El Estado y la comunidad originaria firmaron un acuerdo por el cual se le reconoce sus tierras y se desistiría de las causas penales por las que ocho mujeres están en prisión domiciliaria.
Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y María Celeste Ardaiz Guenumil son los nombres de las mujeres pertenecientes a la comunidad mapuche que se encuentran encerradas con sus hijos e hijas en condiciones lamentables desde octubre del año pasado cuando se produjo un violento desalojo en Villa Mascardi en manos del Comando Unificado de fuerzas represivas. Desde hace casi ocho meses están cumpliendo prisión domiciliaria en una casa de Bariloche, luego de haber sido procesadas por la jueza federal María Silvana Domínguez. Pero a partir del acuerdo firmado ayer durante la tercera Mesa de Diálogo entre el Estado nacional y referentes de las comunidades indígenas de la Patagonia se encuentran más cerca de la libertad, y sobre todo de recuperar su rewe (espacio ceremonial) en un sector del Parque Nacional Nahuel Huapi, territorio que reclaman como propio. ANCCOM habló con su abogada y reconstruyó estas últimas intensas horas.
Luego de sucesivas postergaciones, en la sede de la secretaría de Derechos Humanos en la exESMA poco después de las 14 comenzó la reunión encabezada por el anfitrión, el secretario nacional del área Horacio Pietragalla, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Alejandro Marmoni y otros funcionarios del gabinete de Alberto Fernández, junto a representantes indígenas –Orlando Carriqueo, Isabel Huala y Soraya Guitart, entre otros– y veedores de organismos de derechos humanos como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. La firma del acuerdo había sido prometida en febrero en la Casa Rosada y estuvo a punto de no concretarse. Tras un cuarto intermedio y cerca de las 20 llegaron a la redacción final que hará posible el retorno de la machi (autoridad espiritual) Betiana, al rewe, lo cual implica un reconocimiento como sitio sagrado, y la construcción de tres viviendas, que fueron destruidas al momento de la represión, para que ella y su familia viva allí y pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales con sus asistentes.
La parte mapuche aceptó que los demás integrantes de la comunidad que fueron desalojados en octubre de 2020 sean reubicados en tierras aún no definidas, asunto a abordar en la próxima mesa de diálogo. Asimismo, el Ministerio de Seguridad se comprometió a garantizar la seguridad de rewe, recientemente vandalizado. Pero uno de los puntos más importantes fue el compromiso de firmar un “acuerdo de conciliación” entre las partes, que podría destrabar el proceso judicial por el cual están detenidas con prisión domiciliaria las cuatro mujeres integrantes de la comunidad, quienes recuperarían su libertad.
Este ítem se refiere a la llamada “causa madre” del 2017, cuyo querellante es Parques Nacionales, y a la que se abrió en 2022. Las comunidades y el Estado llegarían a esta “conciliación” según los términos del Artículo 34 del Código Procesal Penal. Este contempla como “no punible” a aquel que obra en defensa propia o de sus derechos. Laura Taffetani, defensora y miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas, en diálogo con ANCCOM dijo que “la conciliación entre las lamngen (hermanas) que son las imputadas y Parques Nacionales, la parte damnificada, permitiría que se extingan las causas penales, pero aún dependemos de lo que haga la justicia con este acuerdo, tenemos una lucha más que dar”. En el caso de que cualquiera de las partes no cumpla con dichas pautas, el acuerdo conciliatorio cae y por lo tanto resurgirán las causas penales. Sin embargo, Taffetani destacó que “en este acuerdo por primera vez el Estado nacional reconoce a la comunidad y a la autoridad de la machi”.
Puertas afuera del encuentro, el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir” transmitió en vivo la palabra de dos de las mujeres detenidas. Con la consigna “Libertad a las presas políticas Mapuche” primero Romina y luego la machi Betiana aclararon que se encuentran “prisioneras del Estado que ha sembrado el terror, sin tener una condena y que, en caso de que existiera un juicio y una pena, esta sería excarcelable”. Dijeron que se las acusa de “usurpadoras cuando el pueblo mapuche tiene el derecho a tener estas tierras que hemos habitado desde siempre”. Desde Bariloche, las mujeres reclamaron nuevamente la acción del Estado para que cumpla la promesa que estuvo postergando. “Confiamos en que quieren solucionar el conflicto pero nos han mentido y se han burlado”, señaló Romina, quién al momento de la represión se encontraba transitando un embarazo de 40 semanas y tuvo que parir bajo la mirada de la custodia policial.
Betiana se lamentó por las condiciones de su espacio ceremonial sagrado que hoy se encuentra militarizado y que sufrió el martes 30 de mayo un acto de vandalismo denunciado por Lof Lafken Winkul Mapu. Recordó también lo sucedido en el 2017 cuando fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel, joven del Alto barilochense que estaba transitando su proceso de reconocerse mapuche. “Él sigue allí presente, en ese territorio que no se vende ni se negocia, la lucha sigue mientras nuestra sangre resista”, aseguró la machi. Para ella, “la mal llamada Conquista del Desierto hoy continúa con represión, castigo y presos políticos por defender y luchar la vida de los territorios libres, queremos que nuestros hijos sean libres y que tengan un espacio para poder desarrollarse y crecer”. Y Romina apuntó: “El problema son los intereses que hay detrás, el Estado termina siendo un títere y por eso nos ven a nosotras como terroristas cuando en realidad estamos cuidando el territorio”.
El miércoles 31 de mayo se había producido un reclamo con cortes intermitentes del tránsito en Viedma por parte de integrantes de los pueblos originarios y de la CTA Autónoma de Río Negro, con la finalidad de pedir la liberación de las cuatro mujeres, que se sumó a cantidad de convocatorias en distintos puntos del país para continuar protestando y visibilizando por ellas, a quienes consideran “presas políticas”. Desde Rosario hasta la Embajada de Argentina en Chile, los “vecinos conscientes”, o los wenuy (amigo blanco) no quieren quedarse afuera del reclamo.
De todas ellas, Celeste Guenumil está más cerca de la libertad dado que la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por su defensa y atendió al “principio de interés superior del niño” en relación a sus tres hijos. Guenumil, a diferencia de sus compañeras, no está imputada en la llamada “causa madre” por la usurpación del territorio.
Por su parte, Orlando Carriqueo, coordinador del Parlamento Mapuche-Tehuelche, dijo a TeleSISA que “en el contexto de “criminalización del pueblo mapuche y de un ataque fascista de la derecha lograr la devolución del rewe es un objetivo impensado años atrás”. También hizo hincapié en la importancia de hacer públicas las conclusiones, “que la sociedad esté al tanto de lo que está en juego para lograr un debate social sobre las falencias de la democracia” y “discutir la verdadera identidad de la Argentina”.