Otra vez llovió sobre Buenos Aires y otra vez se cortó la luz. A las periódicas interrupciones de suministro y a la desidia de la empresa, hoy se agrega la ausencia total del ente regulador y, en breve, una suba de tarifas que hundirá a más familias en la pobreza.
Otro temporal con fuertes lluvias y viento y otras vez miles de hogares sin luz. Familias, comercios y fábricas de la zona sur del AMBA padecen desde hace años el pésimo servicio de Edesur. A los reiterados apagones masivos y focalizados producto de la falta de inversión, se suma el descontrolado crecimiento inmobiliario, sin el debido desarrollo de la infraestructura eléctrica, que empeora la situación.
En la ciudad de Buenos Aires, en barrios como Caballito, Boedo y Almagro, a la par que se multiplican las torres, también lo hacen los cortes de luz, que afectan negativamente a la calidad de vida de sus residentes. “Casa que se tira abajo y que vivían cuatro o cinco personas, casa que se construye un edificio de diez pisos. De cuatro personas que vivían antes, hoy son cuarenta –afirma Martín Hernán Gorreta, comunero del Frente de Todos en Comuna 5, que abarca Almagro y Boedo–. Y todo esto sin ampliación de la red cloacal, ni de Edesur, ni de gas”.
“El crecimiento desmedido y la falta de planificación urbana pone en peligro la vida de los ciudadanos”, agrega Gorreta, y pone de ejemplo el reciente derrumbe en Caballito, donde dos personas perdieron la vida. El jefe de Gobierno Jorge Macri “debe hacerse cargo de la situación”, enfatiza.
Respecto al tema de la luz, Gorreta subraya la falta de diálogo con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), así como la ausencia de mesas de trabajo para abordar los constantes cortes de suministro que afectan a las comunas. «Antes teníamos líneas directas de comunicación con el ENRE y con AySA”, señala.
En la parte sur de Boedo, los vecinos se enfrentan, además, a otra problemática en auge: el aumento de los robos de fusibles, que dejan zonas enteras sin luz durante días. «El mes pasado hubo cinco robos de fusibles. Edesur tarda entre tres días y una semana en reponerlos», cuenta Yamila Iphais Fuxman, integrante de la Junta Comunal 5 por Unión por la Patria.
Aparte de ser privada frecuentemente de un servicio básico, la gente sufre complicaciones adicionales. “Sin electricidad, no pueden preservar sus alimentos, y no sólo eso, no pueden contar con servicios esenciales, como poder cargar un respirador”, remarca Fuxman, quien hace hincapié en que los cortes afectan más a las familias que cuidan de personas mayores o niños con necesidades especiales que dependen de equipos eléctricos.
«No puede ser que empresas que llevan más de treinta años en la ciudad no hayan podido resolver estos problemas, pero siempre tengan prioridad a la hora de recibir aumentos», se queja Fuxman. Y empresas como Edesur, aclara, no operan con pérdidas, al contrario, tienen ganancias, y son entidades cuyas acciones cotizan en bolsa y pueden ser vendidas.
Mientras tanto, Edesur, que tiene su concesión hasta el año 2087, sigue reportando dividendos. Propiedad del holding italiano Enel –del que también es accionista BlackRock, uno de los fondos acreedores de la deuda argentina–, la empresa informó en su último balance que durante 2023 obtuvo una ganancia de 79.732 millones de pesos
Para Fuxman, la ganancia obtenida tendría que estar relacionada con una prestación adecuada: «Las empresas deberían empezar por brindar un buen servicio y luego reevaluar el tema de las tarifas. Pero está invertido el orden, el criterio que tienen para poner los precios».
En función de este criterio invertido, el Gobierno anunció hace unas semanas un nuevo esquema tarifario, por el cual los usuarios de electricidad deberán pagar hasta un 300% más. La exponencial suba está compuesta en buena medida por la eliminación del subsidio estatal a la tarifa para casi todos los sectores. Por ejemplo, para quienes hayan comprado dólares en los últimos meses, o hayan viajado al exterior a un país no limítrofe, o para quienes tienen una prepaga.
“Hay un gran problema cuando se realizan segmentaciones muy abstractas –plantea Jonatan Emanuel Baldiviezo, abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad–. Un ejemplo de ello es la consideración de que quienes poseen servicios de prepaga no merecen subsidios”. La realidad siempre es más compleja.
“Miles de personas mayores –prosigue–, que han pagado sus servicios de prepaga durante décadas, no son necesariamente pudientes. De hecho, muchas mantienen estos servicios con el respaldo de sus hijos, valorando la salud como un recurso fundamental y realizando sacrificios financieros para asegurar su continuidad”.
Según Baldiviezo, “el incremento de los servicios para aquellos usuarios considerados con capacidad económica, va a suponer un esfuerzo financiero adicional”. Teniendo en cuenta la presión inflacionaria que ya existe sobre las familias –aumentos en alimentos, transporte, alquileres, colegios, prepagas– el tarifazo a luz vendrá a dificultar todavía más la vida la población.
“Este contexto económico está contribuyendo al incremento de la pobreza. La eliminación de subsidios de manera indiscriminada sólo agrava esta situación, dejando a un mayor número de familias por debajo de la línea de pobreza”, sostiene Baldiviezo.
Mientras tanto, Edesur, que tiene su concesión hasta el año 2087, sigue reportando dividendos. Propiedad del holding italiano Enel –del que también es accionista BlackRock, uno de los fondos acreedores de la deuda argentina–, la empresa informó en su último balance que durante 2023 obtuvo una ganancia de 79.732 millones de pesos
