En el juicio que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, declaron los peritos forenses que realizaron la autopsia. Las conclusiones desmienten las versiones de los gendarmes.
Dos nuevas audiencias han tenido lugar en el Tribunal Oral Federal de Roca por el crimen del joven mapuche, Rafael Nahuel, asesinado el 25 de noviembre de 2017 como consecuencia de un disparo recibido durante un operativo represivo contra la comunidad Lafken Winkul Mapu. Como estaba previsto, los testimonios de la séptima y octava audiencia fueron de los peritos Leonardo Saccomanno, Roberto Nigris, Silvia Bufalini quienes se encargaron de procedimientos tales como la autopsia, las pericias balísticas y del terreno.
El perito forense Saccomanno fue el primero en declarar por Zoom, y dio detalles de los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Nahuel, al día siguiente del crimen. Gracias a su explicación respecto a la forma en la que ingresó la bala en el cuerpo del joven –“hacia adelante, arriba y derecha para llegar a la axila derecha”– quedó claro que el disparo se dio en el contexto de una huída y no de un enfrentamiento. Además de este dato clave, especificó que la muerte se debió a un “shock hipovolémico”: perdió por lo menos cuatro litros de sangre producto de la herida ocasionada. Cabe destacar que el procedimiento de la autopsia se produjo en una morgue provisoria montada en un “garaje” del predio hospitalario de Bariloche ya que no había una sala adecuada en ese momento.
El siguiente en declarar fue Roberto Nigris, perito balístico. Su trabajo, junto a otra profesional, consistió en cotejar las 24 armas calibre 9 milímetros secuestradas a los prefectos Albatros con el proyectil del mismo tamaño extraído de la víctima. Fue un subfusil MP5, denominada “Arma B”, la que coincidió con las características del proyectil mortal. Así también lo constató la licenciada en criminalística Karina Uribe, quien acompañó a Nigris en la pericia: “No hubo discusión de que el arma B era la que había salido del proyectil”. Lo mismo declaró en la audiencia del día miércoles la licenciada en Criminalística, Silvia Bufalini, quien trabajó junto al perito: “Estábamos todos de acuerdo en la coincidencia”.
Nigris detalló que las vainas servidas de proyectiles 9 milímetros que se encontraron durante la inspección ocular estaban en un trayecto «de cien metros», lo que para las querellas demuestra que existió una persecución por parte de los integrantes del grupo Albatros de la Prefectura contra los miembros de la comunidad mapuche de Villa Mascardi. Esto contradice la versión de los uniformados, quienes dijeron haber sido emboscados y atacados en un lugar puntual de la montaña, desde donde iniciaron –según declararon en las indagatorias y la instrucción– una carrera descendente hacia la ruta 40.
A pesar de las precisiones y coincidencias expuestas en estas audiencias, durante la etapa de instrucción existieron desprolijidades en relación a los peritajes balísticos que interfirieron en la causa: se ordenaron dos estudios más de los que Roberto Negris, perito oficial, no fue notificado ni participó. Estos peritajes, ordenados por Gendarmería Nacional en Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal de Salta, arrojaron distintos resultados: “Me hubiese gustado estar para defender mi trabajo” señaló Nigris y declaró que él entregó las armas y el proyectil a la Policía Aeroportuaria y al juzgado. “No encontraban el MP5 y me llamaron para ver si lo tenía yo. A mi me causó gracia”, sentenció el perito.
Durante su extensa declaración, Nigris no ocultó su malestar por el cuestionamiento a su labor durante la etapa de instrucción, y dijo que en su extensa trayectoria «nunca» había vivido una situación como la mencionada. Los dichos de Nigris fueron ratificados por Uribe, quien presentó un power point de 43 láminas, con fotos e informes contenidos en el expediente judicial. Ni ella ni Nigris encontraron sentido al hecho de que la segunda y la tercera pericias hayan arrojado resultados distintos.
Con la declaración de la licenciada Bufalini se arribó a la conclusión de que “no hay tiradores ajenos a las fuerzas de seguridad” ya que todos los indicios balísticos de 9 mm correspondían a la Prefectura. Por otro lado, la especialista fue consultada por los test de residuos de pólvora encontradas en las manos de Nahuel, González y Jones Huala, quien aclaró que “existe la contaminación por transferencia”, algo que ya había sido planteado por la hipótesis de “transferencia de residuos” de la querella. Esto se habría dado al momento en que los dos jóvenes mapuches –que bajaron el cuerpo agonizante de “Rafita” desde el cerro hasta la ruta– fueron detenidos.
Para la semana entrante se esperan aún las declaraciones de los peritos que realizaron el procedimiento en Salta, entre ellos Hugo Flores Solis, Martín Spotorno, Agustina Oberti. El miércoles la audiencia contará con los testimonios de José Luis Manzano, Fernanda Martin Baez, Daniel Alejandro Converso y Adriana Cerquis, encargados de las pericias químicas fulminantes. Se finalizaría de esta forma con la ronda de peritos y se avanzaría con las declaraciones de otro tipo de testigos.
El proceso judicial se inició hace casi un mes en el Tribunal Oral Federal de General Roca (Fiske Menuco) en la provincia de Río Negro, y se extenderá durante las próximas seis semanas. Cinco prefectos están imputados de homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa, el cabo Sergio Cavia como autor y el resto como partícipes. En cada jornada, diversos grupos de comunidades mapuche y organizaciones sociales se manifiestan afuera en reclamo de justicia por “Rafita”. La comunidad Lafken Winkul Mapu había sido desalojada el 23 de noviembre de 2017, pero el procedimiento represivo de los Albatros se produjo dos días más tarde, a sabiendas de que algunos de sus integrantes permanecían en ese territorio recuperado ubicado en Villa Mascardi.