Un docente y un trabajador independiente fueron detenidos, bajo procedimiento irregulares de la Justicia jujeña, por difundir tuits sobre la situación sentimental del ex gobernador.
La Justicia jujeña imputó de graves delitos y mantendrá privados de su libertad por 60 días a Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas por la difusión vía redes sociales de chistes que aluden a la situación personal del exgobernador Gerardo Morales.
Ambos replicaron de forma irónica versiones que circulaban masivamente en las redes y hasta en diarios digitales locales sobre una supuesta infidelidad de la esposa del dirigente radical. Las familias de los detenidos denunciaron que los procedimientos para encarcelarlos fueron “irregulares”, realizados “por policías de civil, en vehículos sin patente”.
ANCCOM dialogó con Lucía Castro Olivera, pareja de Morandini; Fabiola Suárez, histórica dirigente de derechos humanos en la provincia, y Natalia Morales, diputada de la Provincia por el PTS-Frente de Izquierda.
Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas fueron detenidos el 4 de enero último, sin orden judicial escrita. En el caso de Morandini, docente de Ecología en la Universidad Nacional de Salta (UNS), el argumento fue un “tuit”, mientras que en el de Villegas, trabajador independiente, fue la difusión de un “flyer”. El juez Roberto Asseff acusa a Morandini de haberle provocado lesiones físicas y psicológicas a la hija del exgobernador Morales, a partir de la denuncia de su esposa, Tulia Snopek, e imputó a ambos por daños y supresión y suposición del estado civil y de la identidad, delitos invocados en las causas sobre apropiación de menores.
En la audiencia del día siguiente, el fiscal Walter Rondón solicitó 60 días de prisión preventiva para ambos. Hasta el momento, se sabe que el primero de ellos se encuentra en la Unidad Penal 1 del barrio Gorriti.
Lucía Castro Olivera, pareja de Nahuel, dijo que este hecho demuestra la “prepotencia, arbitrariedad e impunidad” con la que se manejan en Jujuy tanto el ex gobernador como los funcionarios actuales y los jueces y fiscales. “Un montón de gente se hizo eco del tema. Si fuesen presos todos, no sé si quedaría gente en las calles de Jujuy. No alcanzarían las cárceles de la Provincia”, expresó. Por otro lado, la diputada provincial Natalia Morales denunció que “la Justicia está amañada por el Poder Ejecutivo que responde al ex gobernador”.
Gremios docentes y organismos de derechos humanos exigieron la inmediata liberación del ingeniero Morandini. “Por replicar un par de publicaciones de las miles que existieron en las redes, Marcelo Morandini y Roque Villegas se encuentran privados de su libertad, en una actuación exprés de la justicia jujeña que denota la doble arbitrariedad: una prisión preventiva innecesaria e injustificada por un lado y la imputación exagerada de graves delitos por el otro”, escribió en sus redes la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). “La persecución y la velocidad de actuación de la justicia parece seguir demostrando que la suma del poder público en la provincia de Jujuy continua en manos del ex gobernador Morales”, agregó.
Antecedentes
No es la primera vez que Jujuy sufre un hecho de persecución ideológica de esta magnitud. En la madrugada del 16 de junio de 2023, el entonces gobernador Morales logró realizar una reforma exprés de la Constitución provincial. De esa manera, incluyó en el Código Penal la penalización de los cortes de calles y rutas, entre muchas otras medidas restrictivas del derecho a la protesta. Cuando ese mismo día el pueblo salió a manifestarse en la vía pública, Morales desató una represión policial propia de un régimen dictatorial que dejó decenas de heridos, entre los cuales algunos arrastran secuelas hasta hoy, como la ceguera de un ojo. Se sumaron a estos acontecimientos las amenazas y detenciones, como fue el caso de la diputada Natalia Morales, del Intendente Jorge Mamani e incluso de periodistas. “Lo que primero parecía que era en contra de algunos dirigentes de organizaciones de desocupados, luego fue contra las organizaciones en general, después contra los sindicatos y en última instancia contra maestros y toda la población que se movilizó”, recuerda Lucía Castro.
Fabiola Suárez, Integrante de la Coordinadora de Violencia Institucional de los organismos de Derechos Humanos de Jujuy, habló del panorama de una provincia donde “ha crecido la venta de estupefacientes y el consumo en grupos etarios cada vez más chicos, donde se registra el porcentaje más alto de femicidios y donde hay cada vez más menores en situación de calle debido a la creciente pobreza”, para tomar dimensión de este episodio, calificado como “absurdo” por los jujeños. Lo preocupante, indicó Fabiola, es que esto “da a pensar seriamente que cualquier persona, por el solo hecho de opinar o difundir algo de la gente del poder, pueda ser condenada y expuesta ante la opinión pública como delincuente”.
Además, la dirigente de Derechos Humanos aseguró que “Jujuy fue el laboratorio de la mano dura. Comenzó en 2016 con la confirmación de un Poder Judicial a medida que tuvo y tiene la tarea de judicializar a quien se oponga o hable en contra”.
A su criterio, lo que empezó en un pequeño territorio de tan solo 53 mil metros cuadrados y aproximadamente 700 mil habitantes, se puso en marcha a nivel nacional el pasado 10 de diciembre. “Es un gobierno (el de Javier Milei) elegido democráticamente por el voto, pero que tiene mucho de las prácticas de la dictadura, como es el protocolo antipiquete. Remonta a aquellos años oscuros que, a 40 años de democracia, pensábamos que no volverían. Pero la ultraderecha no desaparece, y el poder económico odia los Derechos Humanos”.
La Diputada por el Frente de Izquierda reinterpreta el concepto de “libertad”: “Se habla mucho de esa palabra, pero, hoy por hoy, la libertad que se garantiza es la de los empresarios de explotar y saquear el país, destruir territorios, avasallar los derechos de las comunidades indígenas y de manejarse como gobierno de manera autoritaria. Van a avanzar con planes brutales contra nuestras condiciones de vida”.
Por su parte, la compañera de Morandini concluyó: “Es una persecución ideológica y material, violación de la intimidad, espionaje. Este absurdo es la pura demostración de un poder que ya no tiene la legitimidad que tenía, pero que pone en juego la libertad de las personas y la posibilidad de organizarse y expresarse libremente, aunque sea para hacer un chiste sobre un tema intrascendente. La sensación es que hoy, en Jujuy, estamos todos en libertad condicional”.
Más órdenes de detención
El viernes 5 el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy comunicó que toda la comisión directiva que encabeza Sebastián López tiene orden de detención. La noticia llegó en el marco de la intensa lucha de los estatales por la ola de despidos a nivel municipal. La causa que les endilgan estaría vinculada a los hechos ocurridos en junio en la provincia, durante la resistencia a la reforma constitucional inconsulta de Morales. López dijo que el gobierno provincial busca “descabezar al gremio”, y destacó que él y sus compañeros “siempre estuvieron a derecho”.
La provincia vive una intensa crisis similar a la que hay a nivel nacional por los despidos masivos. En 26 hospitales y centros de salud hay amenazas de cesantías de contratos.