ANCCOM recorrió las calles del centro de Lima y habló con los manifestantes que se animaron a hacerlo. El país sigue en tensión y la represión continúa. La presión popular será determinante para los próximos acontecimientos.
“La mayoría de los medios nos tildan de terroristas. Al contrario: acá hay un terrorismo de Estado”, protesta Delgado, una estudiante de provincia que vino hasta Lima para ser parte de la marcha y prefiere no dar su primer nombre por seguridad. “Esta prensa es una basura. Hay infiltrados que se meten para producir el enfrentamiento. Los medios tienen un guion, pero los testigos que están ahí cuentan lo que realmente está sucediendo”.
Desde que asumió el expresidente Pedro Castillo, hubo diferentes investigaciones sobre supuestos casos de corrupción contra él y su familia. Su gobierno duró desde el 28 de julio del 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso de la República lo sacó por “incapacidad moral» con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Su cargo pasó a ser ocupado por la vicepresidenta Dina Baluarte. Las marchas en su contra se intensificaron a partir de ese momento, la represión también: ya suman, por lo menos, 58 los manifestantes muertos desde diciembre pasado.
ANCCOM recorrió la zona céntrica de Lima que rodea el Palacio de Gobierno y la plaza central, donde no está permitido manifestarse. En la zona habló con la gente para intentar comprender qué hay más allá del cerco mediático. Así encontró que las personas que tratan de llevar una vida “normal”, como si no hubiera manifestaciones, se muestran renuentes a tocar temas políticos, más aún si la consulta proviene de un periodista. Quienes sí se atrevieron a hablar, dieron su versión de cómo ven la situación política, social y económica actual.
En el centro de Lima, en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Bolivia, a tres cuadras de la Central Operativa de Investigación (DIRINCRI) que se suele vallar cada vez que hay una manifestación, cerca de las 20:30, miles de manifestantes se hacen presentes. “La policía nos reprime, nos provoca nos detiene brutalmente y nos patea las piernas. Hay videos que lo muestran. Esto no es justo”, continúa Delgado. Minutos después, su padre se acerca para decirle que no debe dar explicaciones a desconocidos: que primero demuestren que no son de Perú porque «podrían ser soplones del Estado o la prensa».
Por otro lado, un taxista aclara que “no puede dejar de trabajar porque tiene que alimentar a su familia”. Vive “al día” y no está de acuerdo con las protestas. “Los que participan en la marcha rompen las calles y hacen destrozos. Se tiene que reponer y son millones de soles”, opina. En el transporte público uno de los pasajeros cree que “el Estado está vendiendo al país a las empresas extranjeras y debería revisar los contratos que van a ser renovados. Si las condiciones no son más favorables para el Perú, no deben continuar en el país. Y eso es lo que pesa hoy. Hay muchos intereses económicos de por medio”, dice.
En una agencia de viajes está Juana, de 38 años. Viene con sus cuatro hijos y su nieta desde el estado de Trujillo, Venezuela, y va rumbo a Chile. Todo su viaje es por vía terrestre: cuenta que se encontró con numerosas rutas cortadas y manifestaciones. “Desde que cruzamos la frontera entre Ecuador y Perú tuvimos muchos problemas porque somos novatos en estas cosas. A medio camino los manifestantes tiraron piedras a los buses. Ya en la segunda traba que tuvo el bus nos tuvimos que bajar y caminar para luego tomar otro transporte. En ese ínterin tuvimos que usar los alrededores como baño y comer golosinas”, cuenta Juana.
La ruta se complicó cada vez más y la agencia no se responsabilizó de la situación; por eso ella y otros quince venezolanos debieron pagar una combi. El costo normal es de 100 soles hasta Lima, pero debido a la situación política les cobraron 205 soles, poco más de 50 dólares. Juana se muestra sorprendida de que Dina Baluarte considere a los manifestantes como, “personas que no tienen oficio”. Esto le recuerda a Venezuela donde, según ella, desde el gobierno afirmaban que quienes marchan son de la oposición porque, en realidad, “todo está bien”: “Las personas se manifiestan porque la situación no está bien. La presidenta no quiere soltar el poder por intereses propios”, reflexiona.
Un abogado de unos 30 años, quien prefiere que no se le identifique, asegura que en Perú hay mucho abuso por parte de las empresas multinacionales y las leyes siempre favorecen a los que están en el poder. Los trabajadores no tienen el conocimiento suficiente para que se le reconozcan sus derechos. Según él, “los que marchan no tienen un argumento sólido y se necesita que en los centros de estudio se hable más de estos temas porque, en parte, todo esto tiene que ver con el cambio de Constitución», agrega.
En el céntrico Parque Juana Alarco de Dalmet los manifestantes de provincia se juntan alrededor del mediodía para almorzar en una olla popular. Percy Chino Quispe, un joven del departamento de Cuzco, explica: “Dina Baluarte había dicho que si Pedro Castillo se iba, ella también se iría. Ahora lo que queremos es que cumpla su palabra, que renuncie. Ahora han sacado las fuerzas armadas y es como si estuvieran trayendo un asesino para que nos maten. No hay terroristas: si hubiera hace rato declararíamos la guerra. Nosotros estamos marchando sin armas. Baluarte está engañando al pueblo. Ya no queremos más muertes, queremos que renuncie y tengamos nuevas elecciones”. Para este joven el Ejército está “infiltrado”: se visten de policías y eso no está permitido.
Al ser consultado, un policía dice que va a opinar como peruano, no como policía: “Definitivamente esto no debería estar sucediendo. Si bien es cierto que los problemas no son de este año, sino de años atrás, los reclamos son justos y válidos, pero no es la forma. Tampoco tienen claro qué es lo que quieren los manifestantes. Ellos quieren cerrar el Congreso, una nueva Constitución. Pero qué quieren cambiar, no lo saben”. Para él debe haber un diálogo entre el gobierno y las provincias para ordenarse.
Hay más de 100 policías en los cruces de 9 de Diciembre y Vía Expresa, frente al hotel Sheraton, cuando nuevamente se acercan miles de personas con pancartas que dicen, entre otras cosas: “Joven estudia, no seas policía”, “Mi lucha es por mi patria, el pueblo ya lo sabe”, y “La sangre derramada, jamás será olvidada”. Para entonces, el policía que hablaba como ciudadano, es convocado por sus superiores y solo alcanza a concluir: “Que se sienten los líderes con el gobierno y lleguen a una conclusión de un punto neutro”. Para este policía los manifestantes intentaron realizar atentados en los aeropuertos de Arequipa, Cuzco y Puno, y quemar comisarías.
Las marchas son pacíficas pero cada tanto se producen enfrentamientos, que algunos consideran producto de las infiltraciones de provocadores. Las opiniones sobre los manifestantes, como pudo verse, son variadas. La mayoría de los manifestantes son de Puno, Cusco, Cajamarca y otras provincias del sur de Perú. De Lima también hay, pero se perciben menos, probablemente porque quienes acampan no son de la ciudad y su presencia es más visible.
El domingo 29 a horas de la noche, la presidenta en ejercicio dio un mensaje a la Nación afirmando que su “deber es proteger a todos los peruanos, salvaguardar la seguridad del país y garantizar la paz social”. Para Baluarte depende del Congreso de la República que se adelanten las elecciones. En el caso que no se de, el Poder Legislativo debatirá una reforma constitucional para que las elecciones generales sean este 2023. La primera vuelta en octubre y la segunda vuelta, si es necesario, en diciembre. Seguramente la presión popular en las calles será fundamental para acelerar los tiempos.