Distintos economistas analizan las disposiciones administrativas que tomó Sergio Massa desde que asumió y el proyecto de presupuesto para 2023. Educación, Salud y Obras Públicas recortadas.
Después de la conflictiva salida de Martín Guzmán como ministro de Economía de la Nación, seguida por la fugaz gestión de Silvina Batakis, el pasado agosto Sergio Massa quedó al frente del Ministerio en medio de un momento de alta inestabilidad. De cara a la creciente crisis económica que amenaza a la Argentina, el economista estableció como objetivo primario la disminución del déficit fiscal a un 2.5% para fin de año. Alcanzar estos porcentajes significaría una repentina reducción del gasto público, con la intención de cumplir las condiciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se lleva adelante? ¿Y de qué forma se refleja en el proyecto de Presupuesto 2023 que trata el Congreso?
Durante los primeros días de agosto, la nueva gestión ministerial puso en acción la prevista quita de subsidios energéticos, y por medio de la Decisión Administrativa 826 se realizó un ajuste presupuestario sobre seis ministerios nacionales. Respecto del proyecto de Presupuesto 2023, el economista Horacio Rovelli asegura: “No solamente no aparece una sola línea en el presupuesto 2023 de que se recupere la fuga de capitales del gobierno anterior, es como si no existiera semejante fraude. Nosotros tenemos que ser conscientes de que al exterior le interesan nuestros recursos naturales. No quieren que podamos pagar la deuda para que los malvendamos.”
En cuanto al ajuste de los gastos previstos ya para este año, Desarrollo Productivo sufrió una disminución de 70.000 millones de pesos, seguido por las carteras de Hábitat y Educación, con una quita de 50.000 millones de pesos cada una.
La baja en el área educativa impacta principalmente en el Programa Conectar Igualdad y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. Hábitat, por su parte, se enfrentó al recorte en un contexto de déficit habitacional de 3.5 millones de viviendas. Por su parte, la quita para Obras Públicas fue de 20.000 millones de pesos y la de Transporte y Salud de 10.000 millones por cada ministerio.
“Está claro que la sábana es corta. Si no se recorta ahí, bueno, ¿en qué otras áreas?”, se pregunta Pertierra.
Nicolás Pertierra, economista del CESO, reflexiona sobre las posibilidades que disponía el gobierno para cuidar el presupuesto de sectores clave como Salud, Educación y Obra Pública: “Está claro que la sábana es corta. Si no se recorta ahí, bueno, ¿en qué otras áreas?”, se pregunta. Aunque el déficit cumple un rol fundamental en las negociaciones con el FMI, Pertierra cree que “el principal problema no es tanto fiscal sino de disponibilidad de dólares”, y que “tiene que haber alguna medida que administre mejor las pocas reservas que dispone el Banco Central”.
A pesar de que las opciones son pocas, Rovelli asegura que algunas de estas reducciones desatan consecuencias irreversibles: “El gasto en obra pública es irrecuperable, porque el tiempo de no trabajo es tiempo perdido. Lo que no gastaste en educación y salud tampoco lo vas a recuperar. La minoría que se beneficia es el 1% o 2% de la población, y nos perjudicamos el resto del pueblo argentino”. Rovelli, que también es profesor en la carrera de Ciencia Política de la UBA, considera que Massa tomó una decisión administrativa muy fuerte, como la Resolución 827, que plantea un congelamiento de vacantes en el sector público centralizado y en empresas del Estado.
En cuanto a la Resolucióm 826, hace énfasis en el rol de la salud, donde resalta que el recorte afecta áreas muy sensibles como la de enfermedades transmisibles, que son mayores en los sectores vulnerables. A su vez, hace mención a la demora en el pago de trabajadores, destacando como ejemplo más notorio al de la discapacidad, que recién a fines de agosto terminó de abonar deudas de junio.
Zahira Holguin, profesional de apoyo en el Centro de Día Cumelén, explica que la situación que sufre este último rubro no representa un ajuste sino una vulneración de los derechos de los ciudadanos con discapacidad. “Se les quita el privilegio de la salud pública gratuita, que en nuestro país se supone que es un derecho para todos los argentinos”, comenta. Respecto a los fundamentos de ciertas decisiones administrativas, concluye que “las personas con discapacidad generalmente no son personas productivas, y entonces es fácil verlo como una inversión no retributiva”.
A su vez, Rovelli recuerda que en agosto el oficialismo hizo un canje de gran parte de los vencimientos de los bonos del Tesoro de la Nación por 2 billones de pesos que debían pagarse entre agosto y noviembre de este año. “Fueron postergados a 2023 a cambio de un bono dual, que se va a pagar sí o sí y que está ajustado al índice IPC o al dólar oficial. Eso le asegura ganancia a los rentistas”, enfatiza.
Respecto al panorama para 2023, Rovelli aclara que estamos en un margen muy grande, donde no está fijado el valor del dólar, y que “mientras no tengas esto definido, es muy difícil ponderar cuál va a ser el futuro del país”. Más allá de todo, argumenta que detrás de los ajustes se esconde la postergación de una decisión que Argentina vuelve a traer a la mesauna y otra vez. “Estas medidas son meros parches para una gran medida final, que va a ser la devaluación de nuestra moneda”, asegura el economista.