El gobierno de Milei echó al 26 por ciento del personal de la línea 137, que atiende casos de violencia sexual y familiar, incluidas la explotación de niñas, niños y adolescentes y el grooming.
Desde que asumió la gestión libertaria, la línea 137 del Ministerio de Justicia de la Nación, que brinda asistencia los 365 días del año a las víctimas de violencia sexual y familiar, está siendo vaciada de personal y, por tanto, dejando de garantizar derechos a quienes requieren de asesoramiento legal, psicológico y administrativo.
De diciembre a hoy son 19 los profesionales despedidos sin justificación del Programa las Víctimas contra las Violencias de la línea 137, lo que representa “el 26 por ciento del total, mientras que el resto enfrenta una incierta situación laboral con vínculos contractuales hasta junio de 2024”, señala el petitorio de los trabajadores a las autoridades de la cartera de Justicia en reclamo por su reincorporación inmediata.
El programa existe hace 18 años, tiene alcance nacional y es gratuito. Está conformado por un equipo interdisciplinario de psicólogos, abogados y trabajadores sociales que, en articulación con redes de acompañamiento y contención territorial, es el que actúa ante situaciones de violencia y urgencias.
El vaciamiento comenzó el 29 de diciembre. Ese día, dos trabajadoras de la línea 137, a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica, (GDE), recibieron un mensaje de un renglón en el que las informaban que su contrato no sería renovado. En ese momento, una de ellas estaba acompañando a una mujer embarazada y la otra asistiendo a una adolescente que había sido abusada sexualmente.
Mariana Vázquez es trabajadora social y estaba con licencia por ART cuando la despidieron después de 12 años. Se enteró en Semana Santa a través de la lista que circuló por el GDE. “Hasta el momento no tengo telegrama de despido ni notificación”, afirma.
Ella fue una de las profesionales que brindó capacitación a la Policía Federal en materia de género. “Desde el programa pudimos armar una cátedra en la que capacitamos tanto en la Universidad de Rosario como en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal, en Villa Lugano, y en la comisaría de Chacarita”, cuenta. Con la línea 137, además, se encargaba de las formaciones del Ministerio Público Fiscal y de instituciones de salud como el Garrahan y el Hospital Elizalde, donde se atienden en su mayoría niños, niñas y adolescentes.
En el petitorio que presentaron los trabajadores de la línea 137, también exigen la garantía de estabilidad laboral y derechos para todos sus pares del Programa las Víctimas contra las Violencias, y el compromiso de las autoridades del Ministerio de Justicia de “velar por la integridad y continuidad de los programas estatales destinados a combatir la violencia familiar y sexual, reconociendo su importancia en la protección y asistencia de las víctimas”.
Según el Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina, en el último año se recibieron más de 6.100 llamados a la línea 137 por violencia familiar.
Laura Boggon es psicóloga, trabaja en el programa desde 2010 y es delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Explica que la iniciativa de este acompañamiento surgió como respuesta a la necesidad de asistir a las mujeres victimizadas sexualmente en la vía pública. “Cuando las víctimas acudían a hospitales o comisarías, las revictimizaban. En ese contexto, la psicóloga Eva Giberti, actual coordinadora del programa, creó lo que devino en las Víctimas contra las Violencias, que trabaja tanto en situaciones de violencia familiar como sexual”, detalla Boggon.
Según el Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina, en el último año se recibieron más de 6.100 llamados a la línea 137 por violencia familiar. En estos casos “se necesita el acompañamiento de un equipo para hacer una denuncia en la oficina correspondiente, o trasladar a la mujer que salió de su casa, o cuando los chicos y chicas quedan con el agresor. Entonces, denuncia mediante, asistimos para que autoricen a retirar a los niños. Solemos acompañar todo ese proceso –comenta Boggon–. Cuando son situaciones de violencia sexual, ya sea que actúen fiscalías o juzgados, también piden nuestra intervención, que vayamos al lugar donde está siendo asistida la persona, y hacemos un informe que pasa a formar parte del expediente judicial. En una segunda instancia nos citan para dar testimonio en los juicios. Hay un despliegue para brindar la mayor protección que puede lograrse y que no estemos marca la diferencia”.
La línea 137 es federal y brinda asistencia en todo el país. Los equipos profesionales tienen dos sedes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la metodología ha sido replicada en Chaco y Misiones. “Los llamados que llegan de otras provincias se intentan articular con el 911 de ese lugar donde está ocurriendo el hecho, para dar protección a esa persona. A veces nos encontramos con la traba de que quien llama no se anima a dar sus datos o tiene miedo, muchas veces son vecinos y no quieren quedar expuestos. Entonces, desde el programa, relatamos lo que se nos informa, los aspectos que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, y elevamos un acta que es enviada a los organismos locales de protección. No es una denuncia, pero es informar para que se comience a intervenir”, puntualiza Boggon.
El Ministerio de Justicia de la Nación todavía no responde al reclamo de reincorporación de los despedidos de la línea. Sus trabajadores, mientras tanto, sostienen reuniones gremiales y actividades para visibilizar el conflicto, como una radio abierta y la proyección del documental de la línea Cada 30 horas de la directora Alejadra Perdomo. “Desde la gestión manifiestan interés en el programa, pero lo están vaciando de personal –refiere Boggon–. No sé cómo pretenden que se mantenga cuando es un trabajo de 24 horas, todos los días, en torno a una temática tan compleja”.