Vecinos de Pergamino denuncian que la producción agrícola contamina con glifosato el agua que consumen. Señalan altos índices de cáncer en la población.
A 222 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Pergamino es uno de los núcleos sojeros más importantes del país, con las tierras más cotizadas de Argentina. Estas condiciones traen aparejada la presencia de las empresas más poderosas del agronegocio, que en función de sus intereses económicos utilizan sustancias sumamente contaminantes, no solo para el medio ambiente, sino también para los habitantes de la localidad.
Argentina lidera el ranking mundial en lo que respecta al uso del glifosato, superando los 300 millones de litros cada año. Fernando Sánchez, ingeniero agrónomo, subraya que “el producto mayormente usado para fumigar es el glifosato, con lo que matamos el 95 o 96 por ciento de las malezas”.
Alejado de los ruidos del centro, donde se despliega la mayor parte de la vida pergaminense, se encuentra Santa Julia, un barrio calmo al sur de la ciudad. Con sus veredas arboladas y sus casas de mitad de siglo XX, después de las 16, cuando culmina la hora de la siesta, los negocios locales abren sus puertas, los niños salen a jugar a la calle o se encuentran en la placita del barrio, y los vecinos se sientan en las puertas de sus hogares con sus reposeras rayadas a charlar con quien pase por allí, hasta que el sol comienza a caer. Pero, tras esta fachada encantadora, se oculta una realidad que muchos, consciente o inconscientemente, ignoran: el agua que beben y usan está contaminada con 19 agrotóxicos diferentes como consecuencia de las fumigaciones que se realizan en los campos cercanos.
Alejandra Bianco es una prueba viviente de ello. Docente, vive en el barrio desde hace casi 30 años, a la vuelta de la parroquia. “Yo tomo consciencia de lo que estaba pasando cuando se enferma Sergio, que era mi pareja –recuerda–. Sergio empezó a tener problemas de salud hasta que, finalmente, le diagnosticaron cáncer de páncreas y de hígado, y fue el médico que iba a hacerle la biopsia quien me dijo si yo no tenía alguna sospecha de que lo que sucedía no era una cosa aleatoria, que no podía ser casual que toda mi familia estuviera sufriendo alguna patología, todas diferentes, mis dos hijos, Sergio, y yo”.
Alejandra comenzó denunciando el mal funcionamiento de un transformador cerca de su hogar, luego de recibir aviso de un empleado de la Cooperativa Eléctrica. “Lo denuncio primero en una radio, y al día siguiente viene un canal local a hacerme una nota, donde sacaron al aire la imagen del transformador”. La escena, transmitida a través de Canal 2 de Pergamino, llegó al otro lado de la ciudad hasta Sabrina Ortiz, habitante del barrio Villa Alicia, quien llevaba ya varios años denunciando las fumigaciones que se realizaban a pocos metros de su casa y que habían enfermado a todos los integrantes de su familia.
Después de oír el relato, Sabrina decidió contactarse y no dudó en tenderle una mano a Alejandra. Nadie mejor que ella sabía lo que era levantarse en contra de las compañías más poderosas del agro en una localidad donde el campo es “palabra santa”, y donde quien decide enfrentarlo, encuentra su mayor adversario en el silencio cómplice de todos aquellos que tienen la posibilidad de ayudar. “Hablo de los médicos, de los abogados, de todos los que tienen una voz autorizada, no hay toxicólogos, que no es casualidad, no hay un área ecológica, que en una ciudad de producción sojera donde están contaminadas todas las napas de agua no haya una historia clínica ambiental no es algo azaroso”, expresa Sabrina, indignada.
La misma indignación se instaló en la vida de Alejandra, luego de que Sabrina le explicara que, muy probablemente, los problemas de salud que sufría su familia y el número creciente de fallecidos de cáncer en Santa Julia se debieran a los agrotóxicos aplicados en zonas cercanas. De esta manera, y frente a la indiferencia y la inacción del Municipio, decidió llevar adelante una encuesta dejando en los negocios barriales unas planillas para que completaran quienes hubieran padecido alguna enfermedad o fuesen cercanos a algún fallecido por el mismo motivo. “En mi cuadra era muy llamativo, porque los vecinos de al lado de mi casa murieron los dos de cáncer, otro vecino que aún vive tiene cáncer en los intestinos, al lado de ellos otra mujer que ya falleció hace dos años y medio, el señor de la casa de al lado de ella con leucemia, también fallecido, y así te puedo nombrar infinidad de casos”, detalla Alejandra, mientras cuenta con los dedos. Los resultados fueron estremecedores: en dos manzanas se habían registrado 53 casos de personas con enfermedades diversas.
Volver justa la injusticia
Desde 2014, una ordenanza prohíbe fumigar en los primeros 100 metros cercanos a las urbes y 500 metros donde sólo se permitía aplicar productos que fuesen menos nocivos. Sabrina, decidida a salvar a su familia, se recibió de abogada, y en 2018 logró que su caso llegara a la justicia federal. “Acá hay abogados, pero ninguno de los que se hacen llamar ambientalistas me quiso acompañar, porque son los mismos que hacen los contratos agrarios, que asesoran a las empresas, y son los mismos que hoy representan a quienes están procesados por envenenamiento”, sostiene.
La participación de Alejandra en el juicio contra la Municipalidad comenzó después del acercamiento de Sabrina. “Ella me ofreció trabajar juntas, y como yo estoy en la otra punta de Pergamino, ser querellante de la causa por el Barrio Santa Julia”, puntualiza Alejandra. Así empezó, se encargó de recolectar y llevar a la ciudad de San Nicolás 30 historias clínicas de diferentes vecinos, las cuales fueron presentadas ante el juez Villafuerte Ruzo, a cargo del expediente, quien ordenó la distribución de agua apta para el consumo en el barrio de Alejandra. La medida fue apelada. “Para la Municipalidad no hay tantos casos de cáncer, una falta de respeto hacia el dolor de los vecinos y la pérdida de nuestras familias, una falta de respeto después de haber hecho el censo”, se queja Alejandra.
El actual intendente, Javier Martínez, de Juntos por el Cambio, se lava las manos. Según él, se está gastando “dinero de los pergaminenses injustamente” y asegura fervientemente que “toma agua de la canilla”. Más allá de la apelación, el Municipio debió cumplir con la medida, sin embargo, tal como relatan los vecinos, no funciona correctamente. “A veces pasan, a veces no, hacen lo que quieren, a mí me han desaparecido bidones y nadie nunca se hizo cargo”, cuenta María Lorena Bertora, quien vive frente al Jardín Santa Julia junto con sus dos hijas de 17 y 8 años. “La mayoría de las veces lo que nos dejan no alcanza y tenemos que tomar el agua de la red, no nos queda otra”, se lamenta.
La cultura del campo
A pesar de todo esto, se sigue negando la toxicidad de los químicos y cómo pueden afectar a la población. El ingeniero Fernando Sánchez afirma que “el porcentaje de agroquímicos que contaminan el agua es muy poco, porque cuando tocan la tierra se desactivan. Hay mucha polémica con el tema del glifosato, pero no saben que éste se desactiva automáticamente cuando toca la tierra, por eso hay muchos que lo discuten”.
Cualquiera podría llegar a la conclusión de que es una obviedad la postura que toma el Municipio en un caso como este, teniendo en cuenta que es una ciudad cuya economía gira alrededor de la producción agropecuaria, y que no va a ceder frente al reclamo de unos pocos vecinos.
Esto último es lo que más duele a quienes llevan la lucha adelante: la ignorancia de los pergaminenses, el poco interés que muestran en lo que, quieran o no, es un tema de salud pública. “Seguimos así tranquilos, sin movernos, sin hacer nada, por eso yo tampoco empecé ninguna campaña más acá, porque me sentí muy sola, acompañada por muy pocos vecinos y siempre los mismos, no participan de la lucha, así que lo sigo haciendo, pero desde otro ámbito, con Sabrina, cada vez que se necesita algo, respondiendo entrevistas cada vez que puedo, pero es muy triste ver lo que pasa en el barrio, que la gente aún no reaccione”, manifiesta Alejandra con un dejo de resignación.
La cultura del campo cala muy hondo en la ciudad, muchos habitantes pertenecen a familias rurales. “Nos criamos pensando que el campo es el motor de la ciudad, el que nos da de comer, el que nos da trabajo, y no está mal, está mal que nos digan que está todo bien cuando no es así, cuando sabemos que hay otros métodos de producción que pueden ser compatibles con la salud”, explica Sabrina.
Los productores tienen otra visión del tema. “Si existe algún método menos nocivo para la salud, no lo sé, pero en algún momento tenés que aplicar los químicos, pulverizar, no hay otra, no hay métodos que te permitan no hacerlo, no existe en Argentina, y si no tendríamos que volver a la época de 1930 que se hacía todo a mano, y no estamos en condiciones de hacerlo en este momento”, dice Sánchez. Si no se habla de métodos alternativos ni desde la industria, ni desde la Secretaría de Salud, las víctimas del agronegocio ignoran, no sólo la posibilidad de incorporar medidas que atenúen los efectos de la contaminación, sino también la existencia de ella.
Un ejemplo llamativo es el de la Fundación Leandra Barros, que desde 2011 organiza una maratón con el objetivo de recaudar fondos para colaborar con personas de Pergamino que padecen enfermedades oncológicas. Lo curioso es que la carrera está auspiciada por algunas de las más reconocidas empresas del agro.
Contra un panorama que no parece ser el más favorable, Alejandra no se da por vencida. Desde los espacios que habita intenta aportar a la causa y visibilizar la problemática, para así llegar a quienes aún desconocen lo que sucede con el agua en Pergamino. “En mi profesión como docente realizo una concientización sobre el tema todo el tiempo –señala–. Me han hecho muchas notas por radio, en los periódicos, en los medios virtuales, he ido a dar charlas a escuelas secundarias, al Instituto de Formación Docente, y en cada invitación que tengo y que puedo, porque trabajo mucho, por supuesto que también asisto”.
Quienes participan activamente de esta lucha, esperan con ansias la elevación a juicio contra tres productores que incumplieron las medidas de seguridad y de dos funcionarios municipales que, a pesar de estar encargados del control de la aplicación de fumigaciones terrestres, protegieron al fumigador, aun cuando eran conscientes de que había violado la cautelar.