Después de 15 años, los vecinos de La Matanza habían logrado la suspensión del funcionamiento de la fábrica Sika-Klaukol por la contaminación que provoca. Pero antres de que se ejecute, la medida fue suspendida.
Luego de 15 años de lucha, los vecinos del Partido de La Matanza habían logrado un fallo histórico de la justicia federal. La sentencia había ordenado la suspensión de las actividades productivas de la planta Sika Klaukol. Sin embargo, la poderosa empresa de origen suizo lo acató por unos días y volvió a abrir sus instalaciones. Una historia sin fin.
La planta se inauguró en una zona urbana, una ubicación que no está permitida por la legislación. Con el tiempo, Sika Klaukol –nacida en 1972- se impuso en tanto marca líder en adhesivos y pastinas que se utiliza en pisos y cerámicos y también en la fabricación de productos químicos. Los vecinos de la planta padecen dificultades respiratorias, erupciones cutáneas y molestias oculares. El polvo gris lo invade todo: casas, autos, jardines y cuerpos. Las viviendas más cercanas tiemblan por el cimbrado de las máquinas.
El polvillo contiene sílice, componente cancerígeno. Según una investigación de DiarioAr, una de cada dos personas usa inhalador contra el asma. Los niños con alguna enfermedad previa no pueden jugar en sus patios o jardines.
En este marco, los trabajadores de Klaukol también se ven afectados por la contaminación. No pudieron hacer una demanda a sus empleadores porque antes de ser contratados tuvieron que firmar un contrato que establece la abstención de realizar cualquier tipo de reclamo judicial ante la compañía.
Susana Aranda, una de las vecinas que encabezó y formó parte de la lucha para el cierre de la fábrica, dialogó con ANCCOM y señaló que todo llega a destiempo y que “el poder del dinero puede tener más influencia en la justicia que la gente”. Además, agregó que la sensación que tienen es de desamparo. «Estamos solos: la gente de abajo y la clase trabajadora luchamos en soledad», expresó. Pero hizo la excepción de los diputados y dirigentes de Izquierda Socialista, que la acompañan en el reclamo desde hace varios años.
Aranda mencionó que nunca se debió instalar en el barrio esa planta porque forma parte de la categoría 3, que implica una alta complejidad de contaminación y debería estar en una zona rural. Asimismo, responsabilizó por esta autorización al «municipio que le dio el lugar, son culpables, como también el permiso dado por el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para usar las chimeneas sabiendo que era muy nocivo para la salud”, como así también culpó a “los ingenieros y a los ejecutivos de la fábrica». Según ella, «fallaron todos los controles y todas las habilitaciones fueron dadas rompiendo la ley, porque Klaukol nunca estuvo adecuado, ni trabajó como corresponde».
De su relato se desprende que casi todo el barrio debe tomar medidas para la salud, ya que no cuentan con hospitales equipados. «Argentina no está preparada para lidiar con personas contaminadas, nos automedicamos, vivimos como podemos y después morimos», dijo Aranda.
La causa iniciada por contaminación en 2013 que tramita en el juzgado federal de Morón a cargo de Jorge Rodríguez estuvo archivada hasta que en marzo el magistrado ordenó un nuevo estudio. La Acumar (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo) hizo el análisis médico de los vecinos de las primeras tres manzanas del barrio. Así, la neumóloga Vanina Martín, del Instituto Raúl Vaccarezza, detectó 27 casos de afecciones por exposición al polvo. Con este resultado, el juez Rodríguez ordenó suspender la producción de la fábrica hasta determinar si Klaukol es responsable directa de las afecciones respiratorias, cutáneas y oculares detectadas. El fallo fue festejado como histórico y establecía “la suspensión de la actividad de la empresa hasta que se lleven adelante todas las medidas de mitigación que impidan la exposición de las y los vecinos al material en cuestión». Pero la suspensión duró apenas unas semanas.
En noviembre Klaukol presentó un recurso de amparo y consiguió que se levantara la medida. Así, todo volvió a empezar. Aranda ya había advertido que “no se ha tomado ninguna medida a favor de la gente, porque algunos vecinos siguen sin atención médica, sin agua potable, sin cloacas ni pavimento, y encima la tierra vuela por todos lados, el vidrio molido lo tenemos por todas partes».
La mujer que lidera el reclamo desde hace más de una década e impulsó la denuncia penal considera que los empresarios «no quieren ir a donde tienen que ir a trabajar por el costo». Y agregó: “Tampoco ponen los filtros que corresponden para no gastar dinero, tampoco pagan las enfermeras a sus obreros, lo que hacen es trabajar a cielo abierto sin atender a ningún problema que les implique gastos».
Las autoridades de las instancias nacional, provincial y municipal fluctúan entre acusar a la autopista cercana por la contaminación del aire y repetir el argumento de la empresa de que hizo cambios y usa los filtros necesarios, pero distintos informes les dan la razón a los vecinos. En el medio de las idas y vueltas, algunos fallecieron por enfermedades que podrían haber sido inducidas por las partículas contaminantes del aire que respiraron, como el caso de Guillermo Winke, cuya casa estaba pegada al paredón de la fábrica y cada tanto vibraba por las máquinas.