Por Karol Reyes
Fotografía: Pamela Pezo y Clara Pérez Colman

En el tercer día de debate de la “Ley Ómnibus”, unas cinco mil personas protestaron frente al Congreso de la Nación, desafiando las provocaciones de las fuerzas de seguridad. Tras la media sanción, la policía desató una cacería de manifestantes.

“Se acaba de aprobar una ley que traiciona al pueblo argentino. Vamos a seguir manifestándonos. Es importante que la comunidad rechace en su conjunto las reformas que se van a venir porque atentan contra los derechos ganados en estos 40 años de democracia”, afirmó Daniel Catalano, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE), en diálogo con ANCCOM, tras conocerse la votación en Diputados.

En medio de la ola de calor, organizaciones sociales, sindicatos, partidos de izquierda, jubilados, estudiantes, asambleas vecinales y trabajadores de la cultura se manifestaron frente al Congreso de la Nación para expresar su rechazo a la denominada “Ley Ómnibus” y al megadecreto impulsados por el presidente de ultraderecha Javier Milei.

“Nos parece importante que las direcciones sindicales, la CGT y las CTA, vuelvan a convocar un paro. Evidentemente con un solo paro nacional no va alcanzar para frenar esto, es un Gobierno que está decidido a todo y que tiene cómplices de todo tipo. Va a haber resistencia del pueblo en las calles”, expresó Giselle Santana, trabajadora del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La ley perjudicará a diversos grupos y sectores de la sociedad, especialmente a aquellos que dependen de políticas públicas. “Es una vergüenza lo que se le paga a los jubilados, con el pequeño bono que dio este gobierno, la mínima es de 160 mil pesos. Que me explique alguien quién puede vivir con ese dinero, ni hablar si uno tiene que alquilar”, se quejó Fernando Sacarelo, integrante de la agrupación Jubilados de Izquierda.

La protesta de ayer incluyó un festival para evitar “el apagón cultural” –la ley terminaría con el fomento a la música, el cine y el teatro– en el que se presentaron artistas como Julieta Laso, Las Manos de Filippi y Peteco Carabajal. Las anunciadas privatizaciones de medios públicos también afectarían gravemente la producción y difusión de la cultura. “Estamos siendo amenazados de privatización o cierre. En nuestro caso, en Radio Nacional, tenemos 49 emisoras distribuidas en todo el país. La radio pública es el único medio de comunicación que tienen los pobladores de zonas rurales, por eso la defendemos”, remarcó Cecilia Vari, trabajadora de Radio Nacional Argentina.

Bajo la consigna «La Patria no se vende», a la protesta se sumaron los excombatientes de Malvinas. “Venimos a defender la soberanía como lo hicimos en 1982, como simples ciudadanos para nuestro pueblo y no para ninguna dictadura cívico-militar. Ahora vemos a la pata civil de la dictadura en el poder que quiere entregar Malvinas y la Antártida y el resto del país a los británicos y a los grupos económicos. ¡Eso es traición!”, subrayó Héctor Francia, veterano de Malvinas.

Los alrededores del Congreso fueron, por tercera jornada consecutiva, escenario de represión. “Nos reprimieron con balas de goma, nos tiraron gases, hay compañeros que están lastimados, de hecho, uno de ellos tiene cuatro balazos de goma en las piernas y otro casi pierde un ojo. Este protocolo que quiere implementar la ministra de Seguridad Patricia Bullrich es sumamente agresivo”, sostuvo Luciana García, integrante de la Asamblea de Barracas y La Boca.

Decenas de manifestantes resultaron heridos a causa del accionar desproporcionado de las fuerzas de seguridad –algunos fueron atendidos en una posta sanitaria instalada en el lugar por las organizaciones– y anoche además se registraron más detenciones. Organismos de derechos humanos y referentes de la oposición condenaron la represión y exigieron una investigación exhaustiva sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades.

“Ayer se reprimió violentamente una manifestación pacífica, por eso reiteramos nuestra presencia acá para monitorear y denunciar el accionar violento e inadecuado de la policía. Protestar es un derecho constitucional en nuestro país”, señaló María Elena Saraví, trabajadora de la Comisión Provincial por la Memoria.

Anoche, luego de la media sanción en Diputados, las fuerzas federales –armadas con cascos, escudos, bastones, gases y armas con balas de goma– volvieron a provocar a los manifestantes y detuvieron a una docena de ellos, jóvenes en su mayoría. Mientras, los legisladores que dieron su voto positivo, se iban del parlamento en sus autos con vidrios polarizados.