Los organismos de derechos humanos son querellantes en un juicio con jurado popular que investiga los asesinatos de cuatro chicos ejecutados en mayo de 2019.
Los cuatro policías acusados, sentados detrás de sus abogados defensores.
Cuatro policías están siendo juzgados por un jurado popular, acusados de haber provocado la Masacre de San Miguel del Monte, en la que fueron asesinados cuatro chicos el 20 de mayo del 2019 al ser perseguidos y tiroteados por un móvil policial que luego provocó un choque.
El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata, en cabeza de la jueza Carolina Crispiani. El juicio inició el lunes 8 y se extenderá en jornadas consecutivas hasta el 17 de mayo. Los acusados son los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibañez y el excapitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Alberto García, quienes se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los chicos. Los uniformados enfrentan la acusación de «homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público».
Los policías siguieron a los tiros al Fiat 147 en los que se encontraba Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Rocío Quagliarello (13) y Aníbal Suárez (22), quien manejaba. En consecuencia, el Fiat chocó contra un acoplado que estaba detenido en la ruta provocando la muerte de Camila, Gonzalo, Danilo y Aníbal por el impacto. Solo sobrevivió Rocío –que en su momento declaró en Cámara Gesell–, que asiste a un proceso oral y público en la que se cruzan dos versiones. “Por un lado la verdad de las víctimas que ya no están producto de la violencia policial, y por el otro la pretensión de los imputados de culpar a Aníbal, el joven de 23 años y dueño del Fiat 147, por haber consumido alcohol, y al grupo que se trasladaba con él por no haberse detenido ‘para identificarse ante la autoridad’”, según la crónica de la agencia Andar. La mamá de Danilo, Gladys Ruiz Díaz, describió el dolor y la constante sensación de “muerte en vida”, como así también las amenazas, hostigamientos, mensajes intimidatorios de la policía y agresiones a su casa que han derivado a una custodia permanente por parte de Gendarmería. Los testimonios de las familias fueron desgarradores, relataron con mucha angustia la revictimización que padecieron cuando la policía intento difamar a sus hijos y les dijeron que habían salido a robar.
Loana Sanguinetti junto a su hija Rocío Quagliariello, la única sobreviviente de la masacre.
El fiscal de juicio es Mariano Sibuet, mientras que la querella está dividida en tres partes: la abogada Dora Bernardez representa a las familias Domínguez y Suárez; Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocina a las familias Sansone y López; mientras que Ricardo Minoli acompaña a la familia Quagliarello. Tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) actúan como querellantes. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se presentó ante el TOC 4 bajo la figura de “amigos del tribunal” y está siendo observadora del juicio.
Este lunes, día del inicio del juicio, se realizó un fogón en la plaza principal de San Miguel del Monte en conmemoración a los chicos para mantener encendida la “llama de la memoria”. Allí se encontraron seres queridos de los chicos, organizaciones de Derechos Humanos y vecinos de La Plata.
«Yo necesito que la Justicia tome ese caso como lo que es: un asesinato de niños inocentes”, expresó la madre de Gonzalo Domínguez. Además, resaltó que el patrullero siguió a un 147 que “iba muy despacio, paseando, durante dos kilómetros disparando al menos doce veces”. Susana Ríos cree que los chicos vieron algo: “Pasaron por un lugar donde no sé qué estaba haciendo la policía, para mi ese fue el motivo”. “Evidentemente son asesinos”, concluyó.
Por otro lado, Juan Carlos Sansone, papá de Danilo, declaró: «Queremos que nos digan por qué hicieron lo que hicieron. Hasta el día de hoy no sabemos por qué los empezaron a perseguir, me gustaría preguntarles, jamás nos dijeron nada».
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, sentado detrás de los abogados querellantes.
LAS AUDIENCIAS
Se prevén ocho jornadas consecutivas del juicio, que culminaría el miércoles 17 de mayo. Durante el lunes se eligieron a los titulares y suplentes del jurado. En la segunda audiencia comenzaron a hablar los familiares de las víctimas y la defensa de los policías imputados.
La mañana del martes comenzó con el alegato de defensa de los policías bonaerenses quienes responsabilizaron de los hechos a Aníbal Suárez, a quien acusaron de manejar en estado de ebriedad, de emborrachar a los adolescentes y de huir de la policía tras conducir en zigzag.
Emanuel y Hugo Suárez, primo y tío de Aníbal, sostuvieron que un mes antes de la masacre la Policía había extorsionado a Aníbal luego de detenerlo por no tener los papeles del auto en regla. «La Policía nos hizo señas de luces y nos llevaron a la comisaria. Ahí nos empezaron a apretar porque teníamos el domicilio en Misiones. Que teníamos que pagar una multa para salir, les dimos cinco mil pesos que, para nosotros, era mucha plata», relató Emanuel.
Yanina Zarzoso, mamá de Camila López, también declaró este martes ante el jurado. Como la familia de Sansone, Yanina no supo de los disparos y de la brutalidad policial hasta el día siguiente cuando su padre -el abuelo de Camila- recibió esa información por parte de un amigo que trabajaba en la estación de micros de Monte. La propia policía del pueblo había estado comentando, en conversaciones casuales, lo ocurrido durante la noche anterior. Sin embargo, un video de una radio local fue necesario para terminar de dar vuelta la versión policial.
Susana Ríos contó cómo se enteró que su hijo había estado en un accidente de auto y cómo la intendenta de aquel momento, Sandra Mayor (actual presidenta del INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial), y los funcionarios municipales, Hugo Medus y Claudio Martínez, le negaron que hubieran existido disparos contra el Fiat 147 en el que viajaba Gonzalo, al tiempo que alimentaban la versión del “accidente”. En este sentido, habrá un segundo juicio referido al encubrimiento de los hechos, falsificación de documentos, entorpecimiento de la investigación y ocultamiento de evidencias que desarrollaron para exculpar a los policías responsables, donde el abogado de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), Ismael Jalil, será testigo. “Monte fue una masacre emblemática, es un crimen de Estado donde se juzga a la institución policial, no a cuatro policías”, dijo ayer el letrado.
Durante la acusación, el fiscal del juicio Mariano Sibuet le pidió al jurado popular que “emitan un dictamen justo para hacer honor a la justicia”. El abogado dijo que los policías imputados cometieron un “acto atroz” y que las víctimas vivieron momentos de “terror, angustia y miedo”.
