Por Pedro Papasidero y Nicolás Zarur
Fotografía: Sofía Barrios

El sector de la limpieza es uno de los más precarizados del mercado laboral. Sueldos por debajo del salario mínimo, maltratos y un sinfín de derechos vulnerados. La indignante realidad que viven las trabajadoras de una empresa del conurbano bonaerense.

Tania, una ex empleada de limpieza que prefiere resguardar su nombre, cuenta que un día estaba por empezar su jornada laboral en una zona acomodada de San Isidro, hasta que sonó su teléfono. Su hija no había llegado a la escuela, pese a que sí había salido de su casa. Angustiada, Tania le pidió permiso a su empleador para ir a buscarla. La respuesta fue negativa. Más tarde, tras enterarse que su hija estaba bien, la supervisora fue a verla con la falsa suposición de que Tania se había retirado y la retó como si fuera una niña.

Esta historia de maltrato es una de tantas dentro del Grupo ECA, una empresa ubicada en San Isidro, una de las localidades más ricas de la provincia de Buenos Aires. La compañía ofrece servicios y personal de limpieza a clientes corporativos. Dos años atrás, luego de tener problemas con la prestación a Supermercados Coto –que ya no se encuentran dentro de su lista de clientes–, la empresa cambió su nombre de Sislim a ECA. Un detalle que parece insignificante, pero que afectó los aportes de las empleadas que perdieron antigüedad.

“Era un mal servicio, las empleadas no sabían usar las máquinas. Nosotros contratamos a una empresa de limpieza, se supone que ellas tienen que manejarse. No las mandan a trabajar, sino a completar horas. Cuando se manejan así o nos enteramos de malos tratos, lo que se hace es cortar lazos”, explica Hugo, gerente de una de los locales de Coto que trabajó con ECA. 

Otro gerente, pero de la cadena de cines Showcase, cliente actual de la empresa, cuenta que a las empleadas de ECA les pagan mal y las cambian permanentemente de lugar de trabajo. Esa es la normalidad para este rubro, dice. Limpiando en uno de los cines está Eva, vinculada a ECA desde hace dos meses, que afirma estar satisfecha con las condiciones laborales. “Hasta ahora no me han cambiado de sitio, trabajo ocho horas fijas con un franco semanal. Antes trabajaba en una clínica, ahí limpiaba todo un piso y era horrible, aquí estoy bien”. El sueldo de Eva es de 70 mil pesos mensuales. Ella es cabeza de hogar y tiene tres hijos, sin ninguna ayuda del padre de los niños. Y si bien su familia no está debajo de la línea de indigencia (poco menos de 60 mil pesos), sigue estando lejos de superar la de pobreza (125.000 pesos).

Milagros tiene 23 años y es oriunda de Posadas. Allí su familia está conformada por sus padres y siete hermanos más. Terminó el colegio a los 17 años. A los 20, por la necesidad de trabajo, llegó a Buenos Aires junto con su pareja. “Tomar la decisión de viajar fue muy difícil, vine con la ropa puesta y el pasaje. La idea era solo por un tiempo, un año, juntamos plata y nos volvemos, pero en todos lados está muy difícil. Pasó un año, dos, tres y seguimos acá. Extraño mucho mi provincia, cada vez que puedo voy a visitar a mis hermanos”, cuenta.

Durante el año que trabajó para ECA, específicamente en Coto, Milagros recuerda: “Un día te mandaban a Tigre y el otro a Núñez, nunca sabía dónde iba a trabajar”. El paso inmediatamente posterior a la contratación es ir a limpiar, ECA no brinda ninguna capacitación, lo que genera una lógica insatisfacción en el cliente por un mal servicio, y quienes deben soportar las críticas son las empleadas. “En mi primer día, fue el portero del local quien amablemente me enseñó dónde estaban las cosas y medianamente me presentó el lugar. En la empresa me soltaron así, sin más”, relata Milagros. 

Sonia, de 37 años, otra de las exempleadas de ECA que pide reservar su nombre real, se queja del trato de la empresa hacia ellas. Cuando tienen alguna consulta o reclamo, dice, la respuesta es ignorarlas. “Todos se pasan la pelota y no te resuelven nada. Hace poco pregunté si era posible que me adelantaran las vacaciones para enero, por el horario de mis hijos. La supervisora no me respondió así que fui a la oficina, donde me terminaron diciendo que yo no podía ir a exigir cosas y me sacaron de ahí. Yo sólo quería saber si era posible eso”.

Eso sí, cuando se trata de perseguirlas y hostigarlas, el Grupo ECA es muy expeditivo. “La supervisora ve un papel en el suelo y en vez de decirnos que lo levantemos, pone la queja con la empresa y dice que el lugar está todo sucio”, expresa Susana, actual empleada de 36 años.

Un estudio elaborado en 2021 por la Universidad Nacional de Avellaneda y la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral da cuenta de la situación general que viven las y los trabajadores. Seis de cada diez han sufrido algún tipo de acoso laboral. La violencia simbólica fue el factor que más menciones tuvo (78 por ciento), seguido de situaciones ligadas a la discriminación (67), y, finalmente, a la violencia sexual (52) y física (35). Sólo tres de cada diez hicieron la denuncia respectiva. La violencia es mayor contra las mujeres y no binaries. El 43,5 por ciento de los varones sufrió violencia, el 65,5 de las mujeres y un 87,6 de no binaries. Las mujeres que sufrieron violencia sexual en espacios de trabajo fueron el 59.5 por ciento.

A esta violencia concreta que atraviesa a todo el sector del trabajo, hay que agregar la económica. Los pagos y la entrega de los insumos son dos aspectos de permanente incertidumbre para las empleadas de ECA: nunca saben ni cuándo van a cobrar, puede ser el 6 o el 15 o el 20 del mes, y a veces se quedan sin los productos de limpieza y no obtienen ninguna respuesta de la supervisora. Helena y Larisa, otras dos empleadas de 21 años ambas, fueron obligadas a firmar un documento, contra su voluntad, bajo la amenaza de despido inmediato y que establece que, si ellas hacen “algo mal”, la empresa tiene el derecho de echarlas sin indemnización. Cualquier día pueden encontrarse sin trabajo.

“De un día para otro te llaman y te cambian el horario de ocho a cuatro horas, a mí me lo hicieron”, dice Larisa. Por su parte, Helena teme que le quieran reducir a cuatro horas. “Si me recortan, también me recortan el salario a una miseria, ¿qué puedo hacer con 30.000 pesos?”, se pregunta. Ella, además, trabaja los fines de semana como moza para llegar a fin de mes. No tiene días libres. Esto no parece afectarla, conserva la esperanza en el futuro y cuenta que quiere seguir una carrera universitaria que le otorgue estabilidad y seguridad.

Al acceder a un recibo de sueldo, advertimos que la remuneración por ocho horas de trabajo es de 49.292 pesos más el adicional por presentismo que alcanza los 10.255 pesos. O sea que técnicamente cobran menos que un salario mínimo, que hoy asciende a poco más de 60 mil pesos. Hay que subrayar que el presentismo, según el propio Ministerio de Trabajo, es un “adicional voluntario que otorga la empresa, al margen del sueldo básico, los pagos a cuenta de futuros aumentos, otros adicionales otorgados voluntariamente por la empresa y de los otros conceptos fijados en el Convenio Colectivo de Trabajo”.

El sueldo de las empleadas de ECA –así como el de millones de trabajadoras– se traduce en dependencia económica de otros familiares y amigos, y en un desamparo estructural. Mientras, la canasta básica no para de aumentar y mes a mes va sumiendo a la mayoría de estas mujeres por debajo de la línea de pobreza, aun siendo empleadas en relación de dependencia.

“Ni siquiera las horas extras se pagan el doble, seguimos aquí porque no conseguimos otra cosa”, remarca Susana, quien, junto con Sonia, siempre están en busca de mejores ofertas laborales, hasta ahora sin suerte, y deben seguir soportando los malos tratos y las vulneraciones de sus derechos sin posibilidades de reclamo y protección. 

El testimonio que faltó en esta nota fue el del Grupo ECA. Pese a las reiteradas consultas, no obtuvimos ninguna respuesta, aún después de visitar sus oficinas en persona. La misma indiferencia que prodiga a sus empleadas.