Por Ornella Papaleo
Fotografía: Clara Pérez Colman

Los trabajadores de Radio Nacional se declararon en estado de asamblea y movilización permanente frente a las amenazas de privatización realizadas por el presidente electo Javier Milei.

 

“No adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”. Esta declaración, entre otras expresadas por Javier Milei en diversas entrevistas desde el 20 de noviembre, anticipó algunas de las medidas que pretende aplicar en su gobierno para ajustar gastos y recortar presupuesto del Estado.

Aún sin gabinete ni medidas formalmente presentadas, las declaraciones del nuevo presidente electo apuntaron, entre uno de sus objetivos principales, a la privatización de diversos sectores públicos, entre ellos, el de los medios de comunicación como Radio Nacional, la agencia de noticias Télam y TV Pública. 

Ante esta advertencia, los trabajadores de Radio Nacional convocaron a una asamblea para determinar cuáles son los valores e ideales que deben defenderse y acordar un pacto de unión como colegas frente a la arremetida contra los derechos conquistados que presenta la inminente asunción del nuevo gobierno.

En primer lugar, hubo un voto por la positiva para declararse en estado de asamblea permanente y movilización de los sindicatos que representan a los trabajadores. En segundo lugar, hubo otro voto por la positiva para ejercer el derecho a réplica y de rectificación en todos los medios que mientan, acusen o descalifiquen a los trabajadores de la radio por su relación de dependencia con el Estado. Además, se acordó proponer un aumento de salario, el pase completo a planta permanente, la renovación de contratos y el adelantamiento del aguinaldo. Y por último, una moción a favor de difundir la necesidad de defender el rol fundamental en la comunicación social de Radio Nacional, medio imprescindible en diversos puntos del país para garantizar el derecho a la información.

La jornada, que había iniciado analizando el contexto crítico a nivel sociopolítico, prontamente desembocó en un repudio generalizado a la acusación de funcionar como una herramienta de propaganda. Se insistió en que los medios nacionales, siempre son del Estado, y se ratificó que nunca son influenciados por la subjetividad del gobierno de turno.