En lo que va del 2024 se produjo una serie de derrumbes en diferentes obras y propiedades linderas de la Ciudad de Buenos Aires. Durante febrero desde UOCRA hizo un relevamiento de obras activas, la mayoría de edificios y detectó graves incumplimientos.
El pasado febrero sucedió un trágico derrumbe en una propiedad lindera a una obra en construcción en el barrio de Caballito. En este accidente se confirmó la muerte de dos hermanos de 75 y 77 años. Los vecinos de la avenida Pedro Goyena al 500 habían pedido en reiteradas ocasiones al Poder Jucicial el cese de los trabajos porque consideraban que entrañaban peligro. En la misma zona, en la calle Río de Janeiro al 200, una pared de otra obra se desplomó dentro de un supermercado chino. También, en la esquina de Uriarte y Costa Rica, Palermo, se desmoronó una casa dejando como saldo fatal la muerte de dos obreros que quedaron atrapados entre los escombros.
La frecuencia de estos acontecimientos revela una problemática que se repite en la Ciudad de Buenos Aires: la falta de control sobre las condiciones en que se realizan las obras. Los vecinos pueden hacer la denuncia por irregularidades en las obras a la línea 147 que permite hacer el seguimiento dentro del sistema de gestión de la ciudad. En su página web la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, informa que “para realizar una obra en tu casa debés tener el permiso del Gobierno y ante una modificación, necesitás el consenso de todos los propietarios. Antes de empezar una obra, el profesional que contrataste deberá darla de alta en la AGC y tendrá que cumplir con las inspecciones obligatorias”.
Un informe desarrollado por la Asociación Civil Defendamos Buenos Aires asegura que en la ciudad hay alrededor de 5.400 viviendas en peligro de derrumbe, sumando departamentos, edificios, casas particulares y obras en construcción. El documento hace hincapié en la falta de controles gubernamentales y según le comentó Javier Miglino, titular de la ONG a Tiempo Argentino, se está violando el Artículo 34 de la Constitución de la CABA que establece que “la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los habitantes”.
Las estadísticas de la UOCRA y los incumplimientos a la CyMAT
Durante febrero, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) relevó 7.914 obras activas en la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de las construcciones son edificios de pisos múltiples y se destacan los barrios de Villa Urquiza, Belgrano, Caballito y Palermo con más de quinientas edificaciones en el mapa interactivo. Además, desde la UOCRA detectaron graves incumplimientos a la Comisión de Condiciones y Medioambiente de Trabajo (CyMAT), como la ubicación del tendido de cables aéreos a no menos 2,40 metros de altura o subterráneos, el mantenimiento y control del orden y limpieza en obras, la protección de aberturas de pisos con cubiertas o barandas de hasta un metro, el apuntalamiento de muros medianeros y el afianzamiento de partes inestables de la construcción.
Para Julio Cesar Neffa, Doctor en Economía del Trabajo por la Universidad de París e investigador superior del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, existe una estrecha relación entre el proceso de trabajo y la salud, y esto es lo que vuelve fundamental la prevención para aislar a los trabajadores del riesgo y evitar que los descuidos repercutan también en las ventajas competitivas del sistema productivo, algo que difundiría aún más estas prácticas.
“Hace falta una política sustentable, que dure, que se oriente a promover la salud del colectivo de trabajo y no solamente de cada trabajador, que no base su acción en medidas parciales o temporarias”, explica Neffa. “Con frecuencia, entre las medidas de prevención está el uso de los equipos de protección personal, se le exige al trabajador que use un casco, protectores auditivos, lentes, que se ponga las botas de seguridad. Pero esos equipos de protección personal son individuales y protegen a cada trabajador de los riesgos pero no los eliminan ni los reducen”. En su opinión, hay que poner atención, si se quieren identificar los riesgos y hacer prevención, en cuál es el contenido del trabajo y cómo está planteado.
Sin embargo, el último informe provisorio de accidentabilidad laboral a nivel nacional del período enero-septiembre del año 2023 muestra que se notificaron 454.970 casos de accidentes y enfermedades profesionales, con un aumento del 7,2 por ciento respecto de igual periodo del 2022. El total de casos mortales alcanzó 463 fallecimientos: 238 ocurrieron en lugar y en ocasión del trabajo y 225 fueron accidentes de trayecto, un aumento del 10,4 por ciento más que en septiembre de 2022. Según el informe de ese total de accidentes, el 9,2% se dio en la construcción que, a su vez, representa poco más del 3% de los trabajadores registrados, un indicio de lo riesgoso de la profesión.
Prevenir y curar
La licenciada en Sociología y magíster en Investigación en Salud Laboral por la Universidad de Buenos Aires, Johanna Gerke, explica que la normativa sobre CyMAT es un «piso» para que todos los actores del Sistema de Riesgos del Trabajo tengan una referencia de las medidas mínimas que deberían implementarse. A su manera de ver, como el sistema está basado en la lógica del seguro, son pocas las veces que se llevan adelante medidas verdaderamente preventivas y específicas para cada lugar de trabajo. Por esto es que entiende que los exámenes médicos y los tratamientos de rehabilitación no pueden estar en manos de empresas que persiguen un lucro y cuentan cada centavo que «gastan» en prevención.
La normativa preventiva para la construcción es muy rica y específica; el Estado, la Cámara empresarial y su sindicato son muy activos en relación con otras actividades. Sin embargo, la cultura de la prevención debe ser fuerte y la atención alta en cada lugar de trabajo. “Si queremos reducir costos usando una escalera en lugar de una silleta con arnés para trabajar en altura, no hay control que alcance”, comenta Gerke.
La docente de la Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo Agrario, en la Facultad de Agronomía de la UBA, explica que los organismos que intervienen en estos temas son “básicamente dos: el Ministerio de Capital Humano, que vela porque los empleadores incluyan a todas las personas trabajadoras en el Sistema de Seguridad Social, que estén ´en blanco´ y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que controla que las aseguradoras de riesgos del trabajo cumplan con la normativa del Sistema de Riesgos del Trabajo”. Luego hay otros actores que intervienen y ejercen su propio peso en la CyMAT como la Unión de ART que asesora a las aseguradoras y ejerce presión para que las obligaciones legales de las mismas sean lo más flexibles posible, o los sindicatos, que tienen el importante papel de ampliar los derechos de sus representados. También inciden de distintas maneras las cámaras empresariales, los proveedores de bienes y servicios de las ART, la Cámara Argentina de Seguridad, la Secretaría de Comercio, las Universidades que capacitan a los Servicios de Salud Laboral e Higiene y Seguridad, el Poder Judicial que intercede ante conflictos laborales, y cada uno de nosotros en nuestro rol de trabajadores.
Recesión económica en la construcción
En este contexto, además, la baja en el sector de la construcción llegó al 18 por ciento en dos meses principalmente por el recorte en obra pública de un 85% ordenado desde la Secretaría de Hacienda. Desde la cuarentena no se había visto un desplome de tal magnitud. La producción de asfalto bajó el 61,9 por ciento, yeso 40,6 por ciento, hierro redondo y aceros 38,6 por ciento y hormigón 28,6 por ciento.
Una encuesta cualitativa del INDEC entre las empresas del rubro arrojó un panorama muy complejo sobre el futuro a corto plazo: más de la mitad de los participantes que hacen obras privadas prevé que el nivel de actividad cambiará en los próximos meses y solo un 5,9 por ciento cree que va a aumentar. Los motivos que esgrimen quienes trabajan en la construcción privada son la retracción de la economía y la inestabilidad de los precios; los que operan en el sector público se diferenciaron e indicaron los atrasos en la cadena de pagos.
Con semejante freno a la construcción seguramente la cantidad de accidentes se reduzca. ¿O para reducir costos en un contexto de poca rentabilidad los “ahorros” en seguridad e higiene aumentarán aún más?