Más de 40 militantes sociales fueron detenidos en la madrugada del jueves por haber participado de las protestas contra la reforma constitucional. Algunos de ellos son abogados que se hicieron presente para defender a dirigentes sociales. El avasallamiento de la autonomía universitaria.
Después de más de un mes de marchas y cortes contra la reforma constitucional de Jujuy, la violencia ordenada por el gobernador Gerardo Morales sigue creciendo. Desde que comenzaron las protestas se utilizó la fuerza policial para reprimir, y en estas últimas horas la fuerza judicial que responde al gobernador ordenó allanar y detener a más de 40 personas que participaron de las protestas. Se detuvieron a abogados, referentes sociales, sindicales y de pueblos originarios.
“Estas detenciones y allanamientos son el cumplimiento de un plan de criminalización que el gobierno provincial anunció muy claramente la semana pasada. Esto es identificar a estas personas, acusarlas de delitos graves y de múltiples delitos; de manera que esto sume muchos años de pena en expectativa y se pueda lograr que queden presas, como sedición o intento de secuestro”, explicó Manuel Tufró, director del equipo de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con ANCCOM.
Las medidas fueron solicitadas por los fiscales jurisdiccionales y a pesar de ser arbitrarias, desproporcionadas y sin fundamentos, contaron con nulo control por parte de los juzgados de garantías. Lo que explican los abogados defensores de los detenidos es que, formalmente, en los allanamientos se buscan elementos de prueba y detener a manifestantes y dirigentes a los efectos de realizar la audiencia imputativa en la que se discutirá la imposición de prisiones preventivas.
El 4 de julio último, el fiscal del Estado, Miguel Rivas; el ministro de Seguridad, Eduardo Casanova y el procurador general de la provincia, Sebastián Albesa, en una conferencia de prensa dejaron al descubierto los pasos que iban a seguir para criminalizar a las personas que pudieran identificar como participantes de las protestas. Este plan se encuentra subordinado a las estrategias del Poder Ejecutivo, donde el gobierno provincial se anunció como querellante en las causas. Además, pidió la unificación de todas las causas abiertas contra manifestantes, por considerar que en las protestas se produjeron supuestos hechos ilícitos que partirían de un plan orquestado y ejecutado por individuos y organizaciones políticas y sociales. Desde el CELS señalan la búsqueda de estrategias jurídicas para lograr las penas más altas posibles y la prisión efectiva inmediata de los manifestantes, ya que en general los delitos que se imputan en el contexto de manifestaciones públicas tienen penas bajas.
La abogada Alejandra Ceja, quien lleva la defensa de varios imputados, explicó en diálogo con ANCCOM que “es una continuidad desde el 17 de junio. Ayer fue en Humahuaca, 21 pedidos de detención y 21 allanamientos; y hoy en San Salvador de Jujuy 20 pedidos de detención y allanamientos a dirigentes. Hoy a la tarde salieron 12 pedidos nuevos para mujeres referentes de organizaciones y espacios gremiales”. Ceja además señaló que se están llevando a cabo detenciones a abogados, por ejercer su profesión, que han estado en los cortes y asesorando a quienes están reclamando, o hicieron presentaciones judiciales en contra de la reforma constitucional; acusándolos del delito de sedición. Desde el CELS advirtieron: “Esto constituye una escalada represiva de extrema gravedad en tanto se apunta a defensoras y defensores de los derechos humanos y se obstaculiza el derecho de defensa de los otros criminalizados.” Es por este motivo que, desde el colectivo Mario Bosch, abogadas y abogados de lesa humanidad, presentaron un Habeas Corpus colectivo y preventivo para que no sigan deteniendo personas.
Sebastián Sánchez, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), planteó en diálogo con ANCCOM: “Lo que se intenta hacer en la provincia de Jujuy es disciplinar a quién pertenece a una organización social o está disconforme con el gobierno. A través de la captación del Poder Judicial por parte de Gerardo Morales; se inventan, de alguna manera, una carátula que permita detener a los compañeros”.
Al mismo tiempo, el gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales, acusó a los trabajadores de la sede Tilcara de la UBA de organizar las protestas y prometió detenerlos y expropiar las instalaciones que la universidad tiene en la provincia. No solo eso, las fuerzas policiales ingresaron a la sede de la Universidad Nacional de Jujuy, violando la autonomía expresada por la ley, mientras el Consejo Superior votaba el rechazo a la reforma constitucional que dio origen a las protestas sociales.
Desde organizaciones de derechos humanos, sindicatos, representantes de la UBA, integrantes del Senado Nacional y de la Cámara de Diputados, entre otras personalidades de la vida política y cultural del país, convocaron para mañana viernes 14 de julio, a las 12 horas, a una conferencia de prensa “frente a la grave situación que está viviendo el pueblo jujeño, con decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias, causas armadas y la amenaza de expropiar la sede de la UBA de Tilcara”, señala la convocatoria.