La Ley de Rendición de Cuentas aprobada en octubre abrió el debate: mientras el gobierno dice buscar una remuneración justa para los artistas, algunos cantantes señalan que perderán difusión. El riesgo para las web educativas.
Los usuarios uruguayos de Spotify recibieron diciembre con una notificación de la empresa informando el cese de sus actividades en el país. Este contexto despertó recelo entre los artistas que temen por la pérdida de su principal distribuidora digital de música. Esta es solo la punta del iceberg de un problema aún mayor que enfrentan los autores, intérpretes y plataformas de la República Oriental.
El pasado octubre, el Senado uruguayo aprobó la Rendición de Cuentas de este año, una ley ómnibus que abarca diversidad de tópicos que escapan a lo simplemente presupuestario. En esta edición 2023, se incluyeron la aprobación de los artículos 329, 330, 331 y 332 que modifican la Ley N° 9.739 de Derechos de autor promulgada en 1937 y su actualización del año 2003.
El objetivo de esta aprobación es “el reconocimiento de un derecho y la búsqueda de una justa y equitativa remuneración para los artistas”, explica Ignacio Martínez, presidente del Consejo de Derechos de Autor perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Esto se lograría obligando a plataformas de distribución como Spotify a realizar pagos a gestoras colectivas que actúan como intermediarias entre las plataformas y los artistas. En Uruguay las gestoras colectivas que recaudan los derechos de autores e intérpretes son AGADU y SUDEI.
“Hoy no existe remuneración. Se trata de acceder a ella a partir de la legalización de los criterios y los reglamentos”, explica Martínez y expresa el deseo del Consejo de que se entienda al trabajador de la cultura como alguien que tiene derecho a ser remunerado. “No queremos perjudicar a nadie: ni a los productores ni a los intermediarios que difunden nuestra música. Queremos beneficiar a los artistas nacionales”, agrega.
El Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) es un proyecto de Uruguay que nuclea a un equipo interdisciplinario de profesionales interesados en el vínculo entre derechos humanos y la era digital. En un hilo de Twitter explicaron que “los artículos aprobados en la Rendición de Cuentas no abordan el problema adecuadamente y agregan disposiciones que perjudicarán a las plataformas educativas, los repositorios digitales y otros sitios web culturales sin fines de lucro”, ya que la ley no limita los cobros a las grandes empresas comerciales, sino que abarca a todos los sitios web.
Este nuevo contexto también implica complicaciones para los artistas. Según Jorge Gemetto, investigador de Datysoc, los autores perderán la libertad de entregar licencias gratuitas ya que se trata de un “derecho irrenunciable” por el cual las gestoras realizarán los cobros de igual manera, sin importar que los artistas no estén afiliados a ninguna de ellas.
Datysoc no está en contra de que Spotify y las discográficas paguen a las gestoras. El foco de su reclamo está en que la aprobación de los cuatro artículos no resuelve el problema de fondo: los escasos ingresos que perciben los autores e intérpretes frente a las ganancias de las plataformas y discográficas. “Los derechos de intérpretes y ejecutantes existen en Uruguay desde hace décadas”, explica Gemetto y agrega: “Lo que pasa es que los artistas firman contratos por los cuales se los ceden a las discográficas, que les pagan muy poco”. Frente a esta situación, Gemetto plantea dos posibles soluciones: una más racional pero difícil de ejecutar que es la regularización de los contratos entre artistas y discográficas. La alternativa sería que se haga el pago directo de las plataformas a los artistas, medida que implicaría acotar con precisión qué tipo de plataformas cargarían con esa obligación.
El porcentaje que perciben las gestoras también representa un foco de esta problemática. “Son organizaciones que recaudan para los artistas pero que tienen comisiones altísimas: AGADU cobra hasta el 45%”, detalla Gemetto. Por eso, muchos autores e intérpretes eligen gestionar sus propios derechos; se trata de una libertad que está avalada por ley y que se va a perder con la aprobación de la Ley de Rendición de Cuentas: “Sin importar lo que opinen los músicos independientes, las gestoras van a cobrar en nombre de ellos. Y si no son socios, no van a poder ir a buscar lo que la gestora cobró en su nombre”, explica Gemetto. En eso consta el derecho irrenunciable.
Pánico
El viernes pasado, Spotify sorprendió a sus oyentes uruguayos con el infame comunicado que explicaba su salida. En él señala que “los cambios con esta nueva ley podrían obligar a Spotify a pagar dos veces por las mismas canciones” y, a no ser que el gobierno explicite que las discográficas y editoras se harán cargo de esos gastos, su negocio de “conectar artistas y fans” sería insostenible.
Este mensaje tuvo como consecuencia la creación de una cuenta de Instagram anónima llamada Artistas Uruguayos que difundió un comunicado en el que piden la corrección urgente de los artículos que les competen ya que “lo que se está intentando revisar es objetivamente menor en relación al riesgo de perder un aliado tan importante para la industria de la música uruguaya como es Spotify”. Dando a entender que la remuneración justa queda en segundo lugar frente a la difusión mundial que les permite la plataforma.
Según Gemetto, esta postura es tomada por la camada de artistas jóvenes cuya sostenibilidad depende de las grandes plataformas de distribución como Spotify y afirma que su salida del país sería “un desastre” en tanto que se trata de su mayor canal de difusión y “no hay nada que lo reemplace”.
Martínez explica que la plataforma “jamás pidió conversar estos asuntos y lanzó una campaña equivocada, con datos falsos y una clara tergiversación de la información. Ha sido la Presidencia de Uruguay la que ha pedido encontrarse por videollamada y ahora está elaborando un proyecto de solución”, el cual se vería reflejado en un Decreto Reglamentario.
“La amenaza de irse de Spotify es una bravuconada”, opina Gemetto y agrega que despertó una discusión que impide ver la complejidad de una ley mal hecha. Si bien duda que la salida se vaya a concretar, Gemetto junto a sus colegas de Datysoc temen que el gobierno uruguayo haga un acuerdo que beneficie a Spotify y no derogue los cuatro artículos, dejando al resto de los sitios web en “una situación muy complicada” en la que se verán obligados a pagar a las gestoras. “Nuestro miedo más grande es por las plataformas educativas. Sobre todo el Entorno Virtual de Aprendizaje de la Universidad de la República, que tiene unos cien mil estudiantes”, explica. Las gestoras podrán ir tras cualquier plataforma, incluso si se trata de plataformas que usan contenidos sin fines de lucro, con licencias abiertas o que pertenecen a autores e intérpretes independientes.
El comunicado de Spotify opacó el problema estructural que presenta la Ley de Rendición de Cuentas. “Desde Datysoc pedimos que se deroguen los cuatro artículos que se aprobaron y que se empiece de cero a discutir en serio la cuestión de la remuneración justa para autores e intérpretes. Esa discusión seria implica tres patas: lo que tienen que pagar las plataformas, lo que tienen que pagar las discográficas y lo que se están quedando las gestoras colectivas”, resume Gemetto. Todo indica que Uruguay seguirá bailando al ritmo de Spotify al menos un tiempo más.