La Ley Ómnibus propuesta por el presidente Javier Milei derogaría, entre otras, la Ley del Libro. Un día después de enviada al Congreso, las diversas Cámaras libreras comenzaron a organizarse para explicar los efectos negativos de la medida y resistir su aplicación. Las pequeñas librerías y la bibliodiversidad, en peligro.
La Ley 25.542 del Libro corre riesgo de ser derogada si se aprueba la Ley Ómnibus en las sesiones extraordinarias que la tratarán hasta el 31 de enero. Esta norma, con 22 años de vigencia, dicta que “los editores, importadores o representantes de libros deberán fijar un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”. Es decir que establece un precio único tanto para la pequeña librería como la gran cadena editorial, e incluyendo los canales de venta online.
La Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), fundada el 19 de diciembre de este año, se pronunció al respecto y su vocero, Juan Pablo Armenio, de Tiempo Libro, confiesa: “No sabemos el por qué de este proyecto: es insólito, nos agarra de sorpresa. El sector está de acuerdo con que la Ley del Libro sirve” y señala: “En sí ha mejorado la competencia y permitido que otros actores ingresen al mercado, como pequeñas editoriales y librerías que puedan poner acento en diferentes lugares del mundo del libro”. Actualmente, las diversas instituciones como CAL, CALEDIN, Fundación El Libro y la propia CALI, entre otras, se encuentran organizadas para unificar criterios y “tener un plan de acción común” según Armenio.
Mónica Dinerstein, presidenta de la Cámara, al ser consultada sobre el impacto de esta medida, explica que la derogación “atenta contra la competencia porque las grandes empresas pueden rebajar el precio”. Esto es: actores económicos -no necesariamente del mundo editorial- compran gran cantidad de ejemplares para comenzar vendiéndolos hasta un 30% menos, corriendo a las pequeñas y medianas librerías de la escena, para luego terminar aumentando el producto sin preocupación ya que no tendrán contra quién competir.
“Mucha gente cree que va a poder comprar más libros. Hay un grave error en esto: el precio no va a bajar. A lo sumo bajará en algunos lados, pero lo más grave es que se va a perder la bibliodiversidad”, advierte Dinerstein y en este punto complementa: “Hay libros de los que se venden pocos ejemplares al año. De eso nos nutrimos las librerías independientes. Logramos tener clientela que busca eso y nos diferenciamos. La idea es tener una gama de títulos que probablemente las grandes cadenas no tengan”.
Según Cecilia Fanti, de Céspedes Libros y vicepresidenta de la CALI, los casos de países con una ley de precios en el mundo literario, como Italia, Argentina o España, son “los que tienen el entramado más fuerte de librerías y editoriales independientes” y, sobre la importancia de la diversidad editorial, recalca: “No solamente han surgido infinidad de editoriales y librerías, sino que han sido declaradas Patrimonio Cultural. Hemos visto el crecimiento exponencial de las ferias de editores como la FED. No es una ley que va en detrimento del mercado, sino que como el precio es uniforme, la competencia no se traslada al descuento. El libro es un bien cultural, no solamente regulado por la economía”.
En paralelo, Fanti afirma: “Los editores pueden volcarse a pensar catálogos distintos, las librerías competimos desde la calidad de nuestro servicio. Hay un consenso absoluto dentro del sector de que la ley en argentina se cumple. Editores, libreros y distribuidores estamos de acuerdo en que hay que defenderla y que la derogación puede ser una tragedia para la industria y para los lectores”.
Antes de la implementación del “precio único”, existía el “precio sugerido” por las editoriales y en ese sentido Armenio recuerda: “En el 2001, se sanciona esta ley justamente porque estaban desapareciendo librerías independientes a manos de las grandes superficies. El que quiera vender cualquier libro en la Argentina lo tiene que tener al mismo precio entonces las oportunidades en ese caso son iguales absolutamente para todos: para mí, para Jenny, para un supermercado y para la editorial que lo quiera vender en la página. Por eso la competencia es beneficiada por una ley de precio único”.
Por esta derogación, las Bibliotecas Populares también puede verse en su sistema de compras centralizado dependiente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Braian Urban, presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia, Tandil, señala el apoyo del sector a la industria editorial “sobre todo con el tema de la diversidad” ya que las editoriales independientes “pueden acercar producciones que las grandes editoriales no realizan o están condicionadas”. Urban sintetiza: “Nos afecta como compradores de libros. De parte nuestra está la necesidad de tener diversidad de miradas y autores”.
La Ley Ómnibus también atenta contra las Bibliotecas con su propuesta de derogar dos puntos de su Ley N° 23.351 de 1986. Se tratan de sus títulos IV de la Junta Representativa y el V del Fondo Especial para las bibliotecas populares. Sobre el punto de la Junta Representativa, Urban señala que se eliminaría “un espacio de participación colectiva federal” con diálogo entre representantes de los gobiernos provinciales y de las federaciones de bibliotecas: “Un espacio central de intercambio, pensando cómo se discuten las políticas públicas de la CONABIP”, concluye.
Sobre la quita del Fondo, Urban advierte: “Nos afecta en términos materiales de financiamiento. Es un componente muy importante para las bibliotecas populares y la implementación de políticas públicas en torno a la promoción del libro, lectura, de acceso a la información, la conectividad”. Este Fondo está desde el año 86 y, al verse reformado, impactaría en gastos corrientes de las bibliotecas, como el internet con el Programa de Inclusión Digital, además de la promoción de lectura, servicios de información ciudadana y el Programa Libro%. Este último punto asegura la “posibilidad de que las bibliotecas viajemos a conocer a la Feria del Libro y compremos libros al 50% de su valor con recursos que transfiere la CONABIP, por lo tanto sería un desfinanciamiento que calaría muy hondo”.
La Ley Ómnibus atenta contra la diversidad de oferta y de miradas del mundo de los libros, limitando la posibilidad de elección de los lectores y, sobre todo, del acceso a consumos por fuera de las leyes de grandes mercados. De prosperar la derogación los libros se quemarán en el altar del libre mercado.