El 15 por ciento de la planta de muchos organismos de la administración pública fue cesanteado. Hay personas que llevan más de veinte años cumpliendo funciones en áreas estatales que brindan servicio a la población y garantizan derechos. La posición de los sindicatos.
Sobre el cierre del miércoles y con el comienzo de la Semana Santa, más de siete mil trabajadores y trabajadoras estatales de los más diversos organismos recibieron un mail que les anunciaba el despido de sus trabajos. En pocas horas pasó de todo: el presidente de la nación, Javier Milei, se mostró orgulloso de su plan “motosierra” en el Foro de Economistas Latinoamericanos: “Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos” dijo Milei. Casi en simultáneo su vocero aclaró que 70.000 fueron los contrato analizados, pero los despedidos serían unos 15.000. Con la noticia circulando, hubo medidas de fuerza en el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Meteorológico Nacional, el Ministerio de Trabajo y otros organismos. Veinte mil escritores, investigadores y personalidades de la cultura firmaron una solicitada en defensa de la Biblioteca Nacional. Para sumar confusión, un guardaespaldas del secretario de Derechos Humanos casi saca el arma en medio de un ruidazo.
El ajuste indiscriminado se relaciona con el decreto 84/2023 publicado en el Boletín Oficial a finales de diciembre, el cual estableció la finalización de los contratos laborales para el 31 de marzo. Lo cierto es que esos contratos, conocidos en el Estado como Artículo 9-Resolución 48- corresponde a empleados de planta transitoria que los sucesivos gobiernos de los últimos veinte años nunca efectivizaron y trasladaron a planta permanente, por lo que entre los despedidos se encuentran trabajadores que llevan veinte años cumpliendo funciones en la administración pública.
Durante altas horas de la noche aún seguían llegando, vía correos electrónicos, más bajas como en el caso de las 121 personas despedidas en la Biblioteca Nacional, 60 en el INAP, 517 en la Secretaría de Trabajo, 73 en el Servicio Meteorológico Nacional,184 de la Agencia Nacional de Discapacidad, 80 despidos en Parques Nacionales, 40 en AABE,. 150 en Vialidad, 1300 en ANSSEs, entre muchos otros. Se calcula que la medida afecta a un 15 por ciento de toda la plantilla estatal.
Los gremios en pie de lucha
Los dos sindicatos, si bien adoptaron posturas distintas, se mostraron alerta ante la situación que afecta directamente a sus afiliados. UPCN se niega a realizar un paro general y realizará acciones de fuerza puntuales por organismo. El titular de la Unión Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, anticipó que van a implementar medidas de fuerza específicas según la situación de cada organismo: “Evaluaremos el alcance de estas acciones en función de las circunstancias», declaró en diálogo con Radio Con Vos, dónde también descartó la posibilidad de un paro general “No contemplamos un paro general en este momento. No entiendo por qué insisten tanto. ¿Acaso la verdadera lucha está en convocar a un paro general o en resolver los problemas?”
Por el lado de ATE durante estas horas resolvieron la convocatoria a una Jornada Nacional de Lucha para el 3 de abril con un ingreso masivo y simultáneo a todos los organismos de la administración pública nacional y un plenario nacional de trabajadores de la Administración Nacional tal como le informaron a ANCCOM.
El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, habló sobre la situación puntual del SENASA: “No vamos a tolerar ninguna cesantía injustificada e ilegal en un organismo de vital importancia como este. Si no se garantiza la plena estabilidad de todos los trabajadores, una vez concluido el fin de semana largo vamos a retomar el plan de acción”.
“No existe ningún justificativo para aplicar un achique o llevar adelante un recorte en este sector, que no solo se autofinancia, sino que además garantiza –con la labor de todos sus trabajadores- el permanente ingreso de divisas a nuestro país. Poner en riesgo los puestos de trabajo en el SENASA es poner en riesgo al comercio internacional de nuestro país y a la salud de toda la población”, específicó.
También el cuerpo de delegados ferroviarios de la línea Sarmiento, con Rubén Pollo Sobrero a la cabeza, declaró el estado de alerta, movilización y asamblea permanente y ante la llegada de telegramas de despidos se convocaron en Asamblea General. Además llaman al Secretario General de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, a llevar adelante un plan de acción urgente en defensa de los puestos de trabajo y también le reclaman a la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) un nuevo paro general “para unificar la pelea de todos los afectados”.
