer por la tarde, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) firmaron un acuerdo con el ministro de Salud, Héctor González, por un aumento del 18% para el mes de mayo, una suba del 10% al básico, y un 8% de equiparación salarial. Por eso, esta mañana decidieron instalar una carpa frente al Ministerio de Salud exigiendo respuestas. Una vez allí intentaron gestionar una reunión con las autoridades, pero la misma quedó trunca, generando aún más malestar. Ante esta situación decidieron ir más lejos e ingresar al edificio de manera pacífica. Allí permanecen, en la planta baja, reclamando que el Ministro los reciba. 

Uno de los sindicatos que lleva adelante esta ocupación es la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Misiones. Jorge Duarte, su secretario adjunto, conversó con ANCCOM, desde la toma, y se manifestó al respecto: «Los salarios de los trabajadores de la salud están por debajo de la pobreza y no llegamos ni siquiera al día 10 de cada mes. Estamos cada vez más en un círculo vicioso de endeudamiento, gastando por adelantado nuestro salario”, indicó. 

Por el momento, Héctor González les pidió la entrega de un petitorio por escrito. Los gremios ya lo entregaron y ahora aguardan una reunión mañana a primera hora.

Mientras tanto, el referente de CTA Autónoma Misiones rescata la solidaridad del pueblo misionero que, a pesar de verse imposibilitado a realizar algunas de sus tareas diarias, constantemente se acerca a los centros de acampe con alimentos y palabras de aliento.

Por otro lado, rechaza de manera tajante el accionar del Gobierno nacional: «Nosotros repudiamos la decisión de la ministra Patricia Bullrich. Repudiamos la creación de un Comité de Crisis para enviar fuerzas federales para disciplinar la protesta social. Lo que nosotros creemos necesario es la creación de un comité para resolver los problemas sociales y salariales que estamos reclamando en estos momentos”, exclamó. Al mismo tiempo, disparó directamente contra Adolfo Safrán, ministro de Hacienda provincial, a quién acusó de recibir el dinero pero no repartirlo como corresponde. 

En cuanto a los yerbateros, la situación no parece tan fácil. Al contrario, parece venir de larga data. Rubén Ortíz (MPL), además de docente es historiador y afirmó al respecto: “El productor de la yerba mate hoy está al borde del hambre porque Milei abrió las importaciones”. Y agregó: “Lo que está reventando acá en nuestra zona, en el norte de la provincia, es que la pobreza nos ha castigado de manera tremenda. El extractivismo nos mató. El salario no es lo único a resolver”, finalizó, desnudando así una problemática aún más grande que la ya planteada.

«Más allá de las cataratas y la selva -describe Duarte-, en Misiones hay una población sumergida en la pobreza, en las necesidades, sin acceso a viviendas, agua potable y cloacas», la provincia del norte del país, famosa por su tierra colorada, hoy está paralizada y siendo observada por el resto del país por los reclamos salariales de los sectores que la mantienen en pie. Por su parte, tanto el Gobierno provincial como el nacional continúan mirando para otro lado.